La Contraloría General de la República detectó pagos por actividades no realizadas en la ejecución y supervisión del servicio de mantenimiento periódico de la carretera departamental Yungay – Shillcop – Llanganuco – Vaquería – Yanama, en la provincia de Yungay; así como partidas no justificadas en el expediente técnico aprobado. Estos hechos ocasionaron un perjuicio económico por S/ 1.3 millones en la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones de Áncash, entidad a cargo de su ejecución.
El servicio de mantenimiento periódico, estuvo valorizado en S/ 5.5 millones y se ejecutó el marco del Decreto de Urgencia 070-2020, que buscó la reactivación económica ante la emergencia sanitaria por la COVID-19. La elaboración del expediente técnico, el procedimiento de selección y ejecución estuvieron a cargo de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones (DRTC) de Áncash.
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 046-2022-2-5332 (periodo de evaluación julio del 2020 a mayo del 2021), la DRTC de Áncash pagó por trabajos no ejecutados, como la partida de preparación de material de afirmado, cuya valorización no contaba con la descripción detallada de los metrados, ni con los controles de calidad de las canteras y de campo. Pasó lo mismo con la partida de relleno y compactado, de eliminación de material excedente y de excavación en cuneta lateral, entre otras.
El mantenimiento periódico inició en octubre del 2020, con 40 días de retraso injustificado y fue paralizado en diciembre de ese año debido a las lluvias intensas. Posteriormente, en marzo del 2021, el contratista solicitó a la entidad rescindir el contrato, argumentando incumplimiento de la DRTC Áncash en el pago de las valorizaciones N° 2 y N° 3; no obstante, no había subsanado las observaciones hechas por la entidad respecto a inconsistencias entre los metrados ejecutados y los reportados. Aun cuando existían observaciones, la DRTC devolvió la garantía retenida por S/ 255,115.59 a favor del consorcio.
Durante la inspección realizada por los auditores, en noviembre del 2021 y abril de 2022, se constató que el material utilizado en el mantenimiento no se ajusta al requerido y que los trabajos se ejecutaron de manera deficiente, por lo que, al momento de la supervisión, la superficie del camino vecinal se encontraba completamente deteriorada.
La comisión auditora evidenció que el expediente técnico del servicio de mantenimiento de la vía no contenía la información mínima establecida en el Reglamento Nacional de Infraestructura Vial, como planos completos para determinar las zonas de intervención, un inventario vial y estudios suficientes respecto a la disponibilidad de canteras.
Además, contenía partidas no justificadas que incrementaron innecesariamente el presupuesto del servicio hasta en S/ 2.1 millones. A pesar de las inconsistencias y deficiencias, funcionarios de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones de Áncash aprobaron y pagaron el expediente técnico sin realizar observaciones.
Adicionalmente, se detectó que el comité de selección no admitió las ofertas de dos postores, a quienes exigió la presentación de requisitos que no eran obligatorios y terminó por adjudicar el servicio al consorcio con la propuesta económica más elevada, impidiendo que la entidad contrate en mejores condiciones.
Once exfuncionarios y servidores públicos tendrían presunta responsabilidad penal y administrativa, por ello el informe fue derivado a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción y al gobernador regional de Áncash para que adopte las acciones preventivas y correctivas que correspondan.
