El análisis evidencia que, si bien existen diferencias en el enfoque y nivel de desarrollo de las iniciativas, la mayoría de candidaturas coincide en la necesidad de cerrar brechas de infraestructura, elevar la calidad de la inversión pública y reforzar la planificación territorial. En varios casos, se prioriza la reactivación de proyectos, la simplificación de procesos administrativos y la promoción de la inversión privada, mientras que otros ponen mayor énfasis en el rol del Estado, la descentralización y la redistribución de recursos.

En materia de vivienda y desarrollo urbano, los planteamientos abarcan desde la expansión de programas habitacionales y el acceso al crédito, hasta la actualización de instrumentos de planificación y la mejora de condiciones en zonas vulnerables. En transporte se prioriza la conectividad vial, especialmente en áreas rurales, así como el impulso a infraestructura logística. Por su parte, en agua y saneamiento se identifican iniciativas orientadas tanto a la ampliación de cobertura como a la gestión de recursos hídricos.

En conjunto, estas propuestas permiten identificar tendencias, coincidencias y vacíos en la agenda sectorial, ofreciendo un marco de referencia para el debate técnico y la toma de decisiones en los próximos años. Su revisión comparada resulta relevante para evaluar la viabilidad de las medidas consideradas, su alineamiento con las necesidades del país y su potencial impacto en la actividad constructora y el desarrollo territorial. Cabe precisar, que los contenidos han sido elaborados a partir de la revisión directa de los planes de gobierno presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones, manteniendo una redacción sustancialmente fiel a los documentos originales, con ajustes únicamente orientados a la síntesis y organización de la información.

A continuación, se presenta la relación de planes de gobierno vinculados al sector construcción de los candidatos presidenciales y sus partidos políticos en contienda (ordenados alfabéticamente), que hasta el domingo 5 de abril figuraban entre los primeros en las preferencias electorales.

AHORA NACIÓN | Candidato presidencial: Pablo Alfonso López Chau Nava

FUERZA POPULAR: PERÚ CON ORDEN | Keiko Sofía Fujimori Higuchi

JUNTOS POR EL PERÚ | Roberto Helbert Sánchez Palomino

PARTIDO CÍVICO OBRAS | Ricardo Pablo Belmont Cassinelli

PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | Jorge Nieto Montesinos

PARTIDO PAÍS PARA TODOS | Carlos Gonsalo Álvarez Loayza

RENOVACIÓN POPULAR | Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla

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Candidato presidencial: Pablo Alfonso Lopez Chau Nava
Primera vicepresidencia: Luis Alberto Villanueva Carbajal
Segunda vicepresidencia: Ruth Zenaida Buendia Mestoquiari

El plan de gobierno 2026–2031 del partido Ahora Nación, liderado por el candidato Alfonso López Chau, plantea un conjunto de medidas orientadas a atender las principales brechas del sector construcción, con énfasis en vivienda, infraestructura de agua y saneamiento y transporte. A partir de un diagnóstico que identifica altos niveles de informalidad urbana, limitada planificación territorial, déficits en infraestructura básica y problemas de gestión en la inversión pública, se proponen intervenciones vinculadas al ordenamiento urbano, la articulación de inversión pública y privada, el fortalecimiento institucional y la ejecución de proyectos de conectividad e infraestructura a nivel nacional.

Vivienda

En materia de vivienda, se advierte que el crecimiento urbano en el país se ha producido de manera mayoritariamente informal y desordenada, alcanzando el 93% en las últimas décadas, mientras que solo el 15% de los municipios cuenta con Planes de Desarrollo Urbano y menos del 10% de los proyectos de inversión urbana se alinean a estos instrumentos, lo que deriva en ciudades con limitaciones en infraestructura, equipamiento y servicios. Frente a esta situación, se propone que cada ciudad y centro poblado crezca sobre la base de un plan, mediante la elaboración, financiamiento e implementación de Planes de Desarrollo Urbano, acompañados de asistencia técnica a los gobiernos locales. Asimismo, se plantea alinear las inversiones públicas y privadas a dichos planes, financiar infraestructura urbana a través de mecanismos como Obras por Impuestos, reubicar progresivamente a las familias en zonas de riesgo no mitigable y desarrollar nuevas ciudades como polos de desarrollo cercanos a zonas productivas.

