Como resultado de sus informes de control posterior durante el 2022, la Contraloría General de la República, determinó presuntas responsabilidades de hechos irregulares en 8,730 funcionarios públicos en cargos de titular, directivos, profesionales y técnicos de diversas entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local, informó el contralor, Nelson Shack.
“En el 2022 hemos identificado a más de 8,730 funcionarios y servidores públicos con presunta responsabilidad, eso es 1,000 más que lo detectado en el 2021. De esos 8,730, hay 3,000 que pertenecen a entidades del Gobierno Nacional y esta cifra significa 40% más que lo reportado en 2021”, señaló en entrevista con medios de comunicación.
Shack Yalta enfatizó que estos funcionarios y servidores que cometen irregularidades opacan la buena labor que realizan miles de colaboradores del sector público, y eso evita que se beneficie a los ciudadanos que esperan acceder a obras y servicios públicos de calidad y de manera oportuna.
Como parte del balance del control gubernamental correspondiente al 2022, indicó que en total hay 6,219 directivos con presunta responsabilidad en hechos irregulares, 2,494 profesionales, 219 técnicos y 134 titulares de entidades públicas.
Shack Yalta adelantó que para el año 2023, el máximo ente del Sistema Nacional de Control tiene programado realizar 40,022 servicios de control, de los cuales 27,426 corresponden al control simultáneo, 12,441 a control posterior y 121 informes de control previo.
En dicha programación figuran cinco grandes megaoperativos a nivel nacional y entre los cuales figura la supervisión a las entidades del Gobierno Nacional, a iniciarse en febrero y cuyo objetivo es realizar el control a las principales operaciones del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, organismos autónomos, organismos descentralizados, entre otros.
Otros megaoperativos que realizará la Contraloría General tienen como objetivo supervisar la designación de funcionarios/as en cargos de confianza en gobiernos regionales y municipios; y la verificación de las condiciones de la prestación del servicio de salud y la capacidad de atención en los establecimientos del primer nivel de atención.
