Magaly Espinosa Sarria: “El sistema chileno de privatización de agua no podría aplicarse en otros países”

La actual asesora del Ministerio de Obras Públicas, Magaly Espinosa, estuvo al frente de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) de Chile durante el periodo 2006-2015. En el marco del evento IV Latinosan 2016 que se realizó en Lima, conversó con la revista Proyecta sobre el sistema privatizado de agua potable en su país y los desafíos que ha significado.

 

¿Cuál fue la importancia de participar en un evento como Latinosan? Participar en la cuarta conferencia era relevante para todos los países de la región y, sobre todo, para poner en el centro la necesidad de servicios de calidad para toda la población. Hoy todo el mundo académico, autoridades de agua y saneamiento e ingenieros miran cuánto falta para entregar agua pero la pregunta es ¿cuánto está pagando el país para que sus ciudadanos tengan agua en condiciones inadecuadas? Ese costo, si lo pudiéramos medir, nos permitiría visibilizar el problema de ineficiencia de recursos.

PRIVADO

¿Cómo se puede lograr ser más eficiente? ¿A través de la propiedad privada? No necesariamente. Cada país debe adoptar las maneras de hacerlo. Por ejemplo, Chile lo hizo a través de la participación privada. Pero hay que dejar claro que cuando Chile incorpora la participación privada, invitó a participar de un negocio. No dijo a un privado ven a solucionarme el problema, sino ya había resuelto gran parte de la problemática del sector con un sistema organizado y con reglas claras. Recién ahí ingresa el sector privado.

¿Qué le aportó? Nos liberó recursos en el presupuesto fiscal para otras necesidades que se requieren en nuestros países como educación, salud y vivienda. La postura contraria de la privatización indica que estos privados van a llegar al país, se llevarán todas las utilidades y, por lo tanto, nos dejarán en peores condiciones. Pero aquí se debe aclarar que para la participación de los privados es necesario un ente de control, supervisión y regulación. Se necesita establecer un contrato de concesión completo donde estén estipuladas claramente las reglas de juego donde el privado responda a un sistema y un país.

¿Cómo participa el privado en el sistema de saneamiento en Chile? Chile tiene dos diferentes maneras de capturar el capital privado. Primero fue la figura de privatización. Se vendieron todos los activos y acciones de las empresas, lo que configuró una privatización absoluta donde la empresa cumple con la normativa del país bajo la supervisión del regulador. Como es dueño de los activos, él mismo tiene el incentivo a mantenerlos correctamente porque sino estaría deteriorando su capital por lo que las repone y vela permanentemente. Lo que en Chile nos critican permanentemente es el nivel de utilidades que están adquiriendo estos privados. Entonces uno tiene que tener mucho control, el precio está fijado y no pueden recaudar más de lo estipulado.

¿Cuál es la segunda modalidad? La otra modalidad es el contrato de concesión donde el Estado mantiene la propiedad de los activos y lo que está entregando es el derecho de explotación. Entonces el privado asume a través de un contrato la integridad de la explotación de los servicios. Así se traspasan todas las obligaciones del dueño, es decir, mantener, operar y reponer, porque al término del contrato de concesión debe devolver esos activos en buenas condiciones. El regulador actúa de la misma manera, sin importar si es privado o concesionario.

¿Presenta algún problema esta modalidad? Cuando hay un contrato de concesión, hay menos incentivo a mantener y reponer, porque el operador va finalmente a devolver esos activos. Además son prácticamente invisibles porque las redes están bajo tierra y no podemos vigilar cómo están sino hasta que se produce la falla. Es complejo controlar y generar sistemas de fiscalización que garanticen eso. Esos son los riesgos y desafíos que tenemos en nuestro país.

De acuerdo a datos del año 2014, la cobertura urbana de agua en Chile alcanza el 99.9% y en alcantarillado llega a 96.7%. Cuando se da el proceso de privatización del servicio de agua potable, el Estado chileno consiguió US$ 4,080 millones de ingresos por traspaso de las empresas al sector privado e inversiones en plantas de tratamiento por más de US$ 5,000 millones. 

CASO PERUANO

Para países sudamericanos, ¿cuál es el modelo que más se acomoda? El modelo chileno es muy especial y es el menos replicable a otras realidades. El modelo nace para privatizar y finalmente ocurrió así. Hay ciertas características del modelo que son transversales a cualquier modelo como eficiencia de servicios, economía de escala, así como los sistemas atomizados en los cuales se requiere buscar una manera de agruparlos para poder gestionarlos de una manera eficiente. Creo que hay instrumentos que se pueden aplicar pero siempre reflejando la forma de organización del país y la forma cómo opera.

¿Podría aplicarse en Perú? El sistema chileno de privatización de agua no podría aplicarse en otros países. Por ejemplo, Perú es muy diferente a Chile. Hay Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamientos (EPS) de diferentes tamaños que están en manos de la municipalidad. Una EPS no tiene incentivo como empresa. Yo me pregunto cómo se pueden aplicar los incentivos que son para un privado a una EPS que está ligado a una municipalidad. De repente los instrumentos que se utilizan no son los adecuados. El modelo en Perú fue en un inicio una copia del chileno. Si uno lee la ley, que hoy se ha modificado, fue una copia de la chilena pero no era aplicable y se ha ido cambiando y adaptándose. Entonces es necesario ver si está funcionando bien o requiere de una reforma.

