El presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Raúl Barrios, saludó que una importante parte del articulado de la recientemente aprobada Ley General de Contrataciones Públicas haya recogido aportes que instituciones como la CCL hicieron para avanzar en la promoción de mecanismos de transparencia y garantizar la libre competencia en las contrataciones del Estado.
Subrayó que la Cámara propone que se adopten mecanismos robustos que incrementen la participación de más postores y se implementen salvaguardas efectivas contra la corrupción.
Sin embargo, expresó su preocupación por la inclusión de una disposición que no contribuye a la lucha por la transparencia y la integridad en las contrataciones del Estado.
“Se impone barreras desproporcionadas a los contratistas, particularmente a través del controversial artículo 86°, el cual les exige el pago de una contracautela elevada para solicitar medidas cautelares en disputas contractuales. Esta es un 10 % adicional al 10 % del monto del contrato que ya se da como fianza de fiel cumplimiento. Esa es una exigencia que consideramos no solo inconstitucional, sino también un obstáculo directo a la justicia y a la libre competencia”, sostuvo el abogado y líder gremial.
“Este nuevo marco legislativo -que deroga la Ley 30225- contiene una disposición que constituye una amenaza y que inclusive podría facilitar la corrupción y disminuir la competencia en el sector público”, advirtió Barrios respecto a la nueva Ley General de Contrataciones Públicas que fue aprobada en el Congreso de la República, con 91 votos a favor, el pasado viernes 10 de mayo.
Finalmente, el representante del gremio de la CCL instó a las autoridades a prestar atención a la cuestionada disposición y espera que el Ejecutivo la observe con el fin de garantizar que se fomente una verdadera transparencia en la contratación pública.
