El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) puso en marcha la estrategia Ejecuta+ 2026, que consiste en el despliegue de equipos técnicos multidisciplinarios en territorio para asistir directamente a gobiernos regionales y locales, identificar cuellos de botella y destrabar inversiones públicas en ejecución, con el objetivo de acelerar obras y mejorar la calidad del gasto.

Como resultado de esta intervención, se impulsan 5,268 inversiones públicas en la macrozona sur oriente, de las cuales 1,291 están programadas para concluir en 2026. Estas iniciativas representan alrededor de S/ 45 mil millones y están orientadas al cierre de brechas en sectores como salud, educación, transporte, saneamiento y desarrollo productivo.

En el marco de esta estrategia, especialistas del MEF se trasladaron a Cusco para sostener reuniones de trabajo con funcionarios de gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales de Apurímac, Cusco y Madre de Dios, donde se evaluó el estado de las inversiones y se definieron acciones concretas para impulsar su avance y culminación.

La iniciativa, liderada a través de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI), brindó asistencia técnica especializada a 192 entidades públicas de estas tres regiones, permitiendo abordar de manera focalizada los principales factores que limitan la ejecución de proyectos.

Asimismo, el MEF proporcionó a las entidades información detallada sobre sus carteras de inversión, incluyendo proyectos próximos a culminar, en proceso de cierre o paralizados, con el fin de facilitar la priorización de acciones y fortalecer la toma de decisiones.

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El Gobierno suscribió la adenda que permitirá ejecutar más de US$ 250 millones en la modernización integral del Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac de Juliaca, intervención que contempla la rehabilitación total de la pista de aterrizaje, calles de rodaje y plataforma de aeronaves, así como la implementación de un sistema de drenaje pluvial. Esta obra busca garantizar operaciones más seguras y continuas, además de fortalecer la conectividad aérea en el sur del país.

El proyecto incluye, de manera complementaria, la modernización del terminal de pasajeros con un presupuesto que supera los US$ 30 millones, lo que permitirá incrementar su capacidad en cerca del 80% e incorporar un Centro de Operaciones de Emergencia (COE). Asimismo, se prevé la construcción de un nuevo cerco perimétrico, con un monto aproximado de US$ 24 millones, equipado con sistemas de videovigilancia e iluminación para reforzar la seguridad aeroportuaria bajo estándares internacionales.

La intervención forma parte del proceso de modernización del Segundo Grupo de Aeropuertos de Regiones, impulsado mediante la Adenda N.° 5, que permitirá ejecutar más de US$ 470 millones en el sur del país, orientados a mejorar la infraestructura aeroportuaria, atender el crecimiento de la demanda y fortalecer el desarrollo del turismo y la actividad económica.

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El sector construcción mantendría un desempeño dinámico en el inicio de 2026, con una proyección de crecimiento de 14.5% en el primer bimestre, impulsada principalmente la recuperación de la obra pública. De acuerdo con la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), este resultado configuraría el mejor desempeño para ese periodo desde 2021 y contribuiría de manera significativa a la expansión de la economía peruana.

En febrero, el gremio estima una expansión de 13.3%, en línea con la continuidad de la actividad en obras y el repunte de la inversión pública. Este resultado se suma al sólido desempeño registrado en enero, mes en el que el sector creció 15.6%, alcanzando su mayor nivel de expansión desde 2008 y acumulando diez meses consecutivos de crecimiento, según el Informe Económico de la Construcción (IEC) n.° 99.

En este contexto, el Banco Central de Reserva del Perú elevó su proyección de crecimiento del sector construcción de 2.5% a 6.0% para 2026, mientras que las expectativas de inversión privada pasaron de 5% a 9.5%, reflejando un entorno de mayor dinamismo en la actividad. Sin embargo, desde Capeco se advierte que este escenario favorable podría verse afectado por factores políticos que generen incertidumbre y deterioren la confianza empresarial.

En paralelo, el gremio señaló que persisten limitaciones para el desarrollo de megaproyectos, asociadas a problemas estructurales como la disponibilidad de terrenos y las interferencias con servicios públicos, lo que restringe su impacto en la competitividad del país.

