Desde Tumbes el contralor general de la República, Nelson Shack, insistió en la necesidad de convocar a un Consejo de Estado para coordinar y reordenar esfuerzos a fin de evitar un mayor daño en el norte del país por la probable llegada del Fenómeno del Niño Costero. “Se necesita tomar una serie de medidas que van más allá de la propia operación del Poder Ejecutivo. Hay muchas normas que tienen que cambiarse. El Perú no está preparado para operar diligentemente y con celeridad en casos de emergencia como el actual”, señaló.
Agregó con esta iniciativa se busca reordenar los esfuerzos del Estado para terminar de atender la emergencia ocasionada por el ciclón Yaku, trabajar en el proceso de rehabilitación y reconstrucción e identificar las dos o tres obras prioritarias por cada región afectada para ejecutarlas en los próximos meses a fin de mitigar el gigantesco daño que podría causar el Fenómeno del Niño.
Shack Yalta señaló que los gobiernos regionales y locales, a pesar de tener los recursos, no están ejecutando sus presupuestos y esperan directivas nacionales por parte de los diferentes sectores que no llegan a tiempo o simplemente nunca aparecen, mostrando, una vez más, la falta de articulación y trabajo en equipo.
El contralor afirmó que Tumbes tiene más dinero del que puede ejecutar y que en el Perú no existe una cultura de prevención, pues ahora se tiene el presupuesto, pero no existe una adecuada planificación y gestión de riesgos por parte del gobierno.
Durante su jornada de supervisión en Tumbes, el contralor inspeccionó la obra de rehabilitación del colector principal de alcantarillado de la calle Bolívar, financiada por la RCC, por un monto superior a los S/ 8 millones, que presenta cinco informes de hito de control, donde se advirtieron 12 situaciones adversas, de las cuales solo una fue corregida. La obra se encuentra suspendida desde el 10 de febrero del 2023.
Posteriormente, el contralor se reunió con el gobernador regional, consejeros, directores y gerentes para analizar la atención a los pobladores por los desastres naturales y medidas para afrontar la llegada del posible Niño Costero.
Además, revisaron los resultados del control gubernamental en Tumbes en 2022, donde se identificaron 593 situaciones adversas, de las cuales 336 no han sido corregidas. Además, se hallaron 244 funcionarios con presuntas responsabilidades: 94 administrativas, 37 del PAS de Contraloría, 89 civiles y 24 penales.
