HOJAS DE VIDA
Candidata presidencial: Keiko Sofia Fujimori Higuchi
Primera vicepresidencia: Luis Fernando Galarreta Velarde
Segunda vicepresidencia: Miguel Angel Torres Morales
El plan de gobierno 2026–2031 de Perú con Orden, antes Fuerza Popular, plantea un conjunto de medidas orientadas a atender las principales brechas del sector construcción, con énfasis en vivienda, formalización predial y acceso a servicios básicos. A partir de un diagnóstico que identifica altos niveles de informalidad, limitaciones en la planificación urbana y deficiencias en infraestructura de agua y saneamiento, se proponen intervenciones vinculadas al fortalecimiento institucional, la incorporación de tecnología y la ejecución de proyectos a gran escala, tanto mediante inversión pública como privada.
VIVIENDA
La construcción de vivienda en el Perú presenta escasa incorporación de nuevas tecnologías. Predomina la autoconstrucción sin asistencia técnica: la edificación informal comprende cerca del 70% de las viviendas construidas en el país; sin embargo, su aporte económico solo equivale al 25% del valor total del mercado. En contraste, el 30% de las viviendas que cumplen con estándares formales concentra el 75% del valor inmobiliario nacional.
Esta diferencia evidencia no solo una brecha económica, sino también un grave riesgo en términos de seguridad, ya que las construcciones informales son las más vulnerables frente a desastres naturales como sismos, inundaciones o erupciones volcánicas. Viviendas levantadas en áreas no aptas, sin criterios técnicos y con materiales deficientes se convierten en una amenaza constante para la vida y el patrimonio de miles de familias peruanas (CAPECO, 2025).
Asimismo, las técnicas de construcción sostenible, como el uso de materiales ecoeficientes o energías renovables domésticas, tienen poca penetración. De igual manera, la digitalización en la gestión urbana y catastral es limitada, ya que solo 2 de cada 10 distritos cuenta con información catastral.
Formalización predial en crisis
Según una publicación del CEPLAN en diciembre de 2023, pese a los avances registrados entre 2012 y 2023 en la inscripción de títulos de propiedad en el Perú, el proceso continúa mostrando serias limitaciones para cerrar la brecha de formalización predial. Si bien el acumulado llegó a 720,534 títulos inscritos al cierre de 2023, frente a los 81,183 en 2012, este avance resulta insuficiente frente a la demanda nacional y evidencia un ritmo de formalización que aún no responde a la magnitud del problema (CEPLAN, 2023).
Al observar la evolución anual, se evidencia una desaceleración en el crecimiento. Tras los incrementos de 2013 (102 %) y 2014 (56 %), el crecimiento cayó a 25 % en 2015, se redujo a niveles cercanos al 14 % entre 2016 y 2018, y descendió aún más entre 2019 y 2021, fluctuando entre 4 % y 6 %. Aunque en 2022 se registró un repunte (12 %), en 2023 la tendencia volvió a disminuir hasta un 7 %.
En ese sentido, los resultados muestran un avance insuficiente y una tendencia de desaceleración, evidenciando que la formalización de la propiedad continúa siendo una tarea inconclusa que requiere una intervención más ambiciosa, coordinada y sostenida.
Obstáculos en el sector construcción y vivienda
El sector construcción tiene un potencial importante para impulsar la reactivación económica; sin embargo, enfrenta obstáculos significativos en materia de trámites. Según la encuesta de empresas más reciente, el tiempo mediano para obtener un permiso de construcción en el Perú es de aproximadamente 161.7 días, es decir, más de cinco meses, lo que desincentiva la inversión privada (IFC, 2023).
Por otro lado, los programas de crédito hipotecario están limitados por la informalidad laboral, pues más del 70% de la población económicamente activa no tiene un empleo formal, situación que restringe el acceso al financiamiento y empuja a muchas familias hacia la autoconstrucción o mecanismos informales.