De igual manera, se identifica una insuficiente oferta de vivienda formal frente al déficit habitacional, en un contexto donde el presupuesto público resulta limitado para atender la demanda. Ante ello, se plantea cerrar la brecha mediante soluciones que articulen inversión pública, participación privada y mecanismos como asociaciones público-privadas, Obras por Impuestos y el uso del canon y sobrecanon. En ese marco, se propone rediseñar el Plan Nacional de Vivienda, ampliar programas como Techo Propio, CSP, AVN y Vivienda Rural, mejorar el confort térmico en zonas altoandinas y promover proyectos de vivienda social mediante APP y Proyectos en Activos. Como metas, se plantea la ejecución de 50,000 viviendas sociales y el financiamiento de 10,000 viviendas con recursos del canon.

Asimismo, se reconoce una alta informalidad predial urbana, que alcanza aproximadamente al 45.8% de los hogares, lo que limita la seguridad jurídica. Frente a ello, se plantea garantizar la titulación mediante la ampliación de programas de formalización, simplificación de procesos, uso de herramientas digitales y convenios interinstitucionales, con metas como la entrega de 500,000 títulos de propiedad urbana.

Transporte

En el componente de transporte, el plan identifica tres problemas principales: el crecimiento de la brecha en infraestructura vial vecinal, una movilidad urbana insostenible e insegura y la falta de transparencia y sostenibilidad en la gestión de inversiones, además de la ausencia de un enfoque intermodal logístico.
En relación con la infraestructura vial vecinal, se señala que el país cuenta con más de 120 mil km de vías vecinales, de las cuales solo el 2.3% está pavimentado, existiendo además 26,398 km en estado crítico que requieren intervención integral mediante expedientes técnicos. Esta situación limita la conectividad, incrementa los costos logísticos y restringe el acceso a servicios.

Frente a ello, se propone implementar un Programa Nacional de Caminos Vecinales, garantizar una asignación anual de S/ 2,500 millones para mantenimiento, elaborar el 100% de expedientes técnicos para vías críticas, fortalecer capacidades de gobiernos locales y establecer sistemas de monitoreo en tiempo real. Asimismo, se plantea el desarrollo del eje ferroviario Barranca–Lima–Ica mediante Asociaciones Público-Privadas.

En cuanto a la movilidad urbana, se identifica un sistema caracterizado por informalidad, congestión y alta siniestralidad, con más de 87,000 accidentes anuales. Frente a ello, se propone implementar un Sistema Integrado de Transporte, fortalecer la Autoridad de Transporte Urbano, impulsar proyectos como la Línea 2 del Metro, las Líneas 3 y 4, la ampliación de la Línea 1, sistemas BRT y teleféricos, así como promover APP para el desarrollo de infraestructura y renovar el parque automotor hacia tecnologías limpias.

Por otro lado, se identifica la falta de un enfoque intermodal, con una brecha de infraestructura superior a los 100 mil millones de dólares y altos costos logísticos. Frente a ello, se propone desarrollar un sistema de transporte intermodal que integre los modos vial, ferroviario, portuario y aéreo, promover plataformas logísticas, modernizar el sistema ferroviario, consolidar el desarrollo portuario y mejorar la red vial y aeroportuaria.
Finalmente, se reconoce la falta de transparencia y sostenibilidad en la ejecución de inversiones, evidenciada en la existencia de obras paralizadas y deficiencias en la gestión pública. Frente a ello, se plantea implementar un modelo de gestión basado en la digitalización, el control en tiempo real, la transparencia de la información, la mejora de contratos y la reactivación de proyectos paralizados, con metas orientadas a garantizar eficiencia, sostenibilidad y reducción de la corrupción en el sector.

