El pasado martes 5 de diciembre se realizó la ceremonia de firma del “Pacto por una Vivienda Digna”, en la que participaron la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, junto con alcaldes y representantes de colegios profesionales, gremios empresariales y universidades.
Durante la reunión, el presidente de la Cámara Peruana de Construcción (Capeco), Jorge Zapata, puntualizó que el sector empresarial cumple un papel importante en la promoción de la vivienda social e instó a trabajar en conjunto. “Nosotros como empresarios tenemos la tarea de impulsar la democratización del crédito para que llegue a más personas con el objetivo de que puedan acceder a una vivienda digna. Esta vivienda no solo las ayuda a salir de la pobreza, también les da mejores condiciones de vida. Con ello construimos mejores ciudadanos para el futuro de nuestro país”, resaltó.
En ese contexto, dijo que la planificación urbana en la construcción de viviendas es importante. Recalcó que “hay que cuidar el suelo, la zona donde se va a desarrollar y construir finalmente la vivienda. Eso es una tarea que no hemos hecho bien durante los últimos 60 años; por lo que el tráfico de terrenos y la informalidad nos está ganando”, lamentó.
En tanto, la ministra Pérez de Cuéllar anotó que el déficit habitacional es de 1.8 millones de viviendas, pero cada año esta cifra se incrementa alrededor de 142 mil viviendas, aproximadamente; sin embargo, solo se generan 90 mil viviendas formales en promedio. “No podemos continuar más en esta situación. Necesitamos promover juntos más viviendas”, manifestó.
Sostuvo que para reducir la brecha es importante el esfuerzo y compromiso del Estado, del sector privado, autoridades locales y otros actores técnicos y sociales para impulsar proyectos habitacionales.
Sobre el Pacto
A través del pacto, las autoridades, los gremios inmobiliarios y los actores técnicos y sociales se comprometen a garantizar y hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, adecuada y segura que contribuya a cerrar la brecha habitacional, a través de la asignación presupuestal suficiente por parte del Poder Ejecutivo, priorizando a la población en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad social, en el marco del crecimiento y desarrollo ordenado de nuestras ciudades.
Asimismo, a generar predictibilidad y seguridad jurídica para que el sector privado participe e invierta en el desarrollo de proyectos de viviendas, contribuyendo, de esta manera, con la reactivación económica que nuestro país necesita.
También a trabajar, de manera conjunta, acciones contundentes contra la corrupción y las mafias de traficantes de tierras, ya que estos flagelos impiden que nuestra población tenga mayores oportunidades para contar con viviendas dignas, adecuadas y seguras, entre otros compromisos.
