La Contraloría General de la República advirtió al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) que existe el riesgo de que el costo de la nueva planta de tratamiento de agua potable, ubicada en el distrito de Calana, podría incrementarse innecesariamente, debido a que el expediente técnico de la obra no considera los trabajos necesarios para cumplir la meta de este proyecto, que cubrirá la demanda actual y futura de agua para más de 293,000 habitantes.
La obra de “Construcción y Equipamiento de una Nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable de Calana, distrito de Calana, provincia de Tacna, región Tacna”, contempla el tratamiento de agua potable captado del sector Cerro Blanco y permitirá llevar agua de calidad a la población de los distritos Pocollay, Ciudad Nueva, Alto de la Alianza y Tacna.
Esta obra fue iniciada en el año 2019, sin embargo, en setiembre del mismo año el contrato de ejecución fue resuelto por una demora injustificada del contratista a cargo. El proyecto se reinició en el 2021 tras la aprobación de un expediente técnico de saldo de obra.
Según el Informe de Control Concurrente N°024-2022-OCI/5303-SCC, existen diversas incompatibilidades y/o deficiencias en el expediente técnico, respecto a trabajos que se deben realizar pero no están considerados en el presupuesto del proyecto denominado: Saldo de Obra: “Construcción y Equipamiento de una Nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable de Calana, distrito de Calana, provincia de Tacna, región Tacna”.
La comisión de control, que realizó la supervisión de proyecto del 5 al 17 de mayo, determinó que las deficiencias se han presentado durante la ejecución de trabajos en el almacén de balones de gas, escaleras inconclusas, equipos de aire acondicionado de mayor potencia, equipamiento de la sala dosificadora de polímero catiónico, celda de distribución, transformador de distribución de 500kVa, tablero auto soportado del interruptor general T-IG, y reubicación de red de alcantarillado.
Estos hechos han generado la elaboración de siete expedientes de prestaciones adicionales de obra, de las cuales se aprobaron cinco y dos fueron rechazadas, además de 98 días de ampliación del plazo de ejecución contractual, incrementándose así innecesariamente el costo del proyecto.