Luego de dos días de reuniones de especialistas nacionales e internacionales culminó la Conferencia Anual Internacional por la Integridad (CAII) 2023 denominada “Frenando la corrupción: Estrategias colaborativas de investigación y sistemas de sanción”. Entre sus conclusiones se determinó que el uso de la inteligencia artificial (IA) es crucial para la lucha anticorrupción, ya que en el caso del Perú se pudo identificar a casi 2,200 proveedores que pactaron contratos con el Estado por más de S/ 584 millones pese a estar impedidos de hacerlo por tener vínculos con altos funcionarios públicos.
Durante la jornada académica, se reafirmó que la corrupción es un fenómeno que no solo afecta a la gobernabilidad de los países, sino que también incide negativamente en la confianza que la ciudadanía tiene en sus instituciones e inclusive en los derechos de las personas.
Esto se manifiesta de diversas maneras y en diferentes esferas: en lo social, en lo político y también en lo económico. Además, con el fenómeno de la globalización, sus efectos perniciosos también han ampliado sus redes y trascendiendo fronteras.
Principales conclusiones
Los expertos de la CAII 2023 consideran que, en materia de estrategias colaborativas de investigación, el uso de la IA está revolucionando el control gubernamental a nivel mundial. Es así que las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) vienen adaptándose a estos cambios tecnológicos e innovadores para supervisar con eficacia y eficiencia los distintos programas gubernamentales.
En el caso de la Contraloría General de la República (CGR) del Perú, el uso de los avances tecnológicos como la Inteligencia Artificial, Big Data, Machine Learning y el Data Analytics, permite realizar auditorías de forma masiva. Como consecuencia de ello y en uso de aplicativos informáticos, el máximo ente del Sistema Nacional de Control identificó cerca de 2,200 proveedores que contrataron con el Estado por más de S/ 584 millones pese a encontrarse impedidos de hacerlo por tener vínculos de consanguinidad y afinidad con altos funcionarios del Estado.
También se detectaron cerca de 700 personas que trabajan en el Estado pese a estar inhabilitados para ejercer la función pública. “Esto es solo una muestra del potencial que tienen las nuevas líneas de tecnología en el mundo y que se vienen aplicando ya en la Contraloría General del Perú”, acotó la Contraloría.
La CAII 2023 también permitió mostrar que países como Brasil ya trabajan con éxito en el funcionamiento de un aplicativo de Inteligencia Artificial configurado en un robot denominado Alice, que trabaja con el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) en la revisión de todas las contrataciones públicas de dicho país y alerta sobre cualquier indicio de irregularidad.
“Sería importante que el TCU permita que las instituciones pares en el control gubernamental podamos acceder a esta nueva tecnología. Sin dudas, resultaría de gran utilidad en la planificación y ejecución de auditorías para nuestros países”, resaltó la CGR.
Otra conclusión de la CAII 2023 es que en las contrataciones públicas es donde se producen, con mayor frecuencia, los actos de corrupción y ello tiene un alto impacto negativo en términos económicos y sociales. En el caso de la Contraloría del Perú, se está evaluando el desempeño de los proveedores del Estado con ayuda de la Inteligencia Artificial y el próximo año se presentará el Índice de Riesgos de Inversión, como parte del Índice de la Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2023.
En materia de contrataciones públicas, Robert Klitgaard, consultor internacional en temas anticorrupción y profesor de la Universidad de Claremont (California – EE.UU.) planteó reducir la discrecionalidad de los tomadores de decisiones en esta materia y aumentar la transparencia en la gestión pública. También sugirió convocar un focus group con proveedores del Estado para que, en forma anónima, informen sobre cuáles son las principales trampas o espacios donde se produce la corrupción dentro de las contrataciones.
“Conocer este sistema paralelo oculto permitirá convocar a múltiples actores de la sociedad para simplificar los procesos y reducir los riesgos de corrupción en un lapso de meses, como lo sugiere este investigador”; señaló la Contraloría.