Agua y saneamiento

En cuanto al acceso al agua y saneamiento, se identifican problemas vinculados a la ineficiencia en la gestión del servicio y la baja inversión en el sector, reflejados en Empresas Prestadoras de Servicios con pérdidas operativas y altos niveles de agua no facturada, así como un déficit de inversión superior a los 15,000 millones de dólares. Frente a esta situación, se plantea implementar un Plan Nacional de Cierre de Brechas Hídricas que contemple la construcción, rehabilitación y ampliación de plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales, la priorización de intervenciones en ciudades con baja cobertura y la reactivación de obras paralizadas mediante esquemas de cofinanciamiento.

Asimismo, se reconoce un limitado acceso al agua en zonas rurales y una alta vulnerabilidad frente a eventos climáticos. En ese contexto, se propone ampliar el acceso mediante soluciones innovadoras como plantas modulares, captación de agua de lluvia y desalinización, así como la implementación del “Programa Nacional de Agua que Cuida la Vida”, que incluye el uso de cisternas y plantas móviles de potabilización. Estas acciones se complementan con el fortalecimiento de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento y la mejora en la gestión del sistema para asegurar su sostenibilidad.

VER PLAN DE GOBIERNO DE AHORA NACIÓN

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Candidata presidencial: Keiko Sofia Fujimori Higuchi
Primera vicepresidencia: Luis Fernando Galarreta Velarde
Segunda vicepresidencia: Miguel Angel Torres Morales

El plan de gobierno 2026–2031 de Perú con Orden, antes Fuerza Popular, plantea un conjunto de medidas orientadas a atender las principales brechas del sector construcción, con énfasis en vivienda, formalización predial y acceso a servicios básicos. A partir de un diagnóstico que identifica altos niveles de informalidad, limitaciones en la planificación urbana y deficiencias en infraestructura de agua y saneamiento, se proponen intervenciones vinculadas al fortalecimiento institucional, la incorporación de tecnología y la ejecución de proyectos a gran escala, tanto mediante inversión pública como privada.

VIVIENDA

La construcción de vivienda en el Perú presenta escasa incorporación de nuevas tecnologías. Predomina la autoconstrucción sin asistencia técnica: la edificación informal comprende cerca del 70% de las viviendas construidas en el país; sin embargo, su aporte económico solo equivale al 25% del valor total del mercado. En contraste, el 30% de las viviendas que cumplen con estándares formales concentra el 75% del valor inmobiliario nacional.

Esta diferencia evidencia no solo una brecha económica, sino también un grave riesgo en términos de seguridad, ya que las construcciones informales son las más vulnerables frente a desastres naturales como sismos, inundaciones o erupciones volcánicas. Viviendas levantadas en áreas no aptas, sin criterios técnicos y con materiales deficientes se convierten en una amenaza constante para la vida y el patrimonio de miles de familias peruanas (CAPECO, 2025).

Asimismo, las técnicas de construcción sostenible, como el uso de materiales ecoeficientes o energías renovables domésticas, tienen poca penetración. De igual manera, la digitalización en la gestión urbana y catastral es limitada, ya que solo 2 de cada 10 distritos cuenta con información catastral.

Formalización predial en crisis

Según una publicación del CEPLAN en diciembre de 2023, pese a los avances registrados entre 2012 y 2023 en la inscripción de títulos de propiedad en el Perú, el proceso continúa mostrando serias limitaciones para cerrar la brecha de formalización predial. Si bien el acumulado llegó a 720,534 títulos inscritos al cierre de 2023, frente a los 81,183 en 2012, este avance resulta insuficiente frente a la demanda nacional y evidencia un ritmo de formalización que aún no responde a la magnitud del problema (CEPLAN, 2023).

Al observar la evolución anual, se evidencia una desaceleración en el crecimiento. Tras los incrementos de 2013 (102 %) y 2014 (56 %), el crecimiento cayó a 25 % en 2015, se redujo a niveles cercanos al 14 % entre 2016 y 2018, y descendió aún más entre 2019 y 2021, fluctuando entre 4 % y 6 %. Aunque en 2022 se registró un repunte (12 %), en 2023 la tendencia volvió a disminuir hasta un 7 %.

