La Contraloría General de la República detectó que en la Memoria del Cálculo del expediente técnico de la obra de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en el sector Nuevo Tumbes, no se consideró el porcentaje de pérdidas físicas de agua, el cual sirve para determinar el diámetro de las tuberías a utilizar en el proyecto que está a cargo de la Municipalidad Provincial de Tumbes.
El Informe N.º 055-2024-OCI/0475-SCC advierte que al omitir dicho valor las tuberías serían menores, lo que afectaría el suministro en las cantidades adecuadas. De aplicar el valor correcto, estas serían más grandes para conducir el caudal real de agua.
En esa línea, se reveló que el expediente no contempló la construcción de un reservorio que garantice el suministro del líquido las 24 horas. Sumado a que el proyecto pretende atender la demanda de los sectores de San Juan de Dios y Santo Domingo (Nuevo Tumbes) con dos reservorios cercanos de más de 30 años de antigüedad, cuya oferta de agua no abastece a la población de sus sectores, por lo que recurren a cisternas.
En el sistema de alcantarillado, se alertó la ausencia de las características del buzón donde se evacuarán las aguas residuales, el cual podría no tener la profundidad necesaria para conectarse correctamente, lo que ocasionaría el retorno del caudal y generaría aniegos en el tramo final del proyecto.
Asimismo, se evidenció que existe un déficit de tratamiento de aguas residuales, lo que se agravaría al iniciarse el funcionamiento del proyecto. Cabe resaltar que la provincia de Tumbes cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), la cual tiene solo dos lagunas de oxidación que no operan en las condiciones adecuadas por la sobrecarga que reciben atendiendo solo el 15% de aguas servidas.
Adicionalmente, el OCI de la Municipalidad Provincial de Tumbes reveló deficiencias en el estudio de suelos, al comprobar que las excavaciones realizadas no permitieron analizar el tipo, agresión y agua en el suelo, hecho que podría perjudicar la construcción de los buzones y, por tal, la vida útil de la obra.
Es de mencionar que hay viviendas a menos de 250 m de las lagunas de oxidación, por lo que se afectaría la salud de la población que habita cerca.
En otro sentido, se reveló que pasaron más de 25 días desde la firma del contrato (el 12 de abril) y según la Ley de Contrataciones con el Estado la ejecución tenía que iniciar dentro de los 15 días siguientes a la suscripción. Además, el 3 de mayo la entidad nombró a un inspector de obra, cumpliéndose con todos requisitos necesarios. Esta demora podría afectar la oportuna puesta en marcha del proyecto.
