Por: Orlando Ardito, Gerente General de EPEI Perú
En el Perú la comercialización de productos eléctricos falsificados presenta una problemática bastante compleja y desafiante. La economía informal peruana en un 80% se asocia directamente con la pobreza y extrema pobreza, favoreciendo la ilegalidad en todos los ámbitos sociales. Si a ello le agregamos la escasa y lejana presencia del Estado, más bien un Estado ausente en las zonas rurales y de frontera, resulta fácil de aprovechar esa falta de autoridades para el libre delinquir de las organizaciones criminales y sus oscuros intereses lucrativos. Finalmente debemos de reconocer nuestra penosa y lamentable falta de educación como consumidores y población en general, al ser altamente/permisivamente tolerantes y cómplices con los delitos de contrabando y piratería.
En el primer trimestre del 2020 se incautaron más de 52 millones de dólares en contrabando en nuestro país en más de 1,000 intervenciones de las autoridades. Los últimos tres años ingresaron al Perú, productos de contrabando por un valor de 630 millones de soles, destruyendo 460 empleos formales cada día y generando 1,400 puestos informales, trabajos que no ofrecen beneficios sociales ni derechos laborales. Esta es la realidad que nos deja la piratería y el contrabando a nuestro país.
De acuerdo con los estudios recientes realizados por la SUNAT, por la región Puno ingresa el 40.77% del contrabando que se trafica en el Perú, es decir a través de la frontera con Bolivia; dicha zona resulta crítica para la protección de los intereses nacionales. Por otro lado, uno de cada tres productos de contrabando ingresa por el puerto del Callao (28%). Y los productos eléctricos falsificados pueden llegar al consumidor final de dos formas: como todo un producto completamente/enteramente falsificado o como un componente fraudulento que de manera inadvertida ingresa a la cadena de producción, ya que se utiliza en la fabricación de un producto eléctrico legítimo.
Componentes usados en la distribución de energía y transformadores, celdas de distribución, motores y generadores, turbinas hidráulicas o de gas y grupos electrógenos de turbina, relés, contactos, temporizadores, disyuntores, fusibles y accesorios de cableado, baterías, son algunos de los productos eléctricos más falsificados en el mundo.
Al comprar estos productos eléctricos subestándar sin estar sometidos a pruebas, sin normativas legales, puede estar arriesgándose la vida. Las baterías falsificadas, por ejemplo, pueden contener sustancias químicas volátiles que pueden explotar. A su vez, el uso de cables u otros componentes fraudulentos en productos de uso doméstico puede resultar en un aislamiento insuficiente y provocar que se fundan y se incendien. Los productos falsos sin un interruptor diferencial pueden causar descargas eléctricas mortales.
Es importante que la población no perciba al contrabando y la piratería como delitos menores, sin importancia, pues causa grave daño a la economía del país, al evadir impuestos y aumentar la inseguridad ciudadana, además que afecta a la industria formal al competir deslealmente con ella. Existe una conexión real entre el crimen organizado transnacional y el tráfico ilícito de mercancías falsificadas.
Vigilar y fiscalizar las rutas ilegales del contrabando de productos eléctricos informales se hace de absoluta prioridad y necesidad, el levantamiento de información geográfica de pasos de frontera mejorará la racionalización del personal encargado del resguardo.
Es de amplio conocimiento la precaria infraestructura y reducida implementación de Puestos de Control Fronterizos de Aduanas/SUNAT y de Puestos de Vigilancia de la PNP; así como la ausencia de conocimiento especializado en temas de control y prevención de las unidades de inteligencia en relación con el contrabando y carencia de coordinación estratégica interinstitucional. Asimismo, resulta insuficiente la cantidad de Oficiales de Aduanas y de Policía Fiscal en provincias, quienes con una reducida asignación de recursos logísticos y severas limitaciones no pueden realizar un trabajo eficaz de control en zonas fronterizas.
Por otro lado, es preocupante la falta de compromiso de algunas autoridades regionales o locales quienes no se compran la lucha contra el mercado informal de productos eléctricos por temor a enfrentar a las grandes mafias, justificando su inacción al problema social, por no afectar a los más pobres.
En EPEI Perú como gremio de la industria de productos eléctricos hacemos un llamado a las autoridades para disponer de las herramientas necesarias para poder enfrentar el ingreso de productos informales: ¡los Reglamentos técnicos de Productos Eléctricos! Y con ello erradicar las prácticas ilícitas de la piratería. Apostamos y trabajamos activamente año tras año por el fortalecimiento de la colaboración entre la autoridad y el sector privado.