La Contraloría General de la República reveló que la Dirección Regional de Agricultura de Lima aprobó, dio conformidad y pagó por trabajos no ejecutados en la obra de “Creación e Implementación de Medidas de Prevención para el Control de Desbordes e Inundaciones del Río Cañete entre los tramos de los puentes Socsi y San Jerónimo en los distritos de Lunahuaná, Pacarán y Zúñiga”, lo que ocasionó una pérdida de casi S/ 3 millones a la entidad.
Se identificó a dos funcionarios de la entidad con presunta responsabilidad penal y administrativa. El informe fue derivado a la Procuraduría Pública Especializado en Delito de Corrupción de funcionarios y a la entidad para las acciones administrativas y penales que correspondan.
La obra, que tuvo una inversión de S/ 22.9 millones, tiene como objetivo proteger los terrenos agrícolas, canales, bocatomas, carreteras y estructuras hidráulicas de las erupciones e inundaciones que se producen en épocas de lluvia e incremento del caudal del río en los distritos de Lunahuaná, Pacarán y Zúñiga de la provincia de Cañete.
Según el Informe de Control Específico N°23638-2023-CG/GRLP-SCE, cuyo periodo de evaluación fue del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, se valorizaron metrados no ejecutados en las partidas 01.05 Desvío de Cauce y 02 Enrocados, situación que originó, además del perjuicio económico cuantificado, afectación al cumplimiento del objetivo del proyecto, a la población beneficiaria y el buen uso de los recursos públicos.
La comisión auditora señaló que en la “Planilla de Sustentación Mensual de Avance de Obra” de la valorización N° 8 del mes de octubre, correspondiente a la partida “Desvío de Cauce” en el tramo 3, no existía evidencia de trabajos del enrocado E5, sin embargo, fue validado como ejecutado otorgándose conformidad a la valorización.
Asimismo, en las valorizaciones N° 9 y N° 10 (noviembre y diciembre) el contratista también cuantificó y valorizó metrados que no correspondían a las partidas de enrocados, los mismos que no estaban anotados en el cuaderno de obra del supervisor, y que, a su vez, tampoco se habían ejecutado. Pese a ello, la entidad aprobó, otorgó conformidad y pagó sin realizar observaciones ni evaluación física del avance real de obra.
Se evidenció, además que la entidad no cauteló el adecuado control del plazo de ejecución de la obra desde su inicio, ya que, en los meses de enero, febrero y marzo del 2020 se registraron demoras injustificadas del avance del proyecto evidenciando que el contratista ya presentaba actuaciones desfavorables para la entidad.
El accionar de los funcionarios y servidores públicos de la Dirección Regional de Agricultura de Lima habría vulnerado los artículos 80 y 83 del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, entre otras normas.