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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con el Gobierno Regional de Ayacucho para intervenir 71 kilómetros de la ruta nacional PE-28A, en el tramo Rumichaca–Licapa–Apacheta–Occollo. El acuerdo contempla el asfaltado y la ejecución de obras a cargo del gobierno regional, y su implementación permitirá iniciar las acciones de recuperación y mejora de la transitabilidad mientras se avanza en el desarrollo del proyecto integral de la Vía Los Libertadores.

La intervención tiene como objetivo optimizar la conectividad y las condiciones de tránsito en esta vía estratégica, facilitando el desplazamiento de personas y el transporte de mercancías en la zona.

En la reunión participaron el viceministro de Transportes, Juan Haro; el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima; el congresista Germán Tacuri; y el alcalde provincial de Andahuaylas, Abel Serna.

Asimismo, se informó que, en paralelo a este convenio, se ejecutarán labores de mantenimiento en la Vía Los Libertadores, mientras el concesionario elabora el expediente técnico definitivo para la obra integral, con el fin de asegurar la continuidad del tránsito en este corredor de integración.

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La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que en la obra “Mejoramiento del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el centro poblado Francisco Rodríguez”, en Nieva, Condorcanqui (Amazonas), se aprobaron y pagaron trabajos que no han sido ejecutados, situación que compromete el uso adecuado de los recursos en un proyecto valorizado en más de S/ 8.2 millones, a cargo de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui.

Según el Informe de Hito de Control n° 01-2026-OCI/2900-SCC, en la valorización n.° 7 se incluyeron partidas de carpintería de madera y césped sintético que no fueron encontradas en campo durante la inspección realizada el 4 de febrero de 2026.

La comisión de control verificó que puertas previstas en servicios higiénicos y otros ambientes no habían sido instaladas, pese a haber sido consideradas en la valorización aprobada por la supervisión. En la misma línea, se constató que la cancha de futsal no contaba con césped sintético, aun cuando este concepto ya había sido reconocido en los pagos.

El monto valorizado y desembolsado por estas partidas no ejecutadas asciende a S/ 152,924, lo que evidencia el riesgo de pagos por trabajos inexistentes.

El informe también advierte la ejecución de trabajos adicionales sin aprobación previa de la entidad, como muros de contención en el Jr. Asunción Barboza y otras intervenciones vinculadas a la infraestructura deportiva.

Asimismo, se detectó que componentes como la losa de vóley y la cobertura metálica de las canchas ya estaban construidos antes de iniciar su trámite de regularización como prestaciones adicionales.

Estas situaciones exponen el riesgo de reconocer y pagar obras sin sustento técnico ni autorización formal, incluso dentro del plazo contractual, lo que podría derivar en mayores costos y contingencias para la entidad.

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En el actual escenario de la construcción en el Perú, la transparencia y la correcta administración de los recursos son los ejes que permiten la viabilidad de los grandes proyectos de infraestructura. Bajo esta premisa, Arizaga Investment Group, firma especializada en asesorías y consultorías financieras, ha consolidado una alianza estratégica con Megaflex para la supervisión técnica y financiera de sus proyectos de fideicomiso.

La Importancia de la Supervisión Especializada

La gestión de un fideicomiso no es solo un proceso administrativo; es la garantía de que el flujo del Fideicomiso de Adelantos se convierta en avance físico de obra de manera eficiente. Megaflex actúa como el brazo supervisor que aporta rigor técnico-financiero, asegurando que cada desembolso gestionado por Arisagada Investment Group cumpla con los estándares de calidad y los cronogramas establecidos según la LCE (Ley de contratación del Estado).

Portafolio de Proyectos del Asesor Bryan Arizaga

Esta colaboración se ve reflejada en una cartera de proyectos de alto impacto nacional, donde la confianza depositada en Megaflex permite el desarrollo fluido de los siguientes consorcios:

• Infraestructura Educativa y Social: Gestión en los proyectos de Consorcio Politécnico y Consorcio Indoamérica.
• Desarrollo Vial y Conectividad: Supervisión en el Consorcio Constructor Huandoval Ninabamba, vital para la integración regional.
• Gestión de Edificaciones e Ingeniería: Participación activa en los proyectos de Consorcio Mota, Consorcio Ejecutor Purus y Consorcio Don Juan.

