HOJAS DE VIDA
Candidato presidencial: Roberto Helbert Sanchez Palomino
Primera vicepresidencia: Analí Márquez Huanca
Segunda vicepresidencia: Brigida Curo Bustincio
El conjunto de propuestas plantea una reconfiguración del proceso de descentralización y del rol de los gobiernos subnacionales, con énfasis en el fortalecimiento de sus capacidades fiscales, institucionales y de gestión, así como en la mejora de los mecanismos de coordinación y control. En este marco, se abordan aspectos vinculados a la generación y distribución de ingresos, la definición de responsabilidades de gasto, el desarrollo de capacidades, la integridad pública y la planificación territorial, incorporando además instrumentos de seguimiento, evaluación e incentivos orientados a asegurar resultados en la implementación de la política de regionalización.
Vivienda
Según el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), la informalidad de la propiedad predial en posesiones urbanas del Perú mostró una tendencia descendente en el periodo 2016-2024, reduciéndose del 50,4% al 44%¹¹. Como se puede apreciar, el nivel de informalidad supera el 40%, lo cual evidencia una brecha por superar.
Asimismo, respecto a la generación de viviendas, Espinoza y Fort (2020b) señalan que la producción anual de vivienda en el país se distribuye de la siguiente forma: el 23% corresponde a vivienda convencional financiada con crédito hipotecario tradicional sin subsidios; un 7% se desarrolla mediante el Nuevo Crédito Mi Vivienda (NCMV); y solo un 4% se construye a través del programa Techo Propio en su modalidad AVN. Estos datos evidencian que los programas de vivienda de interés social representan una proporción muy reducida dentro de la oferta total de nuevas viviendas.
En atención a este déficit habitacional, se realizarán las siguientes acciones: impulsar la incorporación del derecho a la vivienda digna, segura y en un entorno seguro en la nueva Constitución; asimismo, impulsar la participación del Banco de la Nación en préstamos para la construcción y créditos hipotecarios. De igual manera, se plantea la construcción de viviendas con tecnología nacional adecuadas para zonas afectadas por las heladas, friaje e inundaciones, así como la construcción de viviendas sociales y la creación de conjuntos habitacionales para poblaciones vulnerables.
Adicionalmente, se propone crear el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, así como el Centro de Innovación Nacional para el desarrollo de propuestas en construcción, saneamiento y energías renovables, y el Laboratorio Urbano Nacional – Ideas para un desarrollo urbano con justicia social. Asimismo, se plantea reubicar a poblaciones de alta vulnerabilidad y la creación del programa de asistencia técnica a la zona rural, urbano marginal a nivel nacional en ingeniería y arquitectura para egresados, titulados y colegiados.
Agua y saneamiento
Protección del agua en defensa de la vida. En relación con la ausencia de una planificación integral sobre el uso del agua y manejo de los territorios, se señala que los consorcios mineros, industriales y agroexportadores han logrado el control de los derechos de agua a través de los comités o secciones de agua de la Sociedad Nacional de Minería, la Sociedad Nacional de Industrias y la Asociación de Agroexportadores. La influencia y la presión política han logrado que se den normas y regulaciones que favorecen principalmente a estos sectores. El uso del agua tiene influencia en el 41% del PBI nacional y del 39% del empleo formal.
En ese contexto, se plantea que retomar el control de la planificación del desarrollo y las regulaciones del mercado implica también entender la relación del desarrollo sostenible con los niveles de seguridad hídrica y la conservación de los ecosistemas. Por ello, la relación entre la planificación del agua y la planificación del territorio para conseguir el desarrollo sostenible es fundamental, lo que implica también retomar el control de la gestión del agua en favor de las políticas públicas que favorezcan a los sectores más pobres o excluidos. Para ello, se implementarán medidas orientadas a garantizar el acceso al agua y las actividades productivas de los sectores más pobres, como restingas y bajiales en selva, siembra y cosecha de agua en zonas altas, agricultura familiar y acceso al agua y saneamiento. Asimismo, se plantea articular los planes territoriales de los gobiernos regionales y locales con los Planes de Gestión de Recursos Hídricos, para una efectiva descentralización, así como implementar los Planes de Gestión de Recursos Hídricos de las cuencas con orientación al desarrollo del territorio.
