Por: Ricardo Gandolfo Cortés. Abogado experto en contratación pública.
En situaciones de emergencia, como la que ha generado la expansión del coronavirus, se debería priorizar las actividades que pueden continuar operando o reiniciar su funcionamiento a efectos de no causar mayores daños a la economía nacional o regional, según el caso.
Así se ha hecho con la minería que ha sido excluida de los alcances de la paralización que afecta a diversos sectores que se entiende no esenciales a fin de garantizar el sostenimiento de operaciones críticas con el personal mínimo indispensable en condiciones de seguridad, salud y ambiente, según se indica en el Oficio 059-2020-EF/10.01.
La excepción comprende al sub sector minero y otros quehaceres conexos incluida la explotación, el beneficio y cierre de minas, la construcción de proyectos declarados de interés nacional, el transporte de minerales por medios no convencionales así como el transporte y el almacenamiento de concentrados y productos minerales transformados, metal refinado, cátodos, doré y otros.
Para esos efectos las unidades mineras podrán trasladar hacia sus plantas al personal indispensable para asegurar el sostenimiento de sus operaciones críticas y su restablecimiento a niveles normales una vez pasada la emergencia. Cada titular definirá al personal propio y de sus contratistas que estará involucrado en esta medida. Al mismo tiempo, deberá adecuar y actualizar el plan de preparación y respuestas para emergencias de conformidad con el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Igualmente, aprobará e implementará lineamientos de monitoreo y seguridad durante el período de aislamiento social obligatorio que garantice la protección de la salud de su personal y el cumplimiento del protocolo del ministerio de Salud para prevenir, contener y mitigar el contagio del Covid-19 en el marco de las acciones de control sanitario.
La construcción es, sin duda alguna, otro gran motor de la economía que no debería mantenerse paralizado. No hay razón para que no se reinicien cuanto antes la mayoría de obras de infraestructura mientras los contratistas se comprometan a observar medidas muy rígidas como las que se exige a las mineras, obligando a dotar a su personal, en adición a lo expuesto, de guantes, tapabocas y mascarillas así como a guardar la distancia mínima de un metro entre cada trabajador para evitar cualquier contagio. Otra acción que se puede implementar que no genera ningún costo adicional y que contribuye a minimizar la propagación del virus es la toma diaria de temperatura a todo el personal al empezar y al terminar sus labores, como ya se hace en muchos países con singular éxito.
Hay obras, por ejemplo de carreteras, que se ejecutan en lugares muy apartados de las grandes metrópolis y cuyos trabajadores cuentan con buenos campamentos, bien protegidos y abastecidos. Muchos de esos proyectos utilizan maquinaria y equipos en forma masiva lo que impide las aglomeraciones. Esos recursos humanos han sido obligados a regresar desde esas provincias alejadas a sus casas en las capitales o en Lima, donde obviamente terminan estando más expuestos que en su centro de operaciones.
La construcción de hospitales y otros establecimientos de salud así como las obras de canales, irrigaciones, agua potable y alcantarillado, entre otras, tampoco pueden detenerse menos aún en circunstancias como la actual habida cuenta que lo que más se necesita es atender y curar enfermos y llevar el agua que impide que el virus se disemine.
Las grandes obras y megaproyectos cuya ejecución se ha suspendido igualmente deberían reiniciarse a la brevedad en consideración a su alto impacto sobre la economía, a su uso intensivo de mano de obra y a la urgencia de que se pongan en servicio cuanto antes. El país no puede esperar más.
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