La Contraloría General de la República halló irregularidades en el mantenimiento de la carretera Huanchaco – Santiago de Cao, que conecta a las provincias de Trujillo y Ascope, tras evidenciar que parte de los trabajos fueron ejecutados deficientemente. Esto provocó el deterioro anticipado de esta importante vía, más conocida como La Costanera, y un perjuicio económico al Estado de S/ 1,121,041.
El mantenimiento se inició el 2 de agosto de 2022 con un presupuesto de S/ 4.8 millones y concluyó el 22 de noviembre del mismo año, luego de dos suspensiones del plazo contractual. La liquidación del contrato se efectuó el 13 de octubre de 2023 y apenas ocho meses después, durante una visita de inspección, se evidenció que la carretera ya presentaba daños prematuros, lo que motivó una acción de control más exhaustiva.
Como resultado, se emitió el Informe de Auditoría de Cumplimiento Nº 063-2025-2-5342, que evaluó el periodo del 19 de octubre de 2021 al 13 de octubre de 2023, y en el cual se identifica presunta responsabilidad de índole civil, penal y administrativo en cinco personas involucradas, entre ellas funcionarios y servidores del Gobierno Regional (GORE) de La Libertad.
La evaluación realizada determinó que el contratista incumplió los términos de referencia del servicio y las especificaciones técnicas en 14 de los 23 tramos de carretera revisados. Entre las deficiencias detectadas figuran el uso de material con espesor inadecuado en la base reciclada y la falta de cumplimiento de los parámetros de granulometría, plasticidad, compactación y resistencia establecidos en el contrato.
Estas irregularidades ocasionaron que la estructura de la vía carezca de la cohesión necesaria y, al estar sometida a fuertes presiones, presente deformaciones visibles. Los tramos evaluados fueron clasificados en estado “pobre”, “muy pobre” e incluso “colapsado”. De acuerdo con el inventario de fallas, los daños más frecuentes corresponden a grietas en los bordes y formación de huecos.
Ante estos hallazgos, el informe fue remitido a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones penales correspondientes; a la Procuraduría Pública de la Contraloría General para las acciones civiles; y al Gobierno Regional de La Libertad, a fin de que se determinen las responsabilidades administrativas pertinentes.
En respuesta, el Gobierno Regional remitió a la Contraloría un plan de acción comprometiéndose a implementar las recomendaciones de mejora en gestión y administración formuladas por la Entidad Fiscalizadora Superior. Asimismo, comunicó que se elaborará un nuevo proyecto orientado a garantizar la funcionalidad de la vía, cuyos tramos resultaron seriamente afectados por la acción del mar.
