HOJAS DE VIDA
Candidato presidencial: Jorge Nieto Montesinos
Primera vicepresidencia: Susana Flor de María Matute Charún
Segunda vicepresidencia: Carlos David Caballero Leon
El Plan de Gobierno 2026–2031 del Partido del Buen Gobierno cuyo candidato presidencial es Jorge Nieto aborda la dimensión territorial–ambiental como un eje central para el desarrollo del país, articulando propuestas orientadas a la regionalización, la conectividad, la infraestructura y el acceso a vivienda y servicios básicos. En este marco, se plantean lineamientos, objetivos y metas que buscan reducir brechas territoriales, fortalecer la gobernanza multinivel y promover un desarrollo equilibrado entre regiones, incorporando criterios de sostenibilidad, competitividad y cohesión social.
REGIONALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL
Al 2031, el Perú cuenta con un sistema de regionalización moderno, eficiente y funcional, basado en territorios articulados y en una gobernanza multinivel sólida. La coordinación entre gobierno nacional, regional y municipal se rige por reglas claras y obligatorias, permitiendo la provisión oportuna de servicios públicos, el desarrollo productivo regional y la reducción de brechas territoriales. La gestión pública regional y local se realiza con altos estándares de profesionalización, integridad y transparencia, garantizando el uso eficiente del gasto fiscal y la inversión pública.
Diagnóstico
Las regiones actuales no responden a dinámicas funcionales ni económicas, reproduciendo límites departamentales históricos. Existen superposiciones de funciones y una coordinación multinivel débil. La capacidad institucional subnacional es limitada: alta rotación, baja profesionalización y escasa meritocracia. La calidad de la inversión pública es insuficiente, con numerosos proyectos paralizados. El sistema fiscal subnacional es inestable, poco predecible y sin incentivos adecuados al desempeño. Persisten brechas territoriales severas y densidad estatal desigual.
Se plantea establecer un sistema de coordinación multinivel vinculante, evitando duplicidades y asegurando una planificación territorial coherente. Asimismo, se propone implementar una reforma integral del sistema fiscal y de transferencias, con mayor autonomía, previsibilidad e incentivos al desempeño. Se busca fortalecer la capacidad institucional regional y local, mediante meritocracia, formación continua y profesionalización. También se plantea promover territorios funcionales y estrategias regionales de desarrollo, basadas en criterios geoeconómicos, de conectividad y especialización productiva. Finalmente, se propone garantizar integridad, transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno.
Lineamientos
Se propone una coordinación multinivel y gobernanza territorial. Para ello se fortalecerá el Consejo de Coordinación Intergubernamental (CCI) como órgano rector de la descentralización, con acuerdos vinculantes y seguimiento de cumplimiento. Asimismo, se plantea crear Agendas Territoriales Multianuales, consensuadas entre niveles de gobierno, con metas e indicadores compartidos. Se incluye la implementación de un Sistema Nacional de Información Territorial, que integre datos de planificación, brechas, inversión, riesgos y estadísticas regionales. También se promueve fomentar mecanismos de cooperación horizontal, como mancomunidades, agencias regionales de desarrollo y consorcios intermunicipales. Finalmente, se plantea establecer modelos base de provisión sectorial para eliminar superposición de funciones.
Con relación al Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) propone transformarlo en un mecanismo de transferencia que promueva equidad y eficiencia, alineado con brechas territoriales y metas de desempeño.
En materia de nuevos ingresos regionales y municipales, se plantea la autonomía parcial para administrar impuestos y tasas propias; asimismo, la coparticipación de ingresos nacionales, como el IGV y la renta, bajo criterios devolutivos y redistributivos. En esa línea, se incluyen transferencias de igualación para territorios con menor capacidad fiscal, así como transferencias condicionadas vinculadas a resultados y a la ejecución de programas.
En cuanto a las responsabilidades de gasto según nivel de gobierno, se propone establecer un marco claro y obligatorio que precise competencias y responsabilidades presupuestales entre los distintos niveles de gobierno, con el fin de ordenar la asignación y uso de los recursos públicos.
Respecto a los nuevos ingresos para gobiernos regionales, se plantea la creación de una sobretasa al impuesto a la renta destinada a financiar proyectos estratégicos regionales; además, se considera la coparticipación del IGV con estructuras de distribución predecibles, junto con transferencias de igualación orientadas al cierre de brechas en infraestructura, capacidades y servicios.
