La Contraloría General de la República informó que, como parte del operativo de control simultáneo “Vigilamos contigo las licencias para edificar viviendas y su ejecución constructiva en Lima Metropolitana”, se revisaron 654 licencias de edificación emitidas entre 2024 y 2025 en distintos distritos de Lima Metropolitana. El análisis evidenció que el 60% (391 licencias) no fueron objeto de verificación técnica, procedimiento esencial para garantizar que las obras se ejecuten conforme a los proyectos aprobados y las normas de construcción vigentes.
Esta deficiencia se registró en nueve municipalidades (45% del total evaluado), destacando los casos de Ancón, Los Olivos, Chaclacayo, Comas, Pachacamac y Breña, donde no se verificó el 100% de las licencias emitidas. En Independencia, el 96% de las licencias careció de verificación técnica; mientras que, en Surquillo y Santa Rosa, los porcentajes alcanzaron el 37% y 21%, respectivamente.
El operativo tuvo como objetivo supervisar si los gobiernos locales cumplen con los procedimientos y normas que garantizan edificaciones seguras, formales y ordenadas.
Verificación administrativa
En el caso de la verificación administrativa —obligatoria para los expedientes de modalidad A (viviendas unifamiliares de hasta 120 m²)—, se comprobó que el 56% de las licencias (132 de 235) no pasó por este control.
Esta situación se presentó en cinco distritos: Pachacamac, Ancón, Breña, Los Olivos y Santa Rosa. En los cuatro primeros no se verificó ninguna licencia, y en Santa Rosa el 26 % de los expedientes quedó pendiente.
Licencias sin documentos ni estudios técnicos
Asimismo, en Surquillo, Comas, Los Olivos y Pachacamac —que representan el 20 % de las municipalidades supervisadas— se otorgaron licencias de edificación sin la totalidad de los documentos exigidos por la normativa, como certificados de factibilidad de servicios, estudios de mecánica de suelos o estudios de impacto vial.
Esta omisión compromete la estabilidad estructural de las edificaciones y afecta la habitabilidad del entorno urbano.
Licencias fuera de parámetros urbanísticos
En Comas y El Agustino, se identificaron licencias otorgadas a proyectos inmobiliarios que no cumplen con los parámetros edificatorios vigentes, al presentar áreas libres inferiores a lo normado o frentes de predio menores a los establecidos. Estas irregularidades impactan directamente en la habitabilidad y el ordenamiento urbano.
Deficiencias en la ejecución constructiva
En San Luis, San Juan de Miraflores, La Victoria y Santa Rosa, se verificaron obras en ejecución con deficiencias en control y cumplimiento normativo, como demoliciones sin autorización, ausencia de señalización o cintas de seguridad, carteles informativos desactualizados y falta de responsable técnico de obra. Estas deficiencias incrementan el riesgo de edificaciones informales y de baja calidad estructural.
Vivienda de Interés Social (VIS)
Durante las visitas de control también se identificaron posibles modificaciones contractuales en proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) financiados con el Bono del Buen Pagador, las cuales no habrían sido comunicadas al Fondo Mivivienda (FMV).
Ante ello, el Órgano de Control Institucional del FMV inició un proceso de recopilación de información adicional para evaluar la pertinencia de un servicio de control específico sobre este tema.
Falta de información estadística
Finalmente, se detectó que 17 de las 20 municipalidades evaluadas (85%) no registraron ni remitieron información estadística al Sistema de Información de Licencias de Habilitación Urbana y Edificación (SILHUE), limitando la transparencia y la supervisión del proceso. Además, Chaclacayo, Los Olivos y Pachacamac no cuentan con un TUPA actualizado, lo que dificulta el acceso ciudadano a los procedimientos de licencia.
Los resultados del operativo fueron detallados en el Informe N.° 10122-2025-CG/GRLIM-SOP y comunicados a los titulares de las municipalidades distritales para la adopción de acciones preventivas y correctivas. La información también fue remitida al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), en su calidad de ente rector, para que disponga las medidas pertinentes dentro de sus competencias.
