El Congreso de la República otorgó facultades legislativas al Ejecutivo por un plazo de 45 días, y no de 60 días como se había solicitado, a fin de que pueda implementar acciones durante el estado de emergencia, que se prolongó hasta el próximo 13 de abril.
Algunas de las acciones a implementar por el gobierno de Martín Vizcarra están relacionadas con las inversiones. De esa forma, el Ejecutivo contará con facultades para promover la contratación de empresas privadas para poner en marcha proyectos de inversión pública.
“Un esquema similar a la ejecución de Convenios de Administración de Recursos, se entregaría para la ejecución integral de un proyecto. Es decir, que uno entregue un proyecto viable y se le devuelva al Estado un servicio funcionando”, se puede leer en el documento del proyecto.
En el pedido de facultades se explica que la iniciativa cuenta con el amparo de la Constitución. Además, señala que la inversión pública en el país se ha visto afectada por una serie de factores que han terminado afectando a la población.
“La ejecución de la inversión pública ha traído sobrecostos al Estado tanto por ineficiencias en la implementación de las normas de los sistemas administrativos, como por corrupción (…) El impacto en la población se manifiesta por el retraso en el acceso a servicios públicos y la menor cantidad y calidad de dichos servicios”, plantea el documento.
Las facultades otorgadas al ejecutivo incluyen acciones para la reactivación económica a través de la inversión subnacional, la prórroga de títulos habilitantes con vigencia temporal, la evaluación de procedimientos administrativos y mecanismos virtuales, entre otras.
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