Por: MSc. Arq. Gerardo Regalado R.
La planificación urbana es un proceso que se sustenta en la participación ciudadana y sus políticas, estrategias, programas y proyectos debieran organizarse y estructurarse de forma tal, que puedan converger los diferentes actores desde su formulación, aprobación, implementación y monitoreo, de manera que: se pueda gobernar a partir de proyectos articulados y de gran impacto; que dichas soluciones expresen la consecuencia de la discusión y deliberación plural; que el consenso exprese las soluciones de un grupo heterogéneo y abierto, de manera que se pueda cumplir con el horizonte temporal planteado en las metas determinadas (Moreno Segura, 2014).
No obstante, la actual situación de nuestras ciudades nos lleva a recordar un personaje que Alberto Camus (1942) y la filosofía griega traen a colación. Sísifo, un personaje muy astuto, que podía engañar a los dioses, con el propósito de conseguir dinero, conducta que lo llevó a ser castigado de forma muy ejemplar, fue condenado a subir una pesada piedra por una montaña hasta su cúspide y luego de llegar a la cima, empujarla hacia el vacío y luego él la volvería a subir, práctica que no tendría fin, sería eterna.
Esa misma situación se expresa en nuestro precario y mediocre Estado y la administración pública, que actúa como Sísifo, con relación a la planificación urbana a nivel nacional, donde se elaboran, formulan y aprueban planes de diversa escala territorial pero que luego no se implementan y monitorean, es decir, llegamos a identificar, precisar y establecer los mecanismos para llevar a cabo las soluciones a nuestros problemas urbanos en los diferentes horizontes temporales y luego simplemente no los ejecutamos.
Ante esta situación podemos encontrar diversas explicaciones, como: el poco interés por implementar y monitorear los instrumentos de gestión territorial y urbanos, ya sea por la escasez de capacidad técnica, la ignorancia de los funcionarios en torno a la planificación territorial y urbana y su vinculación con el presupuesto público para sus jurisdicciones; la mezquindad política que les impide llevar a cabo los instrumentos de gestión del territorio formulados y aprobados por las gestiones que lo antecedieron; entender de forma equivocada que los planes no dan réditos políticos, etc.
Según el Censo 2017-XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas- solo el 42.9% de las 195 municipalidades provinciales tienen el Plan de Acondicionamiento Territorial vigente, instrumento que organiza las actividades humanas con relación al sistema de ciudades en el ámbito provincial, definiendo y estableciendo sus roles y funciones de cada asentamiento humano en función de su jerarquía poblacional y su economía regional y urbana.
El mismo censo indica que, el 11.8% de las 1845 municipalidades distritales tienen su Plan de Desarrollo Urbano vigente y de estas solo el 38.2% contienen planes de prevención de riesgos, instrumentos de gestión del territorio que en sintonía con los Planes de Desarrollo Metropolitanos y/o Planes de Desarrollo Urbano Interdistritales, establecen y organizan la zonificación y los usos del suelo del espacio urbano, situación que define la utilización del suelo urbano que, no obstante, siendo escaso, es materia de conductas impropias e ilegales por los “urbanizadores” en los que ellos denominan, el tráfico inmobiliario, en detrimento de una ciudad justa, saludable y sustentable, como lo expresan los objetivos del PLANMET al 2040 recientemente aprobado.
Pero el objetivo no es solo tener un “plan vigente”, sino saber implementarlo y monitorearlo, de manera, de forma fáctica, se pueda apreciar la disminución de las brechas en infraestructura de servicios básicos, movilidad urbana, equipamientos y vivienda.
Los diversos planes de desarrollo urbano desarrollados, formulados participativamente y aprobados en las últimas décadas, también han establecido y definido las áreas que se encuentran en alto riesgo no mitigable por eventos naturales, ya sea por inundaciones pluviales producto de precipitaciones anómalas, flujos de detritos, huaycos, por el Fenómeno del Niño, etc., así como por actividades de origen antrópicos, sin embargo, jamás se pusieron en marcha las políticas, estrategias y programas destinados a reducir los riesgos, prueba de ello tenemos, ciudades colapsadas con daños humanos y materiales de grandes proporciones en el norte del país.
