Reducción de costos registrales para trámites de viviendas sociales

Por: Dr. Manuel Balcázar Vásquez, especialista en Derecho Inmobiliario.

A inicios de diciembre de 2018, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Javier Piqué del Pozo, anunció que el Consejo de Ministros aprobó un Decreto Supremo que reducía a la mitad los costos registrales para las viviendas sociales, lo que resulta importante porque en el camino de la lucha contra la informalidad predial procurar reducciones de costos, siempre es bienvenido.

Este D.S. se estaría dirigiendo (al 18 de febrero aún no se ha publicado la norma) a la reducción de costos de la inscripción de la compra venta del inmueble, de la hipoteca y seguramente la inscripción de algún otro acto referido al título de propiedad de la vivienda adquirida a través de los programas sociales que ofrece el Estado.

Sin embargo, esta medida, así como otras aprobadas desde el gobierno anterior no enfrentan con decisión el problema de la vivienda social en el Perú. Estamos frente a un déficit habitacional que no da tregua y que desde hace una década nos tiene cercados con una cifra que bordea los 2 millones de viviendas (déficit cualitativo y cuantitativo) y que hasta hoy no recibe un tratamiento planificado por parte del Estado.

Existe la necesidad de un Plan de Vivienda, pero al margen del instrumento, lo que realmente se exige es el tratamiento de esta problemática de manera técnica, conforme a un diagnóstico que hace tiempo fue realizado por el sector Vivienda y que cada día es respaldada por expertos y gremios de construcción.



Le corresponde al Estado revisar sus diagnósticos, recoger las opiniones de los actores y emprender medidas articuladas que sistemática y progresivamente enfrenten un problema cuya solución favorecerá la mejora de indicadores adicionales como salud y educación. Un niño que es alejado de la miseria y llevado a una vivienda social con servicios de saneamiento básico, es menos vulnerable a las enfermedades gastrointestinales y anemia. Este niño que hoy vive en un asentamiento humano, en zonas con peligro inminente de desastre pasará a una vivienda con luz eléctrica y acceso a internet, podrá estudiar y convertirse en un ciudadano que trabaje en beneficio del país. Lo más importante: “abandonará el modelo de la toma de posesión informal” para solucionar su problema de vivienda en el futuro.

Normas como las medidas de promoción del arrendamiento sin una simplificación del desalojo, el arrendamiento financiero sin coordinación previa con la banca, la hipoteca inversa para los adultos mayores, de igual modo sin haber convenido previamente para el lanzamiento de este producto con la banca, el bono de adquisición de vivienda nueva que cada vez es menos solicitado, son señales que el sistema no está funcionando.

Con los años hemos perfeccionado una capacidad de construcción notable que obviamente podría atender la demanda de construcción de vivienda social, sin embargo, la falta de suelo urbanizado se convierte en una pared infranqueable desde hace ya bastante tiempo. La iniciativa del sector no ha dado los resultados esperados por la escasez de suelo aparente y por la falta de factibilidad de servicios de agua, alcantarillado y electricidad.

Reconocemos los esfuerzos desplegados por el sector Vivienda, pero es innegable que no están rindiendo frutos. Se han capacitado miles de funcionarios sobre planificación urbana, sin embargo, son rotados en cada nueva gestión municipal, así los recursos empleados para este fin han caído como agua en la arena. Sumado a que solo 10% de municipalidades del país han preparado sus planes de desarrollo urbano.

Se creó el Programa de Generación de Suelo Urbano en el Ministerio de Vivienda, sin embargo, por carecer de capacidades ejecutoras y por no contar con el apoyo transversal de otros sectores u otros estamentos del Estado, no pudo cumplir con la misión encomendada.

Los pocos terrenos dentro de los cascos urbanos que podrían servir para grandes proyectos Techo Propio le pertenecen al Ejército, pero el Estado demora una década en ponerlos a disposición de la construcción de vivienda social, condenando a una generación de niños a seguir viviendo en zonas de riesgo, sufriendo incluso por desplazamientos e inundaciones en el país.

En relación al agua y alcantarillado las empresas prestadoras de estos servicios están casi quebradas en el país y en Lima, Sedapal enfrenta inundaciones en un distrito tan poblado como San Juan de Lurigancho. Resulta imprescindible decidir su privatización. Urge la necesidad de iniciar este debate público para que el siguiente gobierno tome una decisión definitiva.

La reducción de costos registrales está muy bien, pero el fomento de la construcción de vivienda social, requiere mucho más que eso. Sigamos insistiendo para que el gobierno presente una estrategia estructurada para procurar una vivienda digna a los niños, alejándolos de zonas de riesgo, salvaguardando su derecho a la educación y una vida digna, que esté amenazada por los caudales de un huayco.