La Contraloría General de la República identificó un perjuicio económico al Estado por cerca de S/ 38 millones como consecuencia de irregularidades en la suscripción de una adenda y la ejecución de obras de la autopista Puno-Juliaca (de 50 km y con una inversión de S/ 295.16 millones), que forma parte del tramo 5 del Corredor Vial Interoceánico Sur (854 km) que une Matarani (Arequipa), Ilo (Moquegua) y Azángaro (Puno).
El control posterior ejecutado determinó la presunta responsabilidad penal y administrativa de 13 funcionarios públicos que se desempeñaban en el MTC (el concedente) y su unidad ejecutora Provías Nacional, que no cautelaron adecuadamente los intereses del Estado.
La auditoría determinó que el MTC y la concesionaria suscribieron la adenda N° 3 e iniciaron la ejecución de una segunda calzada (paralela a la calzada o pista existente), incumpliendo la normativa de evaluación de impacto ambiental, la normativa de Asociaciones Público Privadas y el propio Contrato de Concesión. El estudio de ingeniería (EDI) fue aprobado sin contar con la Certificación Ambiental (se corroboró que el trazo de la autopista afectaba un camino prehispánico). El concedente también asumió el compromiso de entregar los predios necesarios para el inicio de la obra, sin contar con la disponibilidad de los mismos.
Estos hechos ocasionaron que hasta la fecha no se haya concluido la segunda calzada (cuyas obras recién se iniciaron en el año 2016 y debió culminar dos años después), y que se haya generado un sobrecosto y perjuicio económico superior a S/ 2.5 millones por mayor reajuste de precios derivado de la demora en la ejecución de las obras (por la entrega de terrenos).
Una segunda observación es que el MTC aprobó el costo directo del presupuesto de la obra de la autopista Puno – Juliaca en dólares, cuando debía ser en moneda nacional. Asimismo, se aprobaron partidas sin sustento técnico alguno. Todos estos hechos ocasionaron mayores pagos que constituyen un perjuicio económico al Estado por más de S/ 34 millones.
La tercera y última observación es que el MTC aceptó y aprobó el EDI de la segunda calzada, sin advertir deficiencias en el diseño geométrico afectando los niveles de servicio, lo cual a su vez, generó un sobrecosto y perjuicio por US$ 377 mil 508 (equivalente a más de S/ 1 millón 291 mil).
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