La alianza entre la inteligencia financiera de Arizaga Investment Group y la capacidad operativa de supervisión de Megaflex establece un estándar elevado en el sector de construcción y Fideicomisos. En un mercado que demanda integridad, este binomio se posiciona como un referente de buenas prácticas en la gestión de fideicomisos para la construcción.

Testimonio del Asesor Financiero

Como reflejo de la confianza y los resultados obtenidos en esta sinergia, el asesor financiero Bryan Arizaga destaca la labor de Megaflex en la gestión de fideicomisos:

“Trabajar con Megaflex ha significado contar con un supervisor de obras que entiende la importancia de la eficiencia y la transparencia en la gestión y supervisión de fideicomisos. Su capacidad para coordinar adecuadamente los requerimientos financieros permite que los proyectos avancen con orden y seguridad. Sin duda, seguiría recomendando a Megaflex como supervisor para mis siguientes proyectos”.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) suscribió un contrato de préstamo por US$ 200 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinado a financiar la Fase 1 de un programa de inversión orientado a mejorar y ampliar los servicios de agua potable y saneamiento en las cuencas de Lurín y Titicaca. Este programa contempla una inversión total superior a S/ 2,200 millones en sus dos fases.

El BIRF, entidad que forma parte del Grupo del Banco Mundial, canaliza este financiamiento que permitirá ejecutar intervenciones prioritarias, principalmente en la región Puno. Entre ellas destaca el Convenio 025, que beneficiará a más de 154 mil habitantes mediante la instalación de 10,207 nuevas conexiones de agua potable y 6,865 de alcantarillado, además del desarrollo de más de 200 kilómetros de redes y la construcción de una planta de tratamiento de agua potable con sistemas automatizados.

Asimismo, los recursos permitirán elaborar dos expedientes técnicos para plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en Lurín y Pachacámac, en Lima, así como estudios de preinversión para cinco PTAR en Ayaviri, Moho, Puno, Ilave y Juli.

La ejecución del programa estará a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) y el Programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC), con el soporte técnico de la Dirección General de Programas y Proyectos en Construcción y Saneamiento.

El programa incorpora un enfoque orientado a mejorar la calidad ambiental y contribuir a la preservación del lago Titicaca, al tiempo que busca ampliar la cobertura y optimizar la prestación de los servicios en beneficio de la población de las zonas intervenidas.

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Los hogares de Lima y Callao que no cuentan con conexión a la red pública de agua potable pagan hasta seis veces más por el recurso y consumen menos de la mitad que quienes sí acceden al servicio, evidenciando una brecha crítica en costos y acceso. Según el estudio técnico Vivir sin agua potable: ¿cómo se abastecen de agua los hogares de las zonas periurbanas de Lima y Callao? de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), estas familias desembolsan en promedio S/ 22.11 por m³ frente a S/ 3.20 por m³ de los usuarios conectados, pese a que su consumo mensual apenas alcanza 6.4 m³, muy por debajo de los 15 m³ registrados en hogares con red.

La investigación, realizada en 16 distritos periurbanos de Lima y Callao y comparada con una medición previa de 2015, muestra además un incremento sostenido en el gasto: actualmente, los hogares sin conexión destinan en promedio S/ 141.20 mensuales, más de S/ 1,694 al año, prácticamente el doble de lo registrado hace una década.

El abastecimiento se realiza principalmente mediante camiones cisterna, modalidad que se ha intensificado en el tiempo. Mientras que en 2015 el 88% de los hogares dependía de este sistema, en 2025 la proporción alcanza el 94.7%, consolidándose como la principal fuente de acceso al agua.

A pesar del mayor gasto, estas familias continúan enfrentando restricciones en el consumo. El desembolso en agua representa cerca del 9% de sus ingresos mensuales, superando ampliamente el umbral internacional de asequibilidad del 3%, lo que refleja una presión económica significativa, especialmente en sectores de menores recursos.

En respuesta a estas limitaciones, los hogares han incorporado mecanismos para optimizar el acceso y almacenamiento del recurso. El uso de tanques se incrementó de 30.8% a 92.1%, mientras que la utilización de mangueras y tuberías pasó de 45.5% a 88.6%, reduciendo la necesidad de acarreo manual. Asimismo, la frecuencia de compra disminuyó, concentrándose mayoritariamente en una vez por semana, aunque esta tarea continúa demandando tiempo, alrededor de 40 minutos, y recae principalmente en las mujeres.