Propuestas
Planificación urbana sostenible e inteligente. Se propone la construcción de 1.25 millones de viviendas y departamentos nuevos a nivel nacional, mediante inversión pública, privada y asociaciones público-privadas, priorizando zonas con acceso a servicios básicos. Asimismo, se plantea el establecimiento de planes urbanos integrales obligatorios en todas las ciudades, junto con la implementación de un Sistema Nacional de Información Catastral y Urbana interoperable con COFOPRI, SUNARP y las municipalidades. La propuesta incorpora infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza, así como el desarrollo de ciudades inteligentes en terrenos estatales. De manera complementaria, se contempla la creación de un sistema de información habitacional en tiempo real, la ejecución de programas de renovación urbana en barrios tradicionales y el desarrollo de polos urbanos articulados al empleo y la conectividad territorial.
Vivienda digna y acceso equitativo. Se plantea la ampliación de programas como Techo Propio, MiVivienda y Vivienda Rural, así como el fortalecimiento del bono de alquiler y compra para jóvenes. También se considera la modernización del Fondo Hipotecario Verde y la implementación de un Programa Nacional de Viviendas Seguras. La propuesta incluye la reubicación de familias en zonas de alto riesgo, la implementación de casas térmicas en comunidades altoandinas y la aplicación de tarifas sociales para adultos mayores. Asimismo, se contempla la creación de un Fondo de Garantía para Techo Propio, el restablecimiento del quinto rango del Nuevo Crédito MiVivienda y la canalización de recursos del canon para el financiamiento de vivienda social.
Formalización y control territorial. Se propone la implementación del programa “Mi Título, Mi Hogar Seguro” y el fortalecimiento de COFOPRI como entidad encargada de la titulación. A ello se suma la creación de una Agencia Nacional de Gestión de Suelo, el establecimiento de un Sistema Nacional de Prevención y Combate del Tráfico de Terrenos, articulado con SUNARP, gobiernos locales y una policía especializada, con georreferenciación, alertas tempranas y sanciones inmediatas, así como una mayor seguridad jurídica en el suelo y en la ejecución de obras.
Asimismo, se incluye el impulso de Operadores Privados de Suelo bajo regulación estatal, el uso estratégico de predios del Estado para vivienda social, la construcción de complejos habitacionales integrales y la creación del Instituto de Desarrollo y Planificación Territorial (INDEPLAN). Finalmente, se plantea el uso intensivo de mecanismos como Proyectos en Activos, Obras por Impuestos (OxI) y Asociaciones Público-Privadas (APP).
Primeros 100 días
Se plantea el lanzamiento del programa “Mi Título, Mi Hogar Seguro”, mediante la Ventanilla Única de Formalización con inteligencia artificial para simplificar trámites. Asimismo, se contempla la reactivación del programa Techo Propio con un bono reforzado que aumentará hasta en 50% la ayuda estatal, y el inicio de la designación de terrenos estratégicos junto con acuerdos para el desarrollo de ciudades inteligentes.
Principales metas e indicadores
Se establece como meta reducir en 30% el déficit habitacional nacional, garantizar vivienda adecuada para 1.25 millones de peruanos vulnerables y emitir 1 millón de títulos de propiedad digitales, medidos a través de indicadores asociados a reducción del déficit, beneficiarios de programas y número de títulos emitidos.
AGUA Y SANEAMIENTO
La expansión urbana desordenada ha generado barrios sin agua potable, alcantarillado ni energía eléctrica segura. Según información del INEI, en el año móvil de octubre de 2022 a setiembre de 2023, el 23.1 % de la población —equivalente a 7 millones 479 mil 300 personas— no accede al sistema de red de alcantarillado (INEI, 2023). Asimismo, en lo referente al acceso al servicio de agua potable, si bien 9 de cada 10 personas acceden a ese servicio, lo cierto es que 3.5 millones de personas no cuentan con acceso al agua; de los cuales cerca de 2 millones se ubican en cuatro regiones: Lima (798,348), Loreto (457,179), Puno (457,118) y Piura (231,849) (El Peruano, 2023). Ello implica que, en el mismo periodo, el 10.9 % de la población no accede a servicios de agua por red pública (INEI, 2023).
