La Contraloría General de la República detectó irregularidades en la adquisición de un terreno realizada por la Municipalidad Distrital de El Tambo, en la provincia de Huancayo, que ocasionaron un perjuicio económico al Estado superior a los 5 millones de soles. Las observaciones se encuentran detalladas en el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 021-2025-2-1929, correspondiente al periodo de gestión municipal comprendido entre julio de 2023 y junio de 2024.
De acuerdo con el informe, el alcalde y otros funcionarios municipales autorizaron la compra de un predio ubicado entre la avenida Mariscal Castilla y el jirón Jorge Chávez, argumentando el riesgo de prescripción de una multa administrativa de 1.4 millones de soles impuesta al propietario. No obstante, la Contraloría determinó que dicho riesgo no fue debidamente sustentado y que esta situación fue utilizada para justificar la adquisición de un terreno destinado a un proyecto de edificio multiusos que no constituía una prioridad para la población.
El órgano de control también advirtió que el concejo municipal permitió que el alcalde participara como postor en el remate público en representación de la municipalidad, sin contar con el dictamen obligatorio de la comisión correspondiente y sin alcanzar la mayoría simple requerida para aprobar el acuerdo de concejo.
Asimismo, se comprobó que la municipalidad incumplió con el pago del depósito de garantía exigido por la normativa vigente, lo que no impidió que el predio fuera adjudicado en la primera convocatoria del remate. Según la ley, una entidad ejecutante solo puede adjudicarse un bien a partir de la tercera convocatoria. A ello se suma que el terreno no se encontraba legalmente saneado, pues registraba deudas y gravámenes previos que restringían su uso y generaban riesgos legales para la entidad.
El informe revela además que el pago del terreno no se efectuó de manera efectiva, ya que se presentó un cheque de gerencia que nunca fue emitido debido a la falta de disponibilidad presupuestal. Pese a este impedimento legal, el remate no fue anulado y el proceso de compra continuó.
Como consecuencia de esta operación, la municipalidad efectuó pagos al propietario y a terceros por conceptos vinculados al remanente del precio del terreno y al pago de tasas, afectando recursos que pudieron destinarse a servicios públicos e inversiones prioritarias. El proyecto inicialmente previsto fue cancelado y, en la actualidad, el terreno permanece abandonado, con estructuras deterioradas que representan un riesgo para la población.
Por estos hechos, la Contraloría identificó a 24 funcionarios y exfuncionarios, así como servidores y exservidores municipales, con presunta responsabilidad penal, administrativa y disciplinaria, y recomendó el inicio de las acciones legales correspondientes.
