Luego que la Municipalidad de Miraflores anunciara la suspensión de licencias y paralización de 60 proyectos inmobiliarios, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (ADI Perú), se pronunció en contra de esa medida porque configuraría una afectación a la seguridad jurídica y a los derechos adquiridos por miles de familias y por decenas de empresas que se encuentran con programas de financiamiento en marcha.
“Detener de esta manera 60 proyectos inmobiliarios es un golpe duro sobre un sector estratégico para el crecimiento económico, así como para la generación de empleo y el cierre de brechas de vivienda que existe. Consideramos que la medida es arbitraria y una afectación manifiesta a la estabilidad jurídica y a los derechos adquiridos”, señaló el gremio.
En ese sentido, desde ADI Perú solicitan al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) a pronunciarse en relación con este punto, ya que se podría afectar el planeamiento urbano nacional, especialmente en los sectores de Vivienda de Interés Social (VIS).
“Es un riesgo que las autoridades realicen interpretaciones propias sobre procesos y sentencias en distintas instancias. Lo que está sucediendo en Miraflores abre las puertas a que cada alcalde distrital se contraponga a los planes urbanos nacionales”, indicó ADI Perú.
Según un estudio realizado por Apoyo Consultoría, durante el 2022 solo el sector de vivienda formal tuvo un crecimiento de 15% entre el 2021 y el 2022, pasando de US$ 2,780 millones a US$ 3,190 millones. Este crecimiento, especialmente el que está vinculado al desarrollo de VIS. Además, el último año empleo cerca de 150 mil personas, directa e indirectamente.
Se estima que en el país existe un déficit de vivienda superior a 150 mil unidades, este monto se acentúa más cada año; por ello, se requiere impulsar los programas de vivienda social que permiten que miles de familias accedan a hogares de calidad, con todos los servicios necesarios y con acceso a un financiamiento formal.
