La jueza María de los Ángeles Álvarez admitió el pedido del fiscal Germán Juárez para incorporar a 16 empresas en calidad de investigadas en el proceso penal por el caso “Club de la Construcción”. Los delitos investigados son por tráfico de influencias, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.
Según informó el diario Gestión, las empresas incluidas en el caso son GyM S.A., Obras de Ingeniería S.A.C., ICCGSA, CASA, Constructora Málaga Hermanos S.A., Johe S.A., San Martín Contratistas Generales S.A., Grupo Plaza S.A., Queiroz Galvao S.A. Sucursal del Perú, Andrade Gutiérrez Engenheharia S.A. Sucursal del Perú S.A., Mota Engil S.A., Superconcreto del Perú S.A., Energoprojekt Niskograndja S.A. Sucursal del Perú, Conalvias Construcciones S.A.C, Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú y Constructores y Mineros Contratistas Generales S.A.C.
En caso lo considere oportuno, el fiscal a cargo puede incluir en su acusación la disolución de la empresa, el cierre temporal, prohibición de contratar con el Estado o una multa.
Como se recuerda, el procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, solicitó en abril de este al fiscal Juárez la incorporación de 19 empresas como personas jurídicas investigadas. El pedido del fiscal incluyó 11 de las empresas solicitadas y agregó otras cinco más.
Según el citado medio, las compañías incorporadas a la investigación podrían acogerse a la Ley 30737, que les permite constituir fideicomisos para garantizar eventuales pagos de reparación civil a favor del Estado.
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