La Contraloría General de la República informó que ha identificado presuntas responsabilidades penales, civiles y administrativas en dos funcionarios y tres servidores de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) por irregularidades en el diseño y la ejecución del megaproyecto de la quebrada San Idelfonso, ubicado en el distrito de El Porvenir, provincia de Trujillo.
Esta obra hidráulica, considerada una de las principales intervenciones del Estado para mitigar los impactos del cambio climático en la costa norte, busca proteger la ciudad de Trujillo y sus zonas aledañas ante los desbordes provocados por lluvias intensas. Su ejecución se realiza bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno.
El Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 12177-2025, que evaluó el periodo del 8 de abril de 2021 al 6 de abril de 2025, fue remitido a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción. El documento advierte que la ANIN suscribió un acuerdo con el contratista sin sustento técnico ni respaldo contractual, contradiciendo los informes emitidos por su propio equipo técnico.
Dicho acuerdo permitió ampliar en 162 días calendario el plazo para la aceptación del diseño final del proyecto, lo que derivó en la no aplicación de penalidades por S/ 1.9 millones. Además, el contratista obtuvo 145 días adicionales para concluir las obras y el reconocimiento de costos e intereses asociados a ese tiempo.
Durante la construcción de una de las estructuras de conducción de la quebrada, se otorgaron nuevas extensiones de plazo -203 días calendario- y un pago adicional de S/ 25.8 millones, de los cuales S/ 7.1 millones ya fueron desembolsados. Según la Contraloría, ese monto constituye un perjuicio económico para el Estado.
El informe también señala que el contratista incrementó el costo del megaproyecto en S/ 3.9 millones, al aplicar una solución alternativa frente al riesgo de deslizamientos y retrasos originados por la presencia de material eólico en la zona. Para el órgano de control, esta situación pudo evitarse si los estudios preliminares se hubiesen ejecutado sobre el eje correcto del proyecto.
Finalmente, se detectó otro perjuicio de S/ 3.4 millones, vinculado a ajustes de precios por condiciones geotécnicas del subsuelo distintas a las previstas en el diseño original del túnel. El informe precisa que este sobrecosto fue consecuencia de estudios geotécnicos mal ubicados y técnicamente deficientes, elaborados por el propio contratista.
La Contraloría concluye que las decisiones adoptadas sin sustento técnico y la falta de control en la ejecución del proyecto generaron perjuicios económicos y riesgos para la gestión eficiente de una infraestructura clave para la seguridad hídrica y la adaptación al cambio climático en la región La Libertad.