En ese sentido, los resultados muestran un avance insuficiente y una tendencia de desaceleración, evidenciando que la formalización de la propiedad continúa siendo una tarea inconclusa que requiere una intervención más ambiciosa, coordinada y sostenida.

Obstáculos en el sector construcción y vivienda

El sector construcción tiene un potencial importante para impulsar la reactivación económica; sin embargo, enfrenta obstáculos significativos en materia de trámites. Según la encuesta de empresas más reciente, el tiempo mediano para obtener un permiso de construcción en el Perú es de aproximadamente 161.7 días, es decir, más de cinco meses, lo que desincentiva la inversión privada (IFC, 2023).

Por otro lado, los programas de crédito hipotecario están limitados por la informalidad laboral, pues más del 70% de la población económicamente activa no tiene un empleo formal, situación que restringe el acceso al financiamiento y empuja a muchas familias hacia la autoconstrucción o mecanismos informales.

Propuestas

Planificación urbana sostenible e inteligente. Se propone la construcción de 1.25 millones de viviendas y departamentos nuevos a nivel nacional, mediante inversión pública, privada y asociaciones público-privadas, priorizando zonas con acceso a servicios básicos. Asimismo, se plantea el establecimiento de planes urbanos integrales obligatorios en todas las ciudades, junto con la implementación de un Sistema Nacional de Información Catastral y Urbana interoperable con COFOPRI, SUNARP y las municipalidades. La propuesta incorpora infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza, así como el desarrollo de ciudades inteligentes en terrenos estatales. De manera complementaria, se contempla la creación de un sistema de información habitacional en tiempo real, la ejecución de programas de renovación urbana en barrios tradicionales y el desarrollo de polos urbanos articulados al empleo y la conectividad territorial.

Vivienda digna y acceso equitativo. Se plantea la ampliación de programas como Techo Propio, MiVivienda y Vivienda Rural, así como el fortalecimiento del bono de alquiler y compra para jóvenes. También se considera la modernización del Fondo Hipotecario Verde y la implementación de un Programa Nacional de Viviendas Seguras. La propuesta incluye la reubicación de familias en zonas de alto riesgo, la implementación de casas térmicas en comunidades altoandinas y la aplicación de tarifas sociales para adultos mayores. Asimismo, se contempla la creación de un Fondo de Garantía para Techo Propio, el restablecimiento del quinto rango del Nuevo Crédito MiVivienda y la canalización de recursos del canon para el financiamiento de vivienda social.

Formalización y control territorial. Se propone la implementación del programa “Mi Título, Mi Hogar Seguro” y el fortalecimiento de COFOPRI como entidad encargada de la titulación. A ello se suma la creación de una Agencia Nacional de Gestión de Suelo, el establecimiento de un Sistema Nacional de Prevención y Combate del Tráfico de Terrenos, articulado con SUNARP, gobiernos locales y una policía especializada, con georreferenciación, alertas tempranas y sanciones inmediatas, así como una mayor seguridad jurídica en el suelo y en la ejecución de obras.

Asimismo, se incluye el impulso de Operadores Privados de Suelo bajo regulación estatal, el uso estratégico de predios del Estado para vivienda social, la construcción de complejos habitacionales integrales y la creación del Instituto de Desarrollo y Planificación Territorial (INDEPLAN). Finalmente, se plantea el uso intensivo de mecanismos como Proyectos en Activos, Obras por Impuestos (OxI) y Asociaciones Público-Privadas (APP).

Primeros 100 días

Se plantea el lanzamiento del programa “Mi Título, Mi Hogar Seguro”, mediante la Ventanilla Única de Formalización con inteligencia artificial para simplificar trámites. Asimismo, se contempla la reactivación del programa Techo Propio con un bono reforzado que aumentará hasta en 50% la ayuda estatal, y el inicio de la designación de terrenos estratégicos junto con acuerdos para el desarrollo de ciudades inteligentes.

