La Agencia de Promoción de la Inversión Privada – Proinversión y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) declararon de interés la Iniciativa Privada Cofinanciada PTAR Chincha, que consiste en ampliar y mejorar el servicio de tratamiento y disposición final de aguas residuales en beneficio de 345 mil vecinos en siete distritos de dicha provincia.
La PTAR Chincha requiere una inversión referencial de US$ 96.5 millones (sin IGV) para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de aproximadamente 21 km de redes de recolección principal y líneas de impulsión, una estación de bombeo, dos nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales de 0.6 metros cúbicos por segundo como capacidad promedio en total, así como de 7.7 km de líneas para la disposición final de las aguas residuales tratadas.
La directora de Proyectos de Proinversión, María del Pilar Caballero, refirió que la estructuración de la PTAR Chincha ha contado con la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que la concesión será por 24 años: cuatro para el diseño, financiamiento y construcción y 20 para la operación y mantenimiento.
Tras la publicación de la declaratoria de interés, los terceros interesados contarán con 90 días calendario, para presentar sus expresiones de interés a la ejecución del proyecto. Si dentro del plazo indicado concurren uno o más terceros, Proinversión procederá a llevar adelante el proceso de selección o, en caso contrario (al no presentarse algún interesado), se adjudicará el proyecto directamente al proponente que cuenta con experiencia y reconocimiento internacional en operación de plantas de tratamiento de aguas residuales.
El Estado cofinanciará la totalidad de la inversión y parte del componente de operación y mantenimiento del proyecto a través del MCVS. En tanto, Sunass fijará la tarifa asociada a este proyecto lo que asegurará su sostenibilidad en el largo plazo.
El proyecto, que se incorporó en 2022 al proceso de promoción de inversión privada, cuenta con la opinión favorable del MVCS y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así como la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – Sunass (regulador) y el informe de la Contraloría General de la República (CGR).
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