La Contraloría General detectó que la Universidad Nacional San Luis Gonzaga otorgó la buena pro y firmó contrato con un postor por casi S/ 4 millones para la ejecución del proyecto de reconstrucción y equipamiento de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, en la sede de Pisco sin verificar que no cumplió con los requisitos señalados en las bases al momento de firmar el contrato y que presentó cartas fianzas falsas, entre otras irregularidades, que le permitieron beneficiarse con adelantos de obra.
Esta situación, tras la nulidad del contrato, generó a la entidad un perjuicio económico de S/ 205,102, suma que el contratista no devolvió.
De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 021-2023-2-0208-AC, el contratista acreditó su solvencia económica con la presentación de una línea de crédito de S/ 2.7 millones (6% del valor referencial del proyecto que es de S/ 4.4 millones) emitida por una caja de ahorro y crédito que de acuerdo con lo señalado por la Superintendencia de Banca y Seguro y AFP del Perú (SBS) no puede otorgar avales o fianzas para procesos de contrataciones con el Estado.
La entidad no detectó dicha irregularidad y durante el perfeccionamiento del contrato tampoco advirtió que el postor presentó una garantía de fiel cumplimiento falsa por S/ 399,709 a nombre de una reconocida financiera que nunca emitió tal documento y que tres de sus profesionales clave (residente de obra, especialista eléctrico y especialista en seguridad y salud) no cumplían con la experiencia requerida.
En la misma línea, la entidad pagó al contratista el adelanto directo de obra por el importe de S/ 599,564 sin constatar la autenticidad de la carta fianza y de las dos renovaciones que presentó en su petición. Asimismo, le otorgó el adelanto de materiales por la suma de S/ 999,274, pese a que éste lo solicitó fuera de plazo y sin adjuntar el calendario de adquisición de materiales y factura de pago y sin verificar la nueva garantía presentada para este adelanto.
La comisión de control constató que las mencionadas cartas fianzas nunca fueron verídicas y cuando la entidad tuvo conocimiento de ello decidió anular el contrato, pero hasta ese momento el contratista ya había recibido una suma más alta de lo que le correspondía por los trabajos ejecutados (S/ 2.9 millones) y debía devolver S/ 205,102.
Vale indicar que la obra fue concluida por otra empresa y hasta la actualidad la entidad no ha realizado conciliación, arbitraje o acción legal alguna para intentar recuperar el dinero que no entregó el anterior contratista. En este caso cinco funcionarios tendrían presunta responsabilidad penal y/o administrativa.
