En el marco del Megaoperativo de Control en La Libertad, la Contraloría General detectó que deficiencias técnicas estructurales y el no cobro de penalidades en la ejecución de un camino vecinal en el distrito de Curgos (Sánchez Carrión), adjudicada por casi S/ 7 millones a un consorcio, generó un perjuicio económico para la municipalidad local por S/ 4.2 millones
Cabe precisar que una de las dos empresas integrantes del consorcio estaba impedida para contratar con el Estado, En el caso, también se identificó a siete funcionarios y servidores públicos comprometidos en los hechos, con presunta responsabilidad penal y/o administrativa
La obra, denominada “Mejoramiento y rehabilitación del camino vecinal en desvío Curgos – Corral Colorado – Querobal – Chiquichal – distrito de Curgos – provincia de Sánchez Carrión – Departamento de La Libertad”, debía culminar en setiembre de 2019 pero fue entregada en agosto de 2020, luego que la entidad aprobara tres suspensiones y una ampliación de plazo.
La comisión auditora evidenció que para acreditar la experiencia en obras similares, el consorcio presentó documentos de un proveedor inhabilitado por el Tribunal de Contrataciones del Estado, situación que debió ser advertida por el comité de selección a través de una búsqueda simple en la plataforma del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). El consorcio, además, no acreditó que contaba con el equipamiento requerido para la ejecución de la obra, lo que debió hacer antes de firmar contrato.
Estos hechos están contemplados en el Informe de Auditoría N.º 001-2022-2-0419-AC, que también revela que la liquidación de la obra fue aprobada pese a que no se aplicaron penalidades por la ausencia de personal clave, la no implementación de planes de control y monitoreo; deficiencias técnicas durante la ejecución de la obra, así como falta de indumentaria e implementos de protección personal, de seguridad y señalización. Dichas situaciones fueron alertadas por la Contraloría General en seis informes de control concurrente comunicados, en su momento, al titular de la entidad.
El informe de auditoría de cumplimiento fue comunicado a la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General para el inicio de las acciones legales contra los siete funcionarios y servidores públicos involucrados, así como a titular de la entidad para el deslinde de responsabilidades administrativas.
