Con una inversión referencial de US$ 283 millones (sin IGV), el Estado peruano, a través de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), declaró de interés la promoción del proyecto “Tratamiento de aguas residuales para disposición final o reúso, ciudad de Cajamarca”, también conocido como PTAR Cajamarca. Esta iniciativa, que se ejecutará mediante Asociación Público-Privada (APP), permitirá mejorar significativamente el tratamiento y disposición final de las aguas residuales generadas en la ciudad, beneficiando a más de 365 mil personas.
El proyecto fue propuesto como una Iniciativa Privada Cofinanciada (IPC) por la empresa FCC Aqualia, S.A. e incluye el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR Cajamarca), así como del colector La Victoria y del nuevo colector Mashcón. El objetivo es brindar un servicio eficiente y sostenible en Cajamarca y en tres localidades del distrito de Baños del Inca.
El Estado asumirá el cofinanciamiento del 100% de la inversión y parte de los costos de operación y mantenimiento de manera temporal. La concesión tendrá un plazo de 26 años, contados desde la suscripción del contrato, con posibilidad de extensión conforme a lo dispuesto por el marco normativo aplicable.
Con esta intervención, se espera reducir la contaminación de los ríos Mashcón y Cajamarquino, mejorar la salud pública y promover el desarrollo económico, el turismo local y la viabilidad de futuros proyectos de reúso de aguas tratadas y lodos residuales.
Tras la declaratoria de interés, Proinversión ha abierto un plazo de 90 días calendario -que vence el 28 de septiembre- para que terceros interesados en el proyecto puedan manifestar su intención de participar. En caso de no presentarse otros postores en dicho plazo, la adjudicación será directa al proponente, de conformidad con el reglamento de la Ley de APP (Decreto Legislativo N° 1362).
Este proyecto forma parte de los esfuerzos del Estado por fortalecer la infraestructura de saneamiento en el país, promoviendo soluciones sostenibles bajo el modelo de inversión público-privada.
