La Contraloría General de la República evidenció irregularidades en la admisión de propuestas para la ejecución de las obras de mejoramiento de los estadios municipales de las localidades de Kelluyo, Pomata y Zepita, a cargo de la Municipalidad Provincial de Chucuito (Puno); las cuales incumplían con los requerimientos técnicos mínimos derivando en el otorgamiento de la buena pro.
En el Informe de Control Específico N° 10555-2020-CG/GRPU-SCE, se evidenció que el comité de selección de la Municipalidad Provincial de Chucuito admitió la propuesta de un postor que no cumplía con la totalidad de los requerimientos técnicos mínimos solicitados tales como no acreditar su experiencia en ejecución de obras en general y obras similares, la experiencia de los profesionales propuestos y la capacidad operativa presentando la maquinaria y equipo mínimo requerido.
Pese a ello, la entidad le otorgó la buena pro para la ejecución de la obra “Mejoramiento del Estadio Municipal en la localidad de Kelluyo”, valorizada en más S/ 1.4 millones.
Asimismo, en el Informe de Control Específico N° 10578-2020-CG/GRPU-SCE, se determina que la comuna de Chucuito admitió la propuesta técnica de postor pese a no acreditar la experiencia en ejecución de obras en general, experiencia obligatoria de cuatro profesionales propuestos, capacidad operativa. El postor se adjudicó la buena pro pese a que acreditó los requisitos de calificación para la ejecución de la obra “Mejoramiento del Estadio Municipal en la localidad de Pomata” de S/ 1.4 millones.
Por otro lado, el Informe de Control Específico N° 10544-2020-CG/GRPU-SCE señala que para la ejecución de la obra “Mejoramiento del Estadio Municipal de Zepita”, valorizada también en un poco más de S/ 1.4 millones, se admitió la propuesta del postor que no acreditó la especialización en geotécnica y experiencia del ingeniero especialista en suelos y geotécnica; además, no cumplió con la disponibilidad total del equipamiento obligatorio.
En cada informe se identificó a tres personas con presunta responsabilidad penal y administrativa. Los informes fueron comunicados al titular de entidad y al Procurador Público de la Contraloría General para el inicio de las acciones correspondientes.
