La Contraloría General de la República identificó un perjuicio económico de S/ 163,306.14 en la Municipalidad Distrital de Tintay Puncu por irregularidades en la ejecución de la obra “Renovación de conexión domiciliaria de alcantarillado y tanques digestores de lodo o aguas residuales”, que beneficia a 1,296 pobladores de la localidad de Cochabamba Grande (zona ubicada entre los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – VRAEM).
La obra presupuestada en un poco más de S/ 1.2 millones es financiada por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), y consiste en la renovación de los buzones de alcantarillado y la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Se inició el 16 de setiembre de 2019, culminó el 13 de enero y fue recepcionada el 1 de abril de 2020.
Según el Informe de Control Específico N° 029-2021-2-0397, cuyo periodo de evaluación es del 6 de setiembre de 2019 al 22 de febrero de 2021, determinó que funcionarios y servidores de la municipalidad distrital, además del supervisor de la obra aprobaron una ampliación de plazo por 30 días calendario, pese a que el sustento de la causal invocada solo acreditaba 8 días, generando la no aplicación de penalidad por mora de S/118,387.98 por los 22 días en exceso.
En el cuaderno de obra se evidencia que el contratista no cumplía con lo programado en la ejecución de la obra y contaba con retrasos, que fueron incrementándose, hecho que se modificó al aprobarse la ampliación de plazo de 30 días, vulnerando de esa manera el Reglamento de Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios.
También, se advirtió la valorización, aprobación, pago, recepción y liquidación de la obra por S/ 32,998.76 con partidas ejecutadas deficientemente como el tarrajeo exterior del tanque hidráulico (que recepciona y procesa las aguas residuales), la cual presenta humedad y filtraciones por las aguas contenidas en el mismo; además, de partidas no ejecutadas como trabajos de excavación, eliminación de material excedente, entre otros.
De otro lado, se identificó que el supervisor y Subgerente de obras, permitieron el pago de valorizaciones por S/ 5,919.40, las cuales se presentaron con demora y sin la aplicación de penalidades. Además, pagaron el servicio de supervisión que permitió la ampliación de plazo injustificada, por lo que se debía penalizar con S/ 6,000.