Las cifras expuestas reflejan la problemática vinculada a la deficiente gestión de los gobiernos de turno. En este escenario, los gobiernos locales juegan un papel decisivo, ya que han dejado de ejecutar los recursos asignados para saneamiento durante el 2023. Aunque el total no invertido en este sector a nivel nacional fue de S/ 2,329 millones, los gobiernos locales dejaron de utilizar S/ 2,147 millones, lo que representa prácticamente la totalidad del monto no ejecutado, siendo que las menores gestiones correspondieron a Pasco, Áncash y Piura (ComexPerú, 2024).
Diagnóstico
Existe desigualdad territorial y deficiencias en la infraestructura de agua y saneamiento. La cobertura urbana de agua potable alcanza el 89%, pero en el área rural apenas llega al 79%. Es preciso mencionar que el indicador disminuye en el caso de la población que consume agua proveniente de red pública las 24 horas del día, específicamente hasta el 60% a nivel nacional. En alcantarillado, la cobertura nacional es de 77%, con grandes desigualdades territoriales: mientras que en el Callao alcanza el 95%, regiones amazónicas como Madre de Dios, Ucayali y Loreto no superan el 50% (INEI, 2023).
La infraestructura existente enfrenta serios problemas: más del 40% de las plantas de tratamiento de agua potable presenta deficiencias técnicas, y el 50% de las plantas de tratamiento de aguas residuales no funciona adecuadamente (MVCS, 2023). Además, los sistemas rurales gestionados por juntas administradoras (JASS) operan con baja capacidad técnica y escaso financiamiento.
El uso de tecnología y la gestión digital en el tratamiento y potabilización del agua es limitado. El uso de tecnologías modernas en potabilización, reutilización y tratamiento de aguas residuales es aún reducido. Solo el 25% de las aguas residuales recolectadas recibe tratamiento adecuado antes de ser vertidas en ríos o mares (SUNASS, 2023), lo que agrava la contaminación ambiental.
De las 171 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) operativas en el país, aproximadamente la mitad presenta deficiencias operativas significativas. En particular, el 51 % de estas plantas se ubica a menos de 500 metros de zonas residenciales, y el 48 % registra lagunas colmatadas con lodos, lo que limita su eficiencia y genera riesgos sanitarios y ambientales (SUNASS, 2022).
Las soluciones de potabilización alternativas, como plantas modulares, captación de agua de lluvia o desalinización, aún son incipientes y poco escaladas en zonas rurales y periurbanas. Asimismo, las EPS carecen de sistemas digitales de gestión y monitoreo en tiempo real, lo que impide controlar fugas, medir la calidad del agua y planificar mantenimientos.
La falta de acceso seguro al agua genera alta vulnerabilidad sanitaria frente al cambio climático. La falta de acceso a agua potable y saneamiento adecuado está vinculada a altos índices de anemia y desnutrición infantil. Según el MINSA (2023), el 30% de enfermedades diarreicas agudas en niños menores de 5 años se asocia al consumo de agua no segura o a la deficiente disposición de excretas.
Según la OMS, alrededor del 80 % de las enfermedades infecciosas, parasitarias y gastrointestinales, así como una tercera parte de la tasa de mortalidad global, se relacionan con el uso y consumo de agua insalubre. En el caso del Perú, los problemas de acceso al agua y saneamiento básico impactan directamente en la salud y el bienestar de la población, especialmente en la prevalencia de enfermedades diarreicas agudas, que contribuyen significativamente a la desnutrición infantil y representan una de las principales causas de mortalidad en la niñez (OMS, 2022; INEI, 2020).
Además, el cambio climático y fenómenos como El Niño afectan la disponibilidad de agua y generan emergencias sanitarias recurrentes en la costa norte y la Amazonía. Muchas localidades carecen de planes de contingencia hídrica y reservas estratégicas, lo que agrava la vulnerabilidad ante sequías, huaicos o inundaciones.
Se evidencia ineficiencia y baja inversión en el servicio de agua y saneamiento. Las EPS, responsables del servicio en zonas urbanas, presentan serios problemas de gestión y eficiencia: el 45% opera con pérdidas, y las fugas y conexiones clandestinas generan pérdidas de agua superiores al 35% del volumen producido (SUNASS, 2023).
