La Contraloría General de la República comunicó un informe de auditoría a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción para iniciar acciones penales contra el alcalde y otros tres funcionarios de la Municipalidad Distrital Santa Rosa de Ocopa (provincia Concepción), del periodo 2014-2018, por ocasionar un perjuicio económico de S/ 1.1 millón durante la construcción del canal de riego Santa Rosa – Huanchar, cuya finalidad era beneficiar a 270 unidades agropecuarias.
De acuerdo al Informe de Auditoría N° 017-2023-2-0410-AC, a pesar de las advertencias del supervisor, respecto a que la obra no había concluido como afirmaba el residente y que se había cuantificado por obras sobredimensionadas y trabajos no ejecutados, la entidad realizó una primera conciliación extrajudicial en el que aceptaron aprobar la última valorización presentada por el contratista y, por ende, realizar los pagos a favor del mismo.
Además, durante la conciliación, se acordó que la obra habría concluido el 3 de julio del 2015; sin embargo, el contratista continuó realizando trabajos hasta el 31 de julio de dicho año, configurando con ello el retraso injustificado de la obra de 28 días calendario, por lo que la entidad inaplicó penalidades por S/ 503,054.
El informe de control revela también que, durante la recepción de la obra en setiembre del 2015, se identificaron trabajos mal realizados y de menores longitudes a los indicados en el expediente técnico, además de partidas no ejecutadas, las cuales no fueron subsanadas en el plazo correspondiente y por lo que se debió aplicar la penalidad de S/ 122,170, situación que no se dio. Por ello, ante la falta de subsanación de las mismas por parte del contratista en el plazo establecido, el alcalde resolvió el contrato en enero del 2016, conforme a ley.
Posteriormente, en julio del 2016, el jefe del área de desarrollo urbano y rural comunicó al alcalde sobre las partidas pendientes de subsanación de la obra señalando la posibilidad de una segunda conciliación extrajudicial en la cual se condicione al contratista a pagar S/ 91,055 para que la entidad asuma las subsanaciones.
No obstante, del análisis realizado por la comisión de auditores de la Contraloría, este monto solo incluye el costo directo y no considera los gastos generales, utilidad y el IGV. De acuerdo al cálculo realizado por la comisión auditora el importe de lo faltante a la obra era de S/ 485,607.
Sobre el particular, en mérito al informe del jefe del área de desarrollo urbano y rural, la municipalidad realizó una segunda conciliación; sin embargo, dicho acuerdo no se encuentra enmarcado en la normativa de contrataciones e incumple el objeto del contrato.
Pese a estas irregularidades, el alcalde aceptó dejar sin efecto la resolución que resolvió el contrato, aceptar el pago de los S/ 91,000 y entregar el acta de recepción de la obra. Al respecto, es necesario indicar que como se mencionó el párrafo anterior, la comisión auditora calculó entre las partidas mal ejecutadas y no ejecutadas el total de S/ 485,607.
Por todo ello, se deja en evidencia irregularidades ocasionadas por los funcionarios que vulneraron lo estipulado en el contrato, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento al permitir que al contratista se le pague por la totalidad del valor de la obra, se recepcione e incluso se liquide a pesar de que la obra estaba inconclusa.
El informe fue comunicado a la Procuraduría para iniciar acciones penales contra el alcalde (periodo 2015-2018), los jefes del área de obras y desarrollo urbano y rural que desempeñaron labores entre el 2014 y 2015 y el presidente del comité de recepción de la obra (2015-2016).
También se notificó a la nueva gestión municipal para que garanticen la adecuada gestión documentaria que permita mitigar los riesgos de pérdidas y deterioro de la información en el archivo.
