A través de un comunicado, la Contraloría General de la República afirmó que el Decreto de Urgencia 006-2024 dictado por el Poder Ejecutivo afecta su autonomía constitucional, precisamente en momentos en los que se necesita de un mayor control a las autoridades y entidades públicas de todo el país.
El artículo 14 del Decreto de Urgencia, además de distorsionar por completo la ley 31358 y sus modificatorias, pretende dictar a la Contraloría General cuáles son los actos que deben y no deben ser materia de control concurrente, modelo que precisamente emite las alertas de presuntos actos de corrupción, contraviniendo lo aprobado por el Congreso de la República.
El comunicado informa que solo en el 2023 se emitieron y publicaron más de 12 mil alertas de posibles hechos de corrupción e inconducta funcional y, adicionalmente, en el mismo periodo la Contraloría General señaló la presunta responsabilidad administrativa, civil y penal de más de 9,300 funcionarios y servidores públicos, de los cuáles más de 2,900 corresponden al Poder Ejecutivo.
Finalmente, la entidad hace un llamado al Poder Ejecutivo a analizar las consecuencias de dicha norma en la lucha contra la corrupción e invoca al Poder Legislativo, en el marco de sus competencias, asegure la continuidad de este control especializado que previene perjuicios al Estado en las inversiones públicas en los tres niveles de gobierno.