En el eje de fortalecimiento de capacidades institucionales, se propone la creación del Programa Nacional de Profesionalización Subnacional, con certificaciones obligatorias en planificación, inversiones, contrataciones y presupuesto. De igual manera, se plantea impulsar el ingreso progresivo al Servicio Civil (SERVIR) en regiones y municipios. A ello se suma la implementación de un sistema permanente de formación en coordinación con universidades, la ENAP y el sector privado; la conformación de equipos regionales de asistencia técnica para proyectos complejos; y el desarrollo de sistemas de gestión por resultados y evaluación del desempeño institucional.
En relación con la integridad, transparencia y rendición de cuentas, se propone obligar la creación y funcionamiento de Oficinas de Integridad en todos los gobiernos regionales y municipalidades provinciales. Asimismo, se plantea ampliar el uso del control concurrente en proyectos de inversión pública, crear un Registro Único de Obras Paralizadas junto con un sistema de alertas tempranas, y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana vinculante, así como la transparencia presupuestaria.
En el ámbito de territorios funcionales y desarrollo regional, se propone promover la transición hacia macrorregiones funcionales basadas en la conectividad vial, la geografía, las cadenas productivas y la continuidad económico-territorial. Del mismo modo, se plantea elaborar Estrategias Regionales de Desarrollo Productivo orientadas a clústeres, innovación y especialización inteligente, así como impulsar planes territoriales integrados que articulen ciudades, zonas rurales y corredores logísticos.
En cuanto a los mecanismos de seguimiento y evaluación, se establece un Sistema de Seguimiento y Evaluación que articula a la PCM, el MEF, CEPLAN, los gobiernos regionales y las municipalidades, con el objetivo de asegurar la implementación efectiva de la Política de Regionalización. Este sistema permitirá monitorear avances, identificar cuellos de botella y ajustar lineamientos en función del desempeño territorial.
Respecto a los componentes del sistema, se contempla, en primer lugar, el seguimiento trimestral de indicadores clave, mediante el cual la PCM consolidará un tablero con indicadores priorizados como coordinación, capacidades institucionales, inversión, integridad, financiamiento descentralizado y brechas territoriales. Asimismo, se prevén informes anuales de implementación territorial elaborados por la PCM, CEPLAN y el MEF, en los que se evaluarán avances por región y municipalidad, los cuales serán publicados en una plataforma abierta para garantizar transparencia. De igual manera, se incorpora una evaluación de medio término, prevista para 2027, que permitirá analizar el desempeño y el cumplimiento de metas intermedias, así como redireccionar estrategias y ajustar lineamientos fiscales, institucionales y territoriales. Por su parte, se considera una evaluación final, prevista para 2031, orientada a determinar impactos en brechas territoriales, calidad del gasto, capacidades y gobernanza, además de proveer insumos para la Política de Regionalización 2032–2040.
En lo que respecta a las herramientas del sistema, se incluye el Índice Nacional de Desempeño Subnacional, basado en capacidades, integridad, ejecución y servicios; el Sistema Nacional de Información Territorial, que integrará datos de planificación, inversión y brechas; y el Observatorio de Coordinación Multinivel, encargado del seguimiento al CCI, GORE Ejecutivo y MUNI Ejecutivo.
Sobre las responsabilidades institucionales, se establece que la PCM asume la rectoría del sistema, la integración de la información y la emisión de reportes; el MEF se encarga del seguimiento fiscal, el desempeño en inversión pública y las transferencias; CEPLAN asume el seguimiento de la planificación territorial y del PDRC; la Contraloría tiene a su cargo el control concurrente y las auditorías de integridad; mientras que los gobiernos regionales y las municipalidades asumen el reporte trimestral obligatorio de información.
En relación con los mecanismos de incentivos, el sistema incluirá incentivos presupuestales, como un FED ampliado, la priorización de proyectos en el PMI para gobiernos con alto desempeño, así como sanciones y restricciones para aquellos con bajo nivel de cumplimiento.
En materia de participación ciudadana y transparencia, se contemplan reportes públicos trimestrales, la implementación de un Observatorio ciudadano de descentralización y la realización de audiencias públicas anuales para comunicar los avances a nivel regional.
VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
Al 2031, el Perú contará con ciudades y comunidades sostenibles, inclusivas y resilientes, donde la población, especialmente la más vulnerable, accede a vivienda digna, servicios de agua y saneamiento de calidad, y edificaciones seguras, en armonía con el ambiente y el ordenamiento territorial sostenible.
