La Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos anunció, hace algunos días, la imposición de límites para la presencia en el agua potable de varios tipos comunes de perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), un grupo de agentes químicos que no se degradan y pueden acumularse con el paso del tiempo, con efectos perjudiciales para la salud humana. Son conocidas como las “sustancias químicas para siempre”.
“La exposición a los PFAS se ha relacionado con cánceres mortales, efectos en el hígado y el corazón, y daños inmunitarios y de desarrollo en lactantes y niños”, asegura la EPA. La agencia afirma que la norma reducirá la exposición a PFAS de aproximadamente 100 millones de personas, evitará miles de muertes y reducirá decenas de miles de enfermedades graves.
Dos tipos de esas sustancias, el PFOA y el PFOS, se limitarán a 4 partes por billón, el nivel más bajo que las pruebas pueden detectar con fiabilidad. Otros tipos están limitados a 10 partes por billón.
El administrador de la EPA, Michael Regan, ha anunciado la norma junto con la presidenta del Consejo de Calidad Medioambiental de la Casa Blanca, Brenda Mallory, en un acto en Fayetteville (Carolina del Norte). En 2017, los residentes de la zona se enteraron de que el río Cape Fear, la fuente de agua potable para un millón de personas en la región, había sido fuertemente contaminado con PFAS procedentes de una planta de fabricación cercana.
La EPA calcula que entre un 6% y un 10% de los 66,000 sistemas públicos de agua potable sujetos a esta norma podrían tener que tomar medidas para reducir los PFAS a fin de cumplir estas nuevas normas.
Todos los sistemas públicos de abastecimiento de agua disponen de tres años para completar su control inicial de estas sustancias químicas. Deben informar al público del nivel de perfluoroalquilos medido en su agua potable. Cuando se detecten niveles de perfluoroalquilos que superen los regulados, los sistemas deberán aplicar soluciones para reducir los PFAS en el agua potable en un plazo de cinco años.
Las empresas de servicios públicos afirman que la EPA subestima el costo de la norma y sobrestima sus beneficios. Argumentan que las tarifas del agua subirán y que las empresas de servicios públicos en apuros tendrán más dificultades. La EPA calcula que la aplicación de la norma costará unos US$ 1,500 millones al año, pero al hacerlo se evitarán casi 10,000 muertes durante décadas y se reducirán considerablemente las enfermedades graves.