En ese sentido, la implementación y monitoreo de los planes han sido una materia postergada, desde los gobiernos locales, provinciales y municipales, que aun teniendo el instrumento de gestión del territorio, lo han guardado en “silencio cómplice” con los colegios profesionales, cuya participación en la elaboración, formulación y aprobación de los mismos, ha sido particularmente decisiva y comprometida, por lo tanto, la obligación de estos no termina con la aprobación del plan, como Sísifo, sino con la implementación, desde sus fueros, de una política de sensibilización, socialización y la ejecución de acciones post plan, para verificar el cumplimiento de las políticas, estrategias y programas que ellos mismos ayudaron a formular y aprobar.
Así tenemos que, por la naturaleza multidisciplinaria de los planes, han participado: arquitectos, sociólogos, ingenieros en sus respectivas especialidades, economistas, abogados, antropólogos, etc., razón por demás para hacer obligatoria el reclamo por la implementación y monitoreo de los planes, y que solo han atinado, hasta la actualidad acrecentar un “diálogo de sordos”, entre los gobiernos locales responsables de los planes, la población desinformada y nada instruida acerca de los procesos de planificación urbana y los “especialistas colegiados” que elaboran el plan, que en el peor de los casos solo ellos lo entienden y que esperan una “próxima” ocasión de la convocatoria para su reactualización o nueva formulación, recreando todos ellos el mito de Sísifo, cuya constante solo trae más pobreza urbana y problemas sociales.
Efectivamente, luego de la aprobación de los planes, se debe de socializar este “acuerdo social” que entraña el plan, implementar los programas definidos en estos, sin embargo, esta “fase” brilla por su ausencia en los gobiernos locales, colegios profesionales involucrados y el Estado a través del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento como ente regulador, normativo y fiscalizador.
Sin embargo, cómo “socializar” estos instrumentos, si la gran mayoría de la población desconoce la existencia de estos planes, no entiende de las propuestas debido a su poca participación en las audiencias y talleres temáticos, debido a que los gobiernos locales no cumplen sus funciones generales, específicas y compartidas en lo que concierne al planeamiento urbano (capítulo II de la ley Orgánica de Municipalidades, art. 79 incisos 1,2 y 3, ), que así como cuentan con ellos para la participación ciudadana en los procesos de elaboración, formulación, consulta y aprobación de los instrumentos de gestión del territorio, también deberían poner a disposición de la población los proyectos y/o programas que debieran ejecutarse en sus jurisdicciones y los plazos de ejecución a partir de campañas de sensibilización y socialización, de manera que la población vigile también sus iniciativas formuladas en la etapa de consulta de los planes.
Este desconocimiento de la existencia de los planes aprobados, así como, la inexistencia de acciones para acercar a la población los conceptos más importantes que se aprecian en un plan, provocan en ellos un alto nivel de insatisfacción de la gestión urbana en sus jurisdicciones y constituye un “caldo de cultivo” para la aparición de conflictos sociales, prueba de ello son las numerosas y continuas demandas de infraestructura de servicios básicos de agua potable, alcantarillado y alumbrado público, limpieza pública, equipamientos, acceso a las viviendas de interés social, programas de mitigación ante eventos naturales, etc., proyectos que figuran en los planes pero no han sido implementados y monitoreados, y menos informado a la ciudadanía acerca de su concreción o el estado de avance para su implementación.
Por lo tanto, no basta con tener un plan aprobado, es necesario que cada una de las políticas, estrategias, programas y proyectos regresen a la población y a la ciudadanía organizada mediante programas de sensibilización y educación acerca de las ventajas de planificar nuestras ciudades, así como en otras ciudades de Latinoamérica, donde en la información predial que se le remite a cada domicilio para el pago de sus impuestos prediales y arbitrios, incluye la información más relevante de los proyectos y programas que yacen en los planes, con la finalidad de que la población se entere y fiscalice aquellas iniciativas que brotaron de su participación u otras que fueron propuestas por otros actores, de manera que podamos como ciudadanos conocer, participar y supervigilar las acciones encaminadas hacia un desarrollo urbano más justo, saludable, sustentable y participativo.