El presidente del Comité General de Obras de Edificación de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), ingeniero Jorge Zapata, señaló que se ha pedido al Gobierno central que todos se comprometan con la reactivación económica del país, a fin de generar empleo de forma masiva y para que la economía no se siga deteriorando.
En ese sentido, añadió que es importante que ese compromiso lo asuman las municipalidades para que no retrasen el desarrollo inmobiliario con medidas redundantes; el Ministerio de Vivienda para que con su opinión resuelva controversias y conflictos; y, el Ministerio de Economía y Finanzas para que busque mecanismos que incentiven hoy la demanda de viviendas.
En fechas pasadas la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, exhortó a que los municipios extiendan los horarios de trabajo. El ingeniero Zapata comentó que esa medida haría posible que quienes laboran en las obras se movilicen en distintos horarios y así se evite congestión en los sistemas de transporte. Ademas, dijo, que las empresas constructoras podrían establecer doble turno, con lo cual generarían más trabajo en el sector construcción. Expresó que espera que la medida sugerida sea acogida por las municipalidades porque la reactivación económica del Perú es tarea y un compromiso de todos.
A ese pedido, el presidente del Comité General de Obras de Edificación de Capeco también instó a los gobiernos locales a no poner trabas a la reactivación de proyectos. Explicó que el Decreto Supremo que aprobó la activación de la segunda fase prohíbe establecer nuevos requisitos a los ya señalados, sin embargo, algunas municipalidades están solicitando a las empresas la presentación de expedientes adicionales, lo que no está contemplado en las disposiciones decretadas. «Pensamos que es necesario reforzar esto para que los gobiernos locales no actúen en contra de la reactivación económica del país interviniendo sin justificación unidades de producción», acotó Zapata.
Agregó que esa situación preocupa a los inmobiliarios y constructores porque «da muestras de un intervencionismo innecesario e injustificado que ojalá no escale. A esta situación debiera ponerle coto el Gobierno central estableciendo claramente que las únicas instituciones encargadas de la supervisión de la implementación de los planes son los Ministerios de Salud y de Trabajo a través de sus superintendencias», puntualizó.
QUE EL MINISTERIO DE VIVIENDA OPINE
«Hemos pedido al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tenga una opinión vinculante, en cuanto a discrepancias en la interpretación del Reglamento Nacional de Edificaciones y de cualquier otra norma relativa a la construcción de viviendas. Es decir, que cuando hay divergencias entre un constructor o promotor inmobiliario y alguna municipalidad por la interpretación de normas relacionadas a las edificaciones, el Ministerio de Vivienda dirima sobre la materia y que su opinión sea vinculante; esto con el fin de que otros proyectos que tengan el mismo problema tengan similar solución», indicó.
Añadió que dicha opinión debe darse a través de una resolución ministerial que sea de cumplimiento obligatorio para la municipalidad involucrada y para todas las municipalidades que tengan divergencias en el mismo sentido, de forma que la decisión del ministerio quede establecida como cosa juzgada.
1,500 PROYECTOS A NIVEL NACIONAL
De otro lado, el ingeniero Zapata resaltó que a nivel nacional hay aproximadamente 1,500 proyectos -de los cuales 800 se ubican en Lima- en condiciones de iniciar obras, pero hay ciertas demoras por las nuevas condiciones. «Internamente cada empresa tiene una serie de etapas para regresar. Primero tienen que renegociar contratos entre propietario del proyecto y constructor, reubicar a los trabajadores, contratar sus SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo), acondicionar la obra a las nuevas exigencias, modificar comedores, vestuarios y oficinas que están dentro de la misma obra. Luego ver en qué condiciones se encuentran los materiales almacenados y recién ingresar a una etapa de producción. Mientras más aceleremos las etapas, mejor va a ser para dar el empleo que en estos momentos tanto se necesita», aseguró.
Al respecto, informó que el sector construcción inmobiliario genera unos 200,000 empleos directos y un promedio de 200,000 más en empleos indirectos, en total aproximadamente unos 400,000 empleos.
SUBSIDIO A LA DEMANDA
En cuanto a las ventas inmobiliarias precisó que hay mucha expectativa por parte de los clientes en adquirir una vivienda. Señaló que «la última feria online llevada a cabo hace unas semanas, batió récords en la cantidad de clientes interesados en adquirir un departamento. Esto se ha transformado en contactos con las diferentes inmobiliarias para cotizar y también se ha traducido en separaciones de vivienda».
Aseguró que hay mucho interés por parte del público, sin embargo, eso tiene que convertirse en ventas, lo que actualmente es complicado porque se ha perdido ingresos y capacidad adquisitiva. «Hay una serie de casos en los que muchas personas y familias tienen problemas a la hora de calificar para un crédito hipotecario. Los bancos están mucho más cautelosos para otorgar créditos», puntualizó Jorge Zapata.
«Esta situación se ha explicado al Ministerio de Vivienda y también al Primer Ministro, pero queremos comentarlo con la ministra de Economía y Finanzas para que se busquen mecanismos de estímulo a la demanda. Reactiva Perú ha sido importante, pero es un estímulo orientado a la oferta», explicó.
Para el ejecutivo este plan de estímulos a la demanda es muy importante. En este sentido, contó que se ha planteado una propuesta para que a través del Fondo Mivivienda se otorgue una línea de crédito a los promotores para que estos a su vez concedan facilidades a sus clientes en las operaciones de compra venta de los inmuebles. «Con esta medida creemos que se aceleraría las ventas, lo que a su vez activaría el inicio de las obras de aquellos proyectos que se encuentran en etapa de preventa», dijo.
El ingeniero Zapata explicó que un proyecto necesita 30% de preventa para iniciar obra. «Probablemente ese porcentaje será más difícil de conseguir ahora. Si antes se tenía programada completarla en 6 o 9 meses, ahora ese plazo podría extenderse a un año o quizás más. Y sabemos que si no se completa la preventa no se puede iniciar la construcción de un proyecto. Lo que planteamos es que un 10% de preventa sea efectivo y que el otro 20% se consiga con facilidades que dé la inmobiliaria a sus clientes utilizando la línea de crédito que otorgaría el Fondo Mivivienda», sugirió.
Aclaró que en la práctica la propuesta se puede ver de dos formas. «Un enfoque incluye que la preventa sea el 10% del valor del proyecto y el aporte inmobiliario del 25% al 45%. En total, la preventa llegaría a un 55% del costo del proyecto, con lo cual los bancos se sentirán cómodos ya que es un porcentaje similar al que se manejaba antes de la pandemia. En el otro enfoque, el inmobiliario traslada un crédito al comprador, con lo cual completa el 30% de preventa del proyecto. Posteriormente, el cliente paga al inmobiliario en seis o doce meses o incluso al final y contra entrega del departamento».
Añadió que es un mecanismo que tiene mucho potencial. «Si bien las familias han perdido ingresos y capacidad adquisitiva, eso no significa que en seis meses o un año continúen con su economía menguada. Lo más probable es que se recuperen. Es decir, esta propuesta hará que las familias no pierdan la oportunidad de comprar su vivienda ya», aseveró.
Por último, comentó que el dinero invertido por el Estado en subsidios a la vivienda, se revierte en forma de impuestos en un plazo promedio de dos años y multiplicado por dos. «Y en el caso concreto de esta propuesta, revertiría multiplicado por tres, ya que la línea de crédito también tiene que revertir al Estado», concluyó.
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