La Contraloría General de la República reveló un perjuicio económico de S/ 22.4 millones contra el Estado peruano que fue resultado de una serie de irregularidades cometidas en la construcción y mantenimiento de dos subtramos de la carretera Camaná – DV. Quilca – Matarani – Ilo – Tacna, que están a cargo del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional) y en el que se ha identificado responsabilidad en diez exfuncionarios de la referida entidad.
La auditoría de cumplimiento fue realizada al contrato de ejecución de obra N° 146-2014-MTC/20 que fue suscrito el 5 de diciembre de 2014 y representaba una inversión superior a S/ 489.4 millones teniendo un plazo inicial de 720 días calendario, y cuyos hallazgos detectados se encuentran en el marco de la ejecución del Subtramo 1: Matarani – El Arenal y el Subtramo 2: El Arenal – Punta de Bombón que recorren los distritos de Islay – Matarani, Mollendo, Mejía, Deán Valdivia y Punta de Bombón en la provincia de Islay en la región Arequipa.
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 29272-2021-CG/MPROY-AC, emitido el 15 de diciembre de 2021 y cuyo periodo de análisis va del 10 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2019, Provías Nacional, a través de la Unidad Gerencial de Obras, en su condición de área usuaria, formuló el requerimiento para la contratación de la obra sin contar con la disponibilidad total del terreno correspondiente para su ejecución.
Ante ello, la entidad decidió durante el proceso de selección del contratista, que las áreas de terrenos que no contaban con disponibilidad serían entregadas según el cronograma de ejecución de obra, situación que no ocurrió.
Esto ocasionó que se aprueben 273 días calendario de ampliaciones de plazo al contratista por falta de disponibilidad de terrenos, el pago de mayores gastos generales al contratista y prestaciones adicionales de servicios al supervisor de obra por un total de S/ 22.3 millones lo que constituye un perjuicio en contra de la entidad.
La auditoría realizada por la Contraloría permitió conocer que Provías Nacional emitió resoluciones directorales para aprobar cinco presupuestos adicionales de supervisión, derivadas de las ampliaciones de plazo de las labores. No obstante, esos presupuestos reconocieron sin sustento técnico y legal, a una serie de costos de personal, de movilización y apoyo logístico, materiales y útiles de oficina, y seguridad y salud ocupacional que no correspondían.
Las situaciones expuestas incumplieron lo previsto en el contrato de supervisión de la obra y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ocasionando un nuevo perjuicio económico a la entidad por un monto de S/ 112,390.