La inversión en el sector es insuficiente: el déficit estimado para alcanzar la cobertura universal de agua y saneamiento al 2030 supera los USD 15,000 millones (Banco Mundial, 2023). Sin embargo, la ejecución presupuestal del MVCS y gobiernos regionales ha sido baja, evidenciándose que en 2023 no se ejecutó más del 70% del presupuesto en varios proyectos emblemáticos (MEF, 2023).
El marco normativo tampoco facilita suficientemente la participación del sector privado, que podría contribuir mediante concesiones, APP y microfinancieras rurales para proyectos de agua potable y tratamiento.
Propuestas
La cobertura, infraestructura y tratamiento de agua buscan cerrar brechas y mejorar el acceso al servicio. Se propone la reducción de la brecha de cobertura de agua potable continua y alcantarillado, con énfasis en áreas rurales y amazónicas, así como la implementación de un Plan Nacional de Cierre de Brechas Hídricas.
Asimismo, se plantea la construcción, rehabilitación y ampliación de Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), priorizando zonas de baja cobertura, incluyendo la implementación de PTAR en ciudades como Tacna, Trujillo, Cusco, Arequipa, Huancayo, Cajamarca, Tarapoto y Chincha.
La propuesta contempla también la reactivación de obras paralizadas con más del 50% de avance, el escalamiento de soluciones innovadoras como plantas modulares, captación de agua de lluvia y desalinización, así como la implementación del “Programa Nacional de Agua que Cuida la Vida”, que incluye distribución mediante cisternas y plantas móviles para 2 millones de personas, además del cambio de redes para reducir pérdidas de agua.
Se incluye la instalación de reservas estratégicas de agua potable en regiones expuestas a sequías o huaicos, vinculadas a planes de contingencia hídrica regionales.
La gestión institucional, eficiencia y sostenibilidad buscan mejorar la prestación del servicio. Se plantea el aseguramiento de la prestación como servicio público esencial, con supervisión del Estado y participación de las JASS fortalecidas técnica y financieramente.
Asimismo, se propone la reforma del modelo de gestión de las EPS, incorporando planes de sostenibilidad financiera, profesionalización de equipos técnicos y reducción de pérdidas operativas.
Se considera el establecimiento de un Sistema Nacional de Asistencia Técnica y Supervisión articulado por OTASS y SUNASS, la implementación de sistemas de monitoreo digital en tiempo real, el fomento de APP y Obras por Impuestos, la creación de un Fondo Nacional de Garantías y la promoción de la participación de cooperativas y microfinancieras rurales.
Además, se plantea la creación de mecanismos de control ciudadano mediante comités de usuarios para la vigilancia del servicio.
La innovación, reúso y cultura del agua buscan optimizar el uso del recurso y promover sostenibilidad. Se propone la incorporación de tecnologías de reúso de aguas residuales tratadas para riego agrícola e industrial, así como el desarrollo del “Programa Nacional de Agua que Cuida la Vida” enfocado en zonas rurales, con kits de purificación, cloración simplificada y energías renovables.
También se plantea la implementación de plantas de residuos sólidos en Arequipa, Ucayali y Tacna, junto con la ejecución de campañas masivas de educación sanitaria y cultura del agua dirigidas a escuelas y comunidades rurales.
Primeros 100 Días
Se plantea la puesta en marcha del “Programa Nacional de Agua que Cuida la Vida”, dirigido a garantizar el acceso inmediato a agua potable segura para poblaciones rurales, altoandinas y periurbanas en situación crítica. Asimismo, se propone la reactivación de obras de agua y saneamiento con más del 50% de avance, priorizando regiones con mayor déficit, y el inicio del Sistema Nacional de Monitoreo Digital del Agua, con sensores en tiempo real para controlar la calidad, detectar fugas y emitir alertas tempranas en las principales EPS y en SEDAPAL.
Principales metas e indicadores
Se establece como meta alcanzar el 100% de cobertura nacional de agua potable y alcantarillado, priorizando zonas rurales y periurbanas; lograr que el 60% de las EPS operen con sostenibilidad financiera y monitoreo digital en tiempo real; y reutilizar al menos el 55% de las aguas residuales tratadas para riego agrícola e industrial.
VER PLAN DE GOBIERNO DE PERÚ CON ORDEN, antes Fuerza Popular
