La Contraloría General detectó que el Gobierno Regional de Junín pagó por estudios incompletos en la formulación del expediente técnico de la obra de mejoramiento de la sede de la Corte Superior de Justicia de Junín, ubicada en Huancayo, lo que generó a la entidad un perjuicio económico de aproximadamente S/ 1.13 millones.
El proyecto contempla la construcción de seis niveles de concreto armado con acabados arquitectónicos e instalaciones de tipo institucional y para su ejecución, la Corte Superior de Justicia de Junín firmó un convenio con el Gobierno Regional para que éste último se encargue de la elaboración de estudios y su construcción.
Debido a ello, en marzo del 2018 la entidad regional contrató a un consorcio para la elaboración del expediente técnico, el mismo que debió presentar a través de seis entregables; contrato que incumplió.
Según el informe de control específico N° 037-2020-2-5341, que comprendió el periodo noviembre del 2017 a abril de 2019, funcionarios y servidores públicos del Gobierno Regional de Junín otorgaron conformidad y autorizaron el pago de los cuatro primeros entregables presentados por el contratista, a pesar de que se encontraban incompletos y que en algunos casos carecían de la firma de los especialistas responsables de su elaboración, lo que no permitió culminar el expediente técnico.
Entre las omisiones en las que incurrió el consorcio se encuentran la falta de documentos relacionados a los ensayos de análisis químico de agresividad de suelo y del agua, así como las especificaciones técnicas y planos de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas, entre otros; situación que pondría en riesgo la adecuada ejecución de la obra y ocasionaría posibles sobrecostos y ampliaciones de plazo.
