La Contraloría General de la República identificó en la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), unidad ejecutora del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), un perjuicio por US$ 2.1 millones por pagos adicionales a la Supervisión Especializada del proyecto Majes Siguas II, a través de dos adendas al contrato inicial vigente de la supervisora, por actividades que estaban previstas en el periodo de prestación del servicio contratado y que no representaron nuevas labores que justifiquen el desembolso.
Como se conoce, el proyecto Majes Siguas II proyecta irrigar 38,500 hectáreas de terrenos de cultivo de agroexportación en las pampas de Siguas, en la provincia de Caylloma, así como la construcción de la represa de Angostura con capacidad de embalse de 1.140 Hm3 de agua y otras obras de infraestructura hídrica.
El informe de Auditoría de Cumplimiento N° 11088-2022-CG/APP-AC, que detalla los hechos ocurridos durante el período del 15 de octubre de 2007 al 31 de enero de 2022, identificó el perjuicio económico referido con la presunta responsabilidad civil y administrativa en 11 exfuncionarios y exservidores de la anterior (2015-2018) y actual gestión regional.
El 23 de diciembre de 2015, el GRA, el Supervisor Especializado Majes y Autodema, en su calidad de supervisor de las obligaciones del Concesionario, suscribieron el Contrato N° 1 de Supervisión Especializada de las obligaciones técnicas, económicas y financieras del Concesionario del proyecto, con un plazo establecido para las actividades por 42 meses.
Sin embargo, el 30 de noviembre de 2018, antes de la culminación del plazo de prestación del servicio, Autodema y el Supervisor Especializado Majes suscribieron las actas de acuerdo N° 1 y N° 2, mediante las cuales se reconoce montos adicionales por actividades del supervisor que se encontraban previstas en su Contrato, por el periodo del 31 enero al 31 de diciembre de 2018. A fin de formalizar tales actas, las mismas instancias suscribieron la adenda N° 1 al referido Contrato de Supervisión Especializada, acordando pagar a la supervisora US$ 2´064,376 en cuatro cuotas, para el periodo antes señalado, aun cuando recién había transcurrido 36 meses del total del plazo de la vigencia del Contrato de la Supervisión.
Durante el periodo de alcance del informe de la CGR, se realizaron tres desembolsos por US$ 1´681,812, estando pendiente la cuota N° 4 por un monto de US$ 382,564, con el compromiso del concedente de cumplir con dicho pago, generando un derecho de cobro de la Supervisión Especializada, el cual de hacerse efectivo conllevaría a un perjuicio adicional al pagado.
En la misma línea, el 13 de enero de 2020 se suscribió la adenda N° 2, para pagar un monto adicional de US$ 433,154 por el periodo del 14 de enero al 20 de marzo de 2020 (67 días calendario), el cual se hizo efectivo el 26 de mayo de 2022. Ello aun cuando se trataba de actividades realizadas durante el periodo de prestación de servicio y previstas en su Contrato.
A través de ambas adendas se pagó montos adicionales por actividades que se encontraban incluidas en los términos de referencia del contrato inicial y dentro del periodo contratado de la supervisión especializada, como la aprobación del expediente técnico, ingeniería de detalle y planos de obra, entre otras, no evidenciándose ninguna actividad adicional o nueva, ni un periodo adicional al contratado, que haya ejecutado el supervisor que justifique el pago de una contraprestación adicional.
Una segunda observación de la Contraloría, revela que la Agencia de la Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) diseñó y aprobó la versión final del Contrato de Concesión del Proyecto Majes Siguas II, sin el sustento de los plazos establecidos para la entrega del control del proyecto (terrenos) al Concesionario, el cual contó con la conformidad del GRA, sin haber sustentado el estado situacional de los terrenos para tales plazos, coadyuvando a la postergación del inicio de la ejecución de obras por más de cinco años.
