La Contraloría General detectó presunta responsabilidad civil en un funcionario y un servidor del Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM), quienes aprobaron la ampliación de plazo de ejecución de la obra de “Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa 00800- El Cóndor”, ubicada en la provincia de Moyobamba, sin sustento técnico y legal.
En el Informe de Servicio de Control Específico a Hechos de Presunta Irregularidad N° 015-2020-2-3411 se precisó que el Consorcio Los Andes argumentó afectación a la ruta crítica de los trabajos para obtener la aprobación de una ampliación de plazo por 29 días. Sostuvo que los atrasos y paralizaciones de la obra no son por la demora de la aprobación del adicional de la partida N° 01 por S/ 26,608.41 y el deductivo N° 01 por S/ 27,323.26.
Sin embargo, la comisión de control determinó que la citada ampliación carece de sustento, al constatar que las actividades programadas que no se ejecutaron -debido a la demora de la aprobación del adicional- no forman parte de la ruta crítica. Además, las partidas que forman parte de las citadas actividades no son predecesoras y/o vinculantes para la ejecución de otras partidas.
Asimismo, se identificó el atraso injustificado de los trabajos, ocasionando que no se cobre la penalidad por el incumplimiento del plazo contractual ascendente a S/ 250,797.54. Los hechos descritos contravinieron la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en relación a la cautela de la ejecución de los recursos públicos.
Al 1 de julio del 2019, fecha para culminar los trabajos, la obra debió alcanzar un avance acumulado del 99.06 %. No obstante, hasta ese día, el contratista presentaba el atraso injustificado en la ejecución de 291 partidas contractuales.
El PEAM y el Consorcio Los Andes suscribieron el contrato para la ejecución de la obra en el 2018, por un monto contractual de S/ 2.9 millones y por un plazo de 150 días calendarios. El Consorcio Supervisor Ingeniería estuvo a cargo de la verificar el cumplimiento de los trabajos.
La Contraloría General encontró presunta responsabilidad civil en el director de Infraestructura del PEAM y en el administrador del contrato de obra en ese periodo. De igual forma, como terceros participes en estos hechos se encuentran comprendidos en el informe de control el representante legal y el supervisor del consorcio supervisor.
