Por: Jorge Alberto Zapata Ríos. Presidente del Comité General de Obras de Edificaciones de CAPECO
Construir una República requiere de la construcción de ciudadanía y esta condición de ciudadanía no puede estar divorciada de una calidad de vida mínima para los ciudadanos; calidad de vida que es impensable si estos ciudadanos no cuentan con ciudades amigables y sus familias con viviendas que reúnan las condiciones mínimas sanitarias y de seguridad.
Sin embargo, se hizo costumbre de los gobernantes de nuestras ciudades, el gobernarlas sin Planes de Desarrollo Urbano, mientras que para nuestros gobiernos centrales el conformarse con administrar programas de vivienda insuficientemente ambiciosos como para apuntar a solucionar el problema de millones de peruanos. Y peor aún, fueron estas mismas autoridades las que se pusieron de costado frente a las interminables invasiones de terrenos y el desarrollo de asentamientos informales con sus viviendas extremadamente precarias.
Producto de este modelo fáctico, el Perú tiene al día de hoy una gran carencia de vivienda adecuada para sus ciudadanos. Un estudio encargado por los gremios de constructores e inmobiliarios del Perú a GRADE, arroja un déficit de un millón ochocientas mil unidades. Esta cifra nos dice que es esa la cantidad de familias que no tienen vivienda o viven en una que no reúne las condiciones mínimas. Este drama se evidenció como nunca durante la pandemia producida por el Covid-19.
Se hace imprescindible la implementación de un gran programa de vivienda, que sirva de puntal a la reactivación económica, y a la vez permita empezar a aliviar las carencias de millones de familias. Este programa, que debería apuntar a la entrega de no menos de ciento cincuenta mil viviendas al año, es perfectamente viable; es cuestión de actualizar los bonos que otorga el Estado a través del Fondo Mivivienda a las familias de escasos recursos y de alinear políticas a la realidad del mercado para que el crédito llegue también a estas familias.
Hoy el país cuenta, a pesar de la crisis momentánea: con ahorros importantes y con fundamentos macroeconómicos sólidos que permiten a las instituciones financieras agenciarse de recursos a tasas muy convenientes; con una banca sana y que se encuentra con un inusual exceso de liquidez, el cual es probable que se siga acumulando; y con una industria inmobiliaria madura y preparada para asumir mayores retos.
La demanda claramente existe y más como urgencia que como necesidad; los recursos están en el Estado y en la banca; y la oferta se puede activar rápidamente a través de la industria inmobiliaria. Solo es cuestión de darle forma a una política que deje de lado la excesiva cautela para que estos recursos se canalicen hacia las familias necesitadas de vivienda.
Pero hay más: el mismo estudio de GRADE ha estimado que los ingresos de las familias aún de los estratos de menores ingresos, alcanzan para afrontar los créditos hipotecarios por los saldos en los precios de las viviendas que no cubren los bonos del estado; el único problema es que la inmensa mayoría de estas familias se desenvuelve en la economía informal, sector que no es atendido preferentemente por la banca tradicional.
En conclusión, únicamente con que el Estado fortalezca el sistema de garantías que ya está implementado, a fin de que las familias puedan acceder al crédito, las entregas de viviendas a los ciudadanos pueden expandirse a niveles sin precedentes. Para ello hay que mirar el ejemplo de Reactiva Perú, programa exitoso que ha logrado que las empresas se mantengan a flote a pesar de la enorme crisis que afrontaron, y cuyo éxito no encierra gran misterio, está en la facilidad otorgada a las financieras para la ejecución de sus garantías. Los motores para desarrollar un gran programa de vivienda nacional están, solo es cuestión de encenderlos y con ellos avanzar en esa construcción de ciudadanía tanto tiempo y tantas veces postergada.