El estudio también evidencia la magnitud del desafío para cerrar la brecha de acceso. En Lima y Callao, más de 700 mil personas aún no cuentan con conexión a la red, y se estima que Sedapal requeriría más de S/ 64 mil millones para atender esta demanda, mientras que a nivel nacional la inversión necesaria asciende a aproximadamente S/ 138 mil millones.

Estudio técnico SUNASS: Vivir sin agua potable: ¿cómo se abastecen de agua los hogares de las zonas periurbanas de Lima y Callao?

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La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) asumió la titularidad del proyecto “Servicios de Saneamiento en la Ciudad de Iquitos (PTAR Iquitos)”, una iniciativa estimada en US$ 320 millones que será desarrollada bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) y que beneficiará a más de 450 mil personas con la reducción de la contaminación de los ríos Nanay, Itaya y Amazonas, además de habilitar oportunidades de reúso de aguas tratadas.

La transferencia se formalizó mediante un convenio de delegación de facultades suscrito con la Municipalidad Provincial de Maynas, que encarga a ProInversión la conducción integral del proyecto en las fases de formulación, estructuración, transacción y ejecución contractual, conforme a la Ley n° 32441 y su reglamento.

El proyecto, actualmente en fase de formulación, contempla la construcción de infraestructura de tratamiento de aguas residuales, redes primarias de alcantarillado, estaciones de bombeo y un monorrelleno, con el objetivo de mejorar la cobertura y calidad del servicio en los distritos de Iquitos, Belén, Punchana y San Juan Bautista.

Desde la perspectiva de inversión, el encargo a ProInversión busca dotar al proyecto de mayor predictibilidad, estandarización y eficiencia en su estructuración, elementos clave para atraer el interés de operadores especializados e inversionistas en infraestructura de saneamiento.

El desarrollo del PTAR Iquitos forma parte de la estrategia del Gobierno para cerrar brechas de infraestructura mediante el modelo APP, en línea con el enfoque APP 5.0, orientado a acelerar la ejecución de proyectos con mayor articulación institucional y participación privada.

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El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) anunció la Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050, instrumento de planificación de largo plazo que establece lineamientos, objetivos y acciones para garantizar el acceso universal a servicios de agua y saneamiento, y que servirá como marco para la toma de decisiones y la orientación de la inversión pública en el sector.

Su elaboración se desarrolló bajo la metodología del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), con participación articulada de nueve sectores del Ejecutivo —Vivienda, Salud, Educación, Ambiente, Desarrollo e Inclusión Social, Economía, Desarrollo Agrario y Riego, Trabajo y la Presidencia del Consejo de Ministros—, así como de entidades como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), SUNASS y OTASS, contando además con el apoyo de la cooperación internacional, entre ella la cooperación alemana implementada por la GIZ, Suiza a través del proyecto PROAGUA y el acompañamiento de la Unión Europea.

Este instrumento constituye el primer esfuerzo multisectorial de planificación integral del sector con horizonte al 2050, orientado a mejorar la eficiencia en la asignación de recursos y fortalecer la articulación entre niveles de gobierno e instituciones vinculadas a la gestión del agua y saneamiento.

En el país, persisten brechas significativas en el acceso a servicios adecuados, especialmente en zonas rurales y periurbanas, lo que incide en condiciones de salud, desarrollo y calidad de vida de la población. Frente a ello, la política establece un conjunto de acciones dirigidas a mejorar la disponibilidad y confiabilidad de las fuentes de agua, optimizar la infraestructura y fortalecer la gestión de los servicios.

El enfoque adoptado permite intervenir de manera integral en toda la cadena del servicio, desde la gestión de los recursos hídricos hasta la distribución y uso eficiente, incorporando además criterios territoriales que reconocen la diversidad de realidades del país y la necesidad de soluciones diferenciadas.

El lanzamiento de la política se enmarca en el proceso denominado “Camino al III Foro Unidos por el Agua y el Saneamiento”, espacio que busca articular esfuerzos entre el Estado, la cooperación internacional y otros actores vinculados al sector, así como posicionar al país en la agenda internacional de gestión sostenible del agua.

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