Por: Dr. Arq. Gerardo Regalado R.
La ciudad es un gran campo de batallas, un espacio de luchas entre distintos actores dominadores y dominados, es el eje central de una sociología que estudia cómo el poder de distintos agentes proveídos de diferentes formas de capital —social, cultural, simbólico, económico —dan forma al territorio urbano, mientras que los ciudadanos, en el sentido de sujeto político y urbanitas, en su condición de sujeto habitante, somos coercionados sin capacidad de resistirnos, de cuestionar sus motivaciones, de actuar en consecuencia con nuestros ideales o a buscar una compensación.
Esta situación somete a la ciudad al concurso y consolidación de diversos agentes lícitos e ilícitos que nos conminan a vivir en una ciudad sitiada. Por un lado, una violencia admisible, ejercida por actores elegidos democráticamente, funcionarios contratados, empresarios “emprendedores”, profesionales que egresan de universidades cuestionadas, cuya máxima es “buscar el bienestar individual por encima del bienestar colectivo” y por otro lado, actores camuflados en el desorden urbano que ofrece una estructura urbana producto de un urbanismo informal, que utilizan la metaviolencia como forma de coerción inadmisible en forma de terror, acoso, extorsión, terrorismo urbano, agresiones, violencia sexual en espacios públicos y el transporte, todas ellas encaminadas a obtener beneficio económico, poder, satisfacción personal de forma rápida y fácil.
Alcaldes, gobernadores, funcionarios locales, rectores, decanos, profesores universitarios, colegios profesionales, instituciones sin fines de lucro, colectivos, empresarios, organizaciones criminales, etc., todos transitan entre la coerción admisible (lícita) y la inadmisible (ilícita), una tendencia maniquea entre el bien y el mal, un escenario difícil de evitar, pero muy conveniente desde el punto de vista económico, social y simbólico para “ciertos” agentes.
En ese sentido, tanto el agente privado como el público, por acción u omisión, le interesa tener una masa crítica poblacional desinformada, sumergida en las redes sociales, que pueda ser coaccionada con facilidad, específicamente en los asuntos de la planificación urbana.
En el Perú desde hace más de tres décadas, y en especial Lima (incluye el Callao) tenemos una clase política neófita en los asuntos urbanos y regionales, gobiernos de turno que han fragmentado el suelo urbano a su conveniencia, atomizando cada vez más la gestión del territorio urbano e interviniendo sin impunidad la estructura ecológica, para favorecerse con plusvalías y congraciarse con grupos sociales, necesitados de un lugar donde vivir, en busca de réditos políticos, y que siguen coercionando al ciudadano y violentando al urbanita, conjuntamente con el privado y las organizaciones criminales.
En esa línea, gracias a esos funcionarios y sus redes de coerción ilícita, la política urbana se ha hecho a la medida de sus intereses, cuyos efectos se observan actualmente en Lima: fragmentada, segregada social y espacialmente, con altos índices de inseguridad ciudadana e incremento de la contaminación y degradación ambiental, en continuo desgobierno por ambiciones políticas, viviendas que acusan una precariedad económica, funcional, ambiental y constructiva, equipamientos urbanos subutilizados y deficitarios en cuanto a la demanda, movilidad urbana deficiente e inhumana y servicios básicos sin una mínima calidad para ofrecer una capacidad de soporte para alguna actividad urbana, ante una actitud genuflexa de los alcaldes, gobernadores regionales, funcionarios, del Instituto Metropolitano de Planificación, Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, entre otros. Todos han hecho bien su “trabajo” desatendiendo o ralentizando sus obligaciones y competencias, incrementando la coerción “ilícita” vestida de licitud.
Por otro lado, los “empresarios” y/o “desarrolladores urbanos”, que han “normalizado” la coima, el robo, el incumplimiento en las obras públicas, incentivando y haciendo “normal” la colusión en la administración pública, ocasionando lo que hoy observamos como problemática urbana, en Lima y las demás ciudades del sistema urbano nacional, violentado el espacio urbano con obras inconclusas e inhabitables.
Otras instituciones, como el Colegio de Arquitectos y de Ingenieros, en una actitud pusilánime, no han socializado las normas que ellos mismos propusieron y colaboraron en su elaboración, como la ley de desarrollo urbano sostenible y su reglamento de acondicionamiento territorial, los planes de desarrollo interdistritales y el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima y del Callao, las normas de edificación, de seguridad en las obras, de calidad de los materiales de construcción, etc. Otras entidades “sin fines de lucro” que preconizan un compromiso con el desarrollo urbano sustentable de la ciudad y aspiran a ser un órgano colegiado, como la Sociedad de Urbanistas del Perú, con un escueto peso profesional, dirigencial y académico, que pretende “legitimarse” y así ejercer una especialidad que es parte indivisible de la formación de un arquitecto y otras que están atravesando un estado onírico del tipo urbanístico, se hacen llamar “soñadores urbanos” una especie de cofradía que acusan un grado patético de chauvinismo territorial, son agentes que coercionan y violentan la ciudad.
Otro grupo, tan importantes como los anteriores, son las organizaciones criminales y sus vínculos con las esferas políticas y empresariales, que se dedican al proxenetismo, trata de personas, narcotráfico, sicariato, extorsión, etc., que mantienen en jaque a la ciudadanía y violentada la ciudad, zonificándola en función al miedo y el terror. Fragmentación urbana.