RETOS

En el sistema chileno se aplican sanciones, ¿cuántas se aplicaron en el último año? Nosotros publicamos mensualmente en la web de la SISS el número de sanciones. El último año fueron bastante numerosas porque en algunas zonas se dio un fenómeno de sequía y en ciertas localidades no se tomaron las medidas preventivas adecuadas y fueron sancionadas. No es una cosa de fuerza mayor, es una irresponsabilidad. Hoy en día estas sanciones son de un número más significativo. En una primera etapa eran sanciones emblemáticas pero hoy realmente son sanciones altas.

¿Existe algún caso emblemático? Entre 2005 y 2006 un inversionista privado, Thames Water, compró una empresa grande de saneamiento y no realizó los planes de inversión comprometidos. Entonces teníamos que quitarle la concesión y previo al proceso de caducar, sancionar. Esta sanción era la máxima que permitía el marco jurídico legal, cerca de 7,000 millones de pesos (un poco más de US$ 10.6 millones). Antes que caducara, la empresa decidió vender, cambiar el inversionista y esas deudas quedaron en manos de él. Se actuó correcto el marco y, la empresa, al ver las sanciones buscó sacar el mayor provecho que podía antes de perder todo y se lo dio a una empresa.

Mencionaba que el cambio climático era una de los retos que afrontaba el país, ¿de qué forma? El cambio climático es muy relevante en el sector de agua y saneamiento. Chile ha convivido con situaciones dramáticas. En alguna ocasión ha ocurrido estrés hídrico en el norte del país y las fuentes de agua se agotaron. Entonces para las empresas de saneamiento ya no basta con ir a extraer agua del acuífero, porque esa agua ya no está o se encuentra en malas condiciones. Por ende, tienen que realizar inversiones de otro tipo como desalinizar agua de mar.

¿Qué tipo de inversiones se han realizado? En la Región Metropolitana soportamos aluviones como en Perú, que no permiten conducir el agua potable de la fuente natural. Por ende, se construyeron reservorios de agua. De tal manera que vemos la autonomía del sistema. En Santiago tenemos una autonomía de nueve horas para toda la ciudad y estamos por llegar a 30 horas. Si no llega agua de la fuente porque el río trae barro, el sistema puede seguir operando y sin cortar el suministro de algún cliente. Hay que buscar obras que vayan atacando el tema de cambio climático.

Durante su exposición también mencionó que el agua no facturada era otro de los retos. ¿A cuánto asciende este volumen de agua? Cuando existen recursos, el incentivo para la empresa es que es preferible no perder el agua. Esto es porque el agua no tiene un costo mayor comparado con realizar una inversión que se necesita como construir infraestructura. Sin embargo, esta situación cambia radicalmente cuando existe escasez del agua y conseguirla es mucho más difícil. Por tanto, la misma reducción del agua no facturada constituye una nueva fuente de abastecimiento de agua. Desde ese punto de vista, el incentivo económico depende del costo del recurso que tiene la empresa.

¿Qué puede realizar el regulador en ese caso? Ahí hay una mirada de regulador porque no podemos dejar que solo opere el incentivo propio de la empresa con un criterio más costo-beneficio económico, porque el agua no facturada tiene un costo ambiental y es un problema país. También hay que exigir a la empresa la reversión de esto a través de inversión. La preocupación en Chile ahora es reducir ese porcentaje. Hay empresas que tienen cerca del 20 por ciento, pero el promedio está en el 30 por ciento.

SUBSIDIOS

En Chile se aplican subsidios en algunos casos, ¿por qué se da este hecho? El tema de los subsidios del agua es fundamental para equilibrar el tema de tarifas mayores. Se da a las personas que califican socialmente como vulnerables. En Chile, para los subsidios de todo tipo, las personas deben llenar una ficha que se le llama de protección social y se le otorga un puntaje. Si las personas tienen menos de ese puntaje, pueden ser susceptibles de recibir este subsidio. Si tienen un puntaje que les califica para recibir este beneficio, van a la municipalidad respectiva y postulan al subsidio. Si en el municipio hay cupo le van a dar, caso contrario deberán esperar y el municipio gestionará el presupuesto público para que el próximo año le incrementen los recursos para poder subsidiar a la gente. Cuando en una región se produce un aumento de tarifa, paralelamente gestionamos que haya un aumento de recursos para dar más subsidios.

¿Cuántos subsidios se proporcionen al año? Los subsidios son fundamentales a los regímenes en Chile. En promedio el 13 por ciento de los clientes reciben subsidios. Por ejemplo en las regiones del norte como Atacama que es una región con tarifas altas porque ahí se sitúa el desierto, el 30 por ciento tiene subsidios al agua potable. En el extremo sur se ubica otra región llamada Aysén que es muy pequeña y con costos muy altos porque son muy pocas las personas que tienen que cubrir los costos de toda la infraestructura. El agua tiene un valor alto y ahí el 40% de la población tiene subsidio.

¿Qué es lo más importante en el tema del subsidio? Que llegue al beneficiario y no se quede en niveles intermedios de la administración. Es decir que no haya corrupción, sea transparente y se controle. En Chile, el sistema del subsidio opera no solo para el agua potable y este es un capítulo dentro de toda la red de subsidios. Porque si solo se creara un sistema como el chileno para el agua potable, tendría un costo muy alto para el país. Tiene que haber un sistema que finalmente permita catastrar a la población e identificar a la población vulnerable, asignarle el subsidio del agua y otros subsidios también.

 

Publicado en revista Proyecta Ed. 38.