Ya casi, casi empezamos un nuevo quinquenio gubernamental. Y con él comenzaremos a fiscalizar la promesa más clara en cuanto a vivienda se refiere: la edificación de medio millón de unidades hasta el 2021. Eso significa poner en práctica todas las alternativas posibles para solucionar entrampamientos que limitan la construcción masiva.
Hay programas habitacionales trabajados hace años, hay modelos de crédito hipotecarios también. Hay un derrotero previo y experiencias foráneas que permiten avanzar. Ahora se tienen que plantear objetivos de corto, mediano y largo plazo. Los especialistas afirman que hay mucho por hacer. Generar suelo urbano, destrabar el sistema burocrático de las municipalidades que dan las licencias, incrementar el tendido de servicios básicos con proyección de ciudades, son algunos ejemplos.
No olvidemos que la autoconstrucción prima en nuestro país. Y hay que comprender que ha sido parte de nuestra historia. Hemos sido, por muchos años, un Perú maltrecho por el terrorismo, un Perú pobre por falta de oportunidades. Eso generó que muchos provincianos huyan de sus terruños y se asienten en ciudades que creían que les ofrecerían nuevas opciones.
Así, la gente fue poblando las ciudades y sus periferias a base de invasiones. Poco a poco fueron avanzando y las familias mejorando su situación económica , pasando muchas veces de las esteras al material “noble”, con un primer piso luego el segundo, el tercero, cuarto y hasta el quinto sin mayor referencia técnica, en laderas de cerros, en riberas de ríos. ¿Les importaba el agua, desagüe o energía eléctrica? No importaba, porque se sentía seguro y sabía, y se sabe, que el Estado llegará con esos servicios.
No obstante, no podemos quedarnos en el pasado. La ciudad avanza, se moderniza, se integra. Es hora de formalizar las urbes. La tarea es calzar la demanda de familias de escasos recursos con una oferta interesante de vivienda.
Las propuestas, los espacios para el nivel socioeconómico A, están siendo satisfechos y seguirán siéndolo porque son atractivos para los inversionistas privados. Pero faltan los de más abajo, esos que cada vez ven tienen una oferta más alejada, cada vez más cara, con tasas de interés más altas de los créditos hipotecarios y con departamentos cada vez más pequeños.
Las regiones y provincias, según ley, son las encargadas de determinar qué hacer con su suelo. Estas tienen que conjugar soluciones. Tienen terrenos por habilitar, solo tienen que definir su estrategia: ¿el Estado lo hará? ¿el privado lo hará? ¿Se optará por soluciones como las APP, Obras por Impuesto? ¿ya están listos sus planes urbanísticos? ¿cuál será su nueva zonificación? ¿dónde estará la vivienda, el comercio, la industria, los espacios públicos?, entre otros.
Es necesario que las provincias y municipios, entes que deciden qué y cómo hacer ciudad, sepan hacia dónde dirigir su jurisdicción. De sus autoridades dependerá el desarrollo económico de sus ciudades. Si se sabe dónde construir y qué cosa hacer es un gran avance.
Ahí es donde se requerirá a los profesionales del sector construcción, por supuesto capacitados y a la altura de los nuevos retos. Propuestas de parte ellos, los conocedores de ciudad, son importantes para que los planes se cumplan en bien de una ciudad mejor, de un país mejor.
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