Por: Ing. Guido Valdivia Rodríguez. Director ejecutivo de CAPECO.
El mortífero sismo que ha devastado partes de Turquía y Siria causando miles de muertos y la destrucción de cuantiosas edificaciones, ha coincidido con el inicio de la temporada de lluvias que ya ha cobrado sus primeras víctimas en la localidad arequipeña de Secocha. Ambos eventos recuerdan la vulnerabilidad de nuestro país frente a los embates de la naturaleza, potenciada por los altísimos niveles de informalidad – que en no pocos casos linda con la ilegalidad – de las actividades productivas y de los asentamientos humanos. El Perú es un país en emergencia permanente, por lo que se requiere poner énfasis en prevenir y mitigar los posibles impactos con anticipación y no en reaccionar cuando los desastres ya ocurrieron. Como respuesta a este desafío, CAPECO propone una Estrategia Integral con cinco líneas de acción para la modernización de las ciudades peruanas y la transformación del territorio nacional.
Pero el país también tiene otra emergencia todavía irresuelta: la derivada de la crisis política que se ha ido larvando desde hace varios años y que se agravó con el intento de golpe de estado que perpetró el señor Pedro Castillo, al que siguió una fuerte protesta social, que ha degenerado en actos vandálicos, acciones terroristas y muertes. En las últimas semanas, la intensidad de las manifestaciones y de la violencia se ha reducido, pero no el rechazo mayoritario al entrampamiento político como lo reflejan las encuestas de opinión, lo que exige acuerdos concretos y urgentes entre el legislativo y el ejecutivo, en cuya concreción debe participar la sociedad civil, idealmente a través del Acuerdo Nacional. De lo contrario se pueden causar mayores daños a nuestra democracia y profundizar el estancamiento económico. Ambos riesgos son percibidos por analistas internacionales, agencias calificadoras de riesgo y entidades multilaterales que hacen ver claramente que ya no es posible pensar en una estrategia de cuerdas separadas, al menos no en la coyuntura crítica que padece el país.
Luego de un 2022 en que la actividad económica, la inversión y el empleo tuvieron resultados ligeramente mejores a los que se esperaban, el año que recién ha empezado no se presenta auspicioso, en tanto se mantengan el impase político y la conflictividad social. La construcción se habría contraído casi 12% en enero del 2023, de acuerdo con una estimación preliminar de CAPECO, pese a que la obra pública creció más de 16% en dicho mes, lo que implica que ha sido la construcción privada la más afectada. En efecto, las empresas de la construcción han reportado para este informe una caída de casi 4% en sus niveles de operación en el primer bimestre de este año y consideran que en el segundo prácticamente no crecerán.
A la drástica contracción de la inversión minera que se espera para este año (casi 17%, según el BCRP) y de la actividad constructora informal (el sub-empleo en construcción descendió 25% en el trimestre móvil noviembre 2022 – enero 2023), se suman las dificultades para alcanzar la recuperación del mercado inmobiliario residencial. CAPECO consideraba que este año, las ventas de viviendas en el segmento no social dejarían de caer – los créditos hipotecarios dirigidos a estos segmentos cerraron el 2022 con una retracción de 28% – y que los programas de vivienda social podrían alcanzar nuevos récords de operación si es que se les dotaba de recursos suficientes, para lo cual existe aparentemente voluntad del gobierno. Sin embargo, la venta de vivienda se contrajo en poco más de 4% en el primer bimestre del 2023 y disminuirían en una proporción similar en marzo-abril, según la encuesta de expectativas del presente IEC. La persistente incertidumbre política, el alza de las tasas de interés, el crecimiento de los precios de los materiales de construcción (3.4% en el semestre setiembre 2022 – febrero 2023, según la encuesta del IEC) pueden estar afectando la dinámica de este segmento del mercado de la construcción.
Sin embargo, la reticencia de un grupo creciente de municipalidades capitalinas hacia la vivienda social, bajo el pretexto de mantener la “residencialidad” en sus distritos constituye la principal barrera para el sector inmobiliario en el 2023 y además una inaceptable discriminación que perjudica incluso a parte de sus actuales vecinos. Las autoridades ediles parecen ignorar que los proyectos inmobiliarios que combinan vivienda social con no social, permiten revitalizar sus circunscripciones y atender las nuevas necesidades habitacionales de hogares de ingresos altos o medios, derivadas de cambios demográficos y en los estilos de vida. Para CAPECO es urgente que el Ministerio de Vivienda actúe con apertura pero con firmeza, para evitar que las metas de sus programas habitacionales no se cumplan por causa de conflictos en la aplicación de la normativa promotora de la vivienda de interés social.
Otra de las reformas que deben emprenderse para que el país se reencamine hacia el crecimiento y la mejora de la calidad de vida de todos los peruanos, es la modernización del aparato estatal. La ineficiencia, la improvisación y la inmoralidad que caracterizan a la gestión pública en todos sus niveles, constituyen la causa fundamental del descontento de la ciudadanía con sus autoridades y con la democracia, y de la vulnerabilidad que pone en peligro la vida y el patrimonio de miles de familias frente a fenómenos naturales. En la edición anterior del IEC se plantearon propuestas para modificar radicalmente el modelo de descentralización, lo que no implica quitarles competencias a las regiones y a las municipalidades para restituírselas al gobierno central. Es un grave error suponer que se van a resolver estos problemas concentrando la ejecución de obras públicas en un mega-ministerio de Obras Públicas o encargándosela a gobiernos extranjeros.
Es amplia y compleja la agenda que se debe implementar para superar los desafíos políticos, sociales y económicos que han convertido al Perú en un país en emergencia permanente. Precisamente por ello, CAPECO considera que es perentorio que los actores políticos y sociales busquen un acuerdo para diseñar sus alcances y el proceso a seguir para llevarla a la práctica.
Fuente: Informe Económico de la Construcción – IEC N° 62. Febrero 2023.
