El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), ha puesto en funcionamiento la plataforma digital “Quipu Llaqta”, una herramienta clave para identificar y registrar pueblos con potencial de ser incorporados a procesos de formalización predial en todo el país.
Esta plataforma, cuyo nombre en lengua quechua significa “almacenamiento de información de pueblos”, representa un avance significativo en la digitalización y democratización del acceso a la formalización de la propiedad, ya que permite que cualquier poblador, dirigente vecinal o autoridad local registre datos esenciales sobre su comunidad, tales como el nombre del asentamiento humano o centro poblado, ubicación, número de lotes urbanos y listado de pobladores.
“Quipu Llaqta” no solo fortalece la participación ciudadana, sino que también acelera la identificación de posesiones informales, permitiendo que los equipos técnicos de Cofopri puedan validar esta información con su base de datos y evaluar la factibilidad de su incorporación a futuros procesos de formalización.
Asimismo, esta herramienta facilita la colaboración interinstitucional, ya que los municipios y gobiernos locales pueden alertar de manera directa a Cofopri sobre territorios que requieren intervención, lo cual contribuye a una mejor planificación territorial y al cierre de brechas de informalidad.
Requisitos para ser considerado en el proceso de formalización. Cofopri podrá tomar en cuenta la información registrada en “Quipu Llaqta”, siempre y cuando la comunidad cumpla con los siguientes criterios:
- La ocupación del terreno debe haberse producido antes del 31 de diciembre de 2021. En caso de terrenos privados, se debe demostrar posesión pacífica, pública y continua por más de 10 años.
- Para terrenos de comunidades campesinas, se requiere una ocupación anterior al 31 de diciembre de 2015, conforme a la Ley N° 32293.
- No deben estar ubicados en zonas de riesgo, áreas protegidas, zonas arqueológicas o destinadas a servicios públicos.
- No deben tener procesos judiciales en curso.
