La Contraloría General de la República identificó un perjuicio de S/ 529 mil en la obra de instalación del sistema de alcantarillado en el sector Esmeralda de la localidad de San Lucas de Colán, debido a que no se aplicó una penalidad al contratista ni se ejecutó la carta fianza. Seis exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Colán (Paita) tendrían presunta responsabilidad civil y administrativa en estos hechos ocurridos en la anterior gestión.
Como parte de las intervenciones del Megaoperativo de control en la región Piura, se emitió y publicó el Informe N° 005-2021-2-0453, el mismo que fue comunicado a la alcaldesa distrital para que evalúe las recomendaciones formuladas, como disponer el deslinde de responsabilidad administrativa de los exfuncionarios de las áreas de Gerencia Municipal, Desarrollo Urbano y Rural, Tesorería e Inspector de Obra. También se ha puesto de conocimiento al procurador público de la Contraloría para el inicio de acciones civiles contra cuatro personas involucradas.
En marzo de 2014, la comuna distrital firmó un contrato para la ejecución de la referida obra de saneamiento por más de S/ 8.8 millones y se fijó como plazo 300 días calendarios. Sin embargo, en octubre de 2015, se resolvió el contrato por incumplimiento injustificado y ese mismo año se otorgó a otro consorcio para la culminación de los trabajos, por lo que la población esperaba el término de la obra en marzo de 2016.
La comisión auditora determinó que durante la ejecución del saldo de obra no se cobró una penalidad de S/ 529,409.22 por mora ante el incumplimiento del contrato, a pesar de que se continuaron ejecutando trabajos, tramitando y pagando valorizaciones posteriores al término del plazo (15 de noviembre de 2017).
Además, se detectó que la carta fianza de fiel cumplimiento estaba vencida desde setiembre de 2016. Dicha carta que equivale al 10% del monto contratado le brinda una garantía a la entidad ante un eventual incumplimiento del contratista y debe mantenerse vigente hasta la liquidación.
Los auditores evidenciaron que los trabajos están inconclusos. Esta situación afecta la finalidad pública de la obra, por lo que perjudica a las familias. Incluso, la entidad ha pagado el 98% de los trabajos y el avance físico es del 93%. Actualmente, la obra está inoperativa, lo que impide brindar este servicio básico a la población.