Si bien en el siglo pasado era el Estado el que se arrogaba el monopolio de la coerción de tipo lícita o legítima (Bauman, 2002) para el cumplimiento de las políticas y las leyes, aquella en la que no estaba permitida la reacción o la protesta, no obstante, los cambios en la estructura de la sociedad han sido siempre violentos históricamente —en el sentido de la frase de Karl Marx, “la violencia ha sido la partera de la historia”, en este caso de la historia urbana— en ese sentido, la ciudad como construcción social e histórica, se ha transformado a partir de la protesta y el activismo, cuando se trata de intervenciones urbanas que se consideren fuera de los cánones del desarrollo urbano sostenible, sin embargo, existe cierta sumisión ciudadana y profesional. ¿Dónde está la participación ciudadana?
Esto se puede observar, por ejemplo, en la protestas de algunos colectivos sobre proyectos u obras en Lima, que “buscan” mejorar la movilidad urbana, tales como: el proyecto de la “Vía expresa Santa Rosa”, el “Viaducto Javier Prado y Los Frutales”, el “Tren Lima Chosica”, que aunque el primero se encuentra en el Plan de Desarrollo Metropolitano del Callao, los restantes son “caprichos” camuflados de “estilo pragmático” del exalcalde de Lima y que el Instituto Metropolitano de Planificación asiente en una actitud lambiscona y de sometimiento a la coerción “legítima” que sus jefes accionan de manera “ilegítima” y que deslegitiman no solo las razones técnicas sino también su condición de profesional. La violencia desde la institución encargada de velar por el desarrollo urbano sostenible.
En ese mismo sentido, hay una coerción ejercida desde la actividad empresarial y la formación universitaria, frente a lo que ellos denominan “desarrollo urbano”. Miles de profesionales de la arquitectura e ingeniería egresan con escasos conocimientos y sin posibilidades de prácticas profesionales, situación conveniente para los desarrolladores urbanos, que terminan coaccionándolos, en un entorno de desempleo o saturación del mercado profesional, a diseñar y construir viviendas de condiciones infrahumanas, equipamientos sin calidad constructiva y de seguridad, infraestructura de servicios básicos que no llegan a la vida útil y que son reemplazadas por su obsolescencia programada o vicios ocultos, de esa manera violentan la ciudad.
Por otro lado, la coerción “ilegítima” ejercida por las organizaciones criminales en las principales ciudades del país y con más fuerza en Lima, que el Estado pretende resolver con el “estado de emergencia”, que no solo suprime valores ciudadanos sino brinda carta blanca para que los gobiernos locales puedan disponer de las arcas públicas para “responder” ante la violencia urbana sin fiscalización. Estas organizaciones criminales han tomado la ciudad y coaccionan a los ciudadanos a “financiar” el crimen para salvar su integridad física y sus propiedades o los que le queda de ellas.
Precisamente esta situación es denominada “metaviolencia”, formas más complejas y extremistas de comportamientos delincuenciales, llevadas a cabo por organizaciones criminales nacionales e internacionales (Tren de Aragua, Los Pulpos, Los Malditos de Bayóvar, Los Chukis, Los Injertos de Lima Norte, etc.) que buscan asentarse en nuestras ciudades para demostrar el dominio territorial, generando terror y alta inseguridad y percepción de la misma, violentando la estructura urbana, en el sentido de que promueve la gentrificación por miedo, segregación socio espacial y fragmentación urbana, reconfigurando la estructura físico espacial de la ciudad, haciéndola menos equitativa, justa, articulada, segura, saludable y determinando una zonificación basada en el miedo.
Bajo este contexto, la solución creemos está relacionada con dos aspectos: el primero más estructural y complejo, una reingeniería social que rediseña la estructura de valores y comportamientos de la comunidad, que requiere acciones desde la familia, la escuela y la universidad y el Estado, que rompen el vínculo con los actores que ejercen la violencia institucional y la metaviolencia sin rostro; y la otra más técnica, la logística de la movilidad, desde el urbanismo como disciplina, es decir, la regulación y control del tráfico, como parte del Sistema de Movilidad. Básicamente es la tecnología al servicio de la policía y la justicia en nuestros entornos urbanos.
Este tercer componente (modo de transporte e infraestructura vial son los otros dos componentes del Sistema de Movilidad) es el elemento tecnológico por antonomasia, capaz de registrar en tiempo real los movimientos de las redes delincuenciales, alertando tempranamente de su accionar —no sólo son cámaras de video que muestran los noticieros— sino elementos de prevención, intervención y mitigación de acciones delictivas. Los elementos de este componente tienen sensores ópticos, emiten gases que obstaculizan la visión, señales acústicas de altos niveles de decibeles que aturden, lanzan chorros de agua fría y caliente, además de estar conectadas a los sistemas de información geográfica de la policía.
Esto ya se está aplicando desde las décadas de 1980 y 1990 en Medellín, Colombia. Este sistema es parte del modelo de Urbanismo Social, aquel basado en el libro de Sun Tzu, “El arte de la guerra”, que aplica principios tales como: conocer la ubicación y reconocer el enemigo, utilizar las partes más elevadas de la ciudad para un control total, el factor sorpresa adelantándose al hecho mediante la observación participante, transformar los barrios introduciendo el principio de comunidad (bajo la filosofía de la organización de las Favelas en Río de Janeiro, Brasil) y empoderando a la comunidad en el liderazgo y la organización contra el crimen y la metaviolencia.