Para ello, se plantea mejorar la efectividad del ordenamiento y la planificación de ciudades y centros poblados. Asimismo, incrementar el acceso a vivienda digna priorizando población en pobreza o vulnerabilidad. También ampliar cobertura y calidad de servicios de agua y saneamiento en áreas urbanas, con sostenibilidad y enfoque inclusivo. Se propone reducir brechas de acceso en zonas rurales, garantizando sostenibilidad y participación comunitaria. Finalmente, garantizar edificaciones seguras, sostenibles y accesibles para toda la población.
Líneas de Acción
En ordenamiento territorial, se plantea el desarrollo de planes urbanos y rurales, regulación de uso de suelo y gestión de riesgos. En acceso a vivienda, se proponen programas de vivienda social, financiamiento inclusivo y regeneración urbana. En servicios de saneamiento urbano, se plantea la modernización de EPS, plantas de tratamiento y gestión integral de aguas residuales. En saneamiento rural, se propone el fortalecimiento de JASS, la innovación tecnológica apropiada y la capacitación comunitaria. En construcción sostenible, se plantea la regulación y fiscalización de edificaciones, así como la promoción de innovación y accesibilidad universal.
Herramientas de seguimiento y evaluación
Se establece un seguimiento anual con revisión de indicadores de OES y AES mediante el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN). Asimismo, una evaluación bienal mediante informe público de avances y brechas, con recomendaciones para ajustar programas. También se contempla auditoría social y transparencia, mediante mecanismos de rendición de cuentas y participación ciudadana. Finalmente, se plantea monitoreo digital a través del Sistema de Información de Agua y Saneamiento (SIAS) y observatorios urbanos.
TRANSPORTE MULTIMODAL
Al 2031 el Perú es un hub logístico regional y global, articulando Sudamérica y Asia mediante un sistema de transporte multimodal eficiente, sostenible e inclusivo, que reduce los costos logísticos, fortalece la competitividad, mejora la conectividad territorial y garantiza beneficios equitativos para todas las regiones y ciudadanos.
Como misión el gobierno proyecta consolidar un sistema nacional de transporte multimodal moderno, seguro, sostenible y digitalizado, que integre infraestructura vial, ferroviaria, portuaria, fluvial y aérea, articulado con la energía, telecomunicaciones y recursos hídricos, promoviendo la competitividad territorial, la equidad social y la sostenibilidad ambiental.
Para ello se plantea mejorar la infraestructura multimodal para integrar puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles e hidrovías con un enfoque territorial y sostenible. Asimismo, reducir los costos logísticos y tiempos de tránsito, impulsando la competitividad y la atracción de inversiones. También se propone impulsar la digitalización y la logística 4.0, integrando tecnologías de conectividad y gestión inteligente. Se plantea fomentar la sostenibilidad y resiliencia climática en los proyectos de transporte, priorizando infraestructura verde y azul-verde. Asimismo, promover la inclusión social y equidad territorial, garantizando el acceso equitativo a servicios de transporte y logística. Finalmente, fortalecer la gobernanza y capacidades institucionales, especialmente en gobiernos regionales y locales, para asegurar continuidad y eficiencia en la gestión de proyectos.
Líneas de Acción
Se propone culminar proyectos clave de infraestructura estratégica, como Puerto de Chancay, Tren de Cercanías, Anillo Vial Periférico y Proregión II. Asimismo, se plantea fortalecer la conexión territorial mediante corredores logísticos, hidrovías amazónicas, redes viales regionales y proyectos de integración subnacional. También se propone la electromovilidad y energía limpia, con una hoja de ruta nacional de transporte eléctrico y estaciones de carga. En digitalización y conectividad, se plantea la implementación de logística 4.0, plataformas digitales y expansión de banda ancha rural. En gestión sostenible, se consideran evaluaciones socioambientales rigurosas, proyectos con bajo impacto ambiental y reforestación en zonas críticas. Finalmente, en gobernanza y financiamiento, se plantea el fortalecimiento de APP, transparencia en la ejecución de proyectos y participación ciudadana.
Seguimiento y evaluación
La responsabilidad institucional recae en el MTC con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP), en coordinación con CEPLAN, gobiernos regionales y locales. Se establece un monitoreo anual, con reporte de indicadores de cada objetivo estratégico, fichas técnicas estandarizadas y publicación de avances en el portal del MTC. Se contempla una evaluación de medio término en 2028, con análisis de logros, rezagos y recomendaciones para ajustes estratégicos. Asimismo, una evaluación final en 2031 para medir impactos en competitividad, sostenibilidad e inclusión, y su articulación con metas del PEDN 2050. Finalmente, se contemplan mecanismos de transparencia y participación, con informes públicos, audiencias ciudadanas y espacios de concertación territorial para validar avances y prioridades.
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