Abuso en el uso del agua. Se señala que la gran minería, la industria en general y la industria de bebidas se han beneficiado de las inversiones del Estado para darles seguridad hídrica, mientras que el pago que realizan al Estado como retribución económica por el uso del agua es muy bajo, en contraste con la alta rentabilidad del recurso. En ese sentido, se precisa que la minería paga por m³ de agua 0.101 US$ y obtiene un precio bruto por cada m³ de agua de 120 US$; la industria de bebidas paga 0.079 US$ por cada m³ y obtiene 207 US$; y la agricultura de exportación paga 0.001 US$ por metro cúbico y obtiene 12.24 US$.
Frente a esta situación, se plantea que el agua debe servir para redistribuir la riqueza a través de subsidios cruzados en las cuencas, de modo que quien obtiene mayores ganancias con su uso financie la seguridad hídrica y el desarrollo de los sectores más vulnerables. En ese sentido, se propone rediseñar los instrumentos económicos y financieros para que consideren los objetivos de desarrollo sostenible en cada cuenca, teniendo en cuenta los efectos distributivos del agua; mejorar la retribución económica, con énfasis en el valor del agua cruda, especialmente en las cuencas que sufren mayor estrés hídrico, de tal manera que se puedan desarrollar subsidios cruzados; establecer un Fondo de Agua para implementar proyectos de conservación de los ecosistemas productores de agua; establecer el canon hídrico, de modo que los usuarios que consigan mayor rentabilidad con el uso del agua financien la seguridad hídrica en las cuencas; e invertir en soluciones conjuntas de restablecimiento de la capacidad productora y reguladora de agua de los ecosistemas, como forestación y reforestación, repoblamiento de pradera andina y almacenamiento, para incrementar la seguridad hídrica y la capacidad de resiliencia.
De otro lado, si bien la legislación de recursos hídricos establece la protección de las cabeceras de cuenca —zonas donde precipita el agua y se inicia el ciclo hidrológico—, bajo presión de la Sociedad Nacional de Minería se ha regulado definiendo la cabecera de cuenca como el río de primer orden, tergiversando el concepto original. Esto ha dado lugar a la desprotección de las zonas productoras de agua, permitiendo incluso la instalación de relaveras en cauces de ríos o el desvío de ríos para la extracción de mineral.
Asimismo, se indica que la Ley de Recursos Hídricos establece la prioridad de uso solo para el uso poblacional y luego los usos productivos, lo que ha generado presiones para priorizar a grandes consorcios mineros, industriales o agroexportadores, en desmedro de la agricultura familiar, que es la que garantiza la seguridad alimentaria. En ese sentido, se plantea que la prioridad en el uso del agua debe reforzar las políticas públicas de abastecimiento universal de agua potable, seguridad alimentaria, desarrollo energético y fortalecimiento de economías colectivas como comunidades campesinas y cooperativas, considerando el agua como elemento impulsor de cambios económicos y sociales con protección ambiental.
De igual manera, se señala que, para que la Autoridad Nacional del Agua pueda implementar políticas hídricas integradoras, debe contar con autonomía económica y administrativa y no depender de un sector productivo. Para ello, se propone restablecer las condiciones de intangibilidad de cabeceras de cuenca, glaciares, lagunas y cuerpos de agua; priorizar el uso del agua para consumo humano, agricultura familiar y comunidades campesinas; avanzar en un enfoque holístico e integrado de la gestión del agua que articule sectores y niveles de gobierno y fortalezca el vínculo entre la gestión de recursos hídricos y los servicios de agua y saneamiento; y otorgar autonomía a la Autoridad Nacional del Agua en su rol multisectorial.