Principales metas e indicadores

Se establece como meta reducir en 30% el déficit habitacional nacional, garantizar vivienda adecuada para 1.25 millones de peruanos vulnerables y emitir 1 millón de títulos de propiedad digitales, medidos a través de indicadores asociados a reducción del déficit, beneficiarios de programas y número de títulos emitidos.

AGUA Y SANEAMIENTO

La expansión urbana desordenada ha generado barrios sin agua potable, alcantarillado ni energía eléctrica segura. Según información del INEI, en el año móvil de octubre de 2022 a setiembre de 2023, el 23.1 % de la población —equivalente a 7 millones 479 mil 300 personas— no accede al sistema de red de alcantarillado (INEI, 2023). Asimismo, en lo referente al acceso al servicio de agua potable, si bien 9 de cada 10 personas acceden a ese servicio, lo cierto es que 3.5 millones de personas no cuentan con acceso al agua; de los cuales cerca de 2 millones se ubican en cuatro regiones: Lima (798,348), Loreto (457,179), Puno (457,118) y Piura (231,849) (El Peruano, 2023). Ello implica que, en el mismo periodo, el 10.9 % de la población no accede a servicios de agua por red pública (INEI, 2023).

Las cifras expuestas reflejan la problemática vinculada a la deficiente gestión de los gobiernos de turno. En este escenario, los gobiernos locales juegan un papel decisivo, ya que han dejado de ejecutar los recursos asignados para saneamiento durante el 2023. Aunque el total no invertido en este sector a nivel nacional fue de S/ 2,329 millones, los gobiernos locales dejaron de utilizar S/ 2,147 millones, lo que representa prácticamente la totalidad del monto no ejecutado, siendo que las menores gestiones correspondieron a Pasco, Áncash y Piura (ComexPerú, 2024).

Diagnóstico

Existe desigualdad territorial y deficiencias en la infraestructura de agua y saneamiento. La cobertura urbana de agua potable alcanza el 89%, pero en el área rural apenas llega al 79%. Es preciso mencionar que el indicador disminuye en el caso de la población que consume agua proveniente de red pública las 24 horas del día, específicamente hasta el 60% a nivel nacional. En alcantarillado, la cobertura nacional es de 77%, con grandes desigualdades territoriales: mientras que en el Callao alcanza el 95%, regiones amazónicas como Madre de Dios, Ucayali y Loreto no superan el 50% (INEI, 2023).

La infraestructura existente enfrenta serios problemas: más del 40% de las plantas de tratamiento de agua potable presenta deficiencias técnicas, y el 50% de las plantas de tratamiento de aguas residuales no funciona adecuadamente (MVCS, 2023). Además, los sistemas rurales gestionados por juntas administradoras (JASS) operan con baja capacidad técnica y escaso financiamiento.

El uso de tecnología y la gestión digital en el tratamiento y potabilización del agua es limitado. El uso de tecnologías modernas en potabilización, reutilización y tratamiento de aguas residuales es aún reducido. Solo el 25% de las aguas residuales recolectadas recibe tratamiento adecuado antes de ser vertidas en ríos o mares (SUNASS, 2023), lo que agrava la contaminación ambiental.

De las 171 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) operativas en el país, aproximadamente la mitad presenta deficiencias operativas significativas. En particular, el 51 % de estas plantas se ubica a menos de 500 metros de zonas residenciales, y el 48 % registra lagunas colmatadas con lodos, lo que limita su eficiencia y genera riesgos sanitarios y ambientales (SUNASS, 2022).

Las soluciones de potabilización alternativas, como plantas modulares, captación de agua de lluvia o desalinización, aún son incipientes y poco escaladas en zonas rurales y periurbanas. Asimismo, las EPS carecen de sistemas digitales de gestión y monitoreo en tiempo real, lo que impide controlar fugas, medir la calidad del agua y planificar mantenimientos.

La falta de acceso seguro al agua genera alta vulnerabilidad sanitaria frente al cambio climático. La falta de acceso a agua potable y saneamiento adecuado está vinculada a altos índices de anemia y desnutrición infantil. Según el MINSA (2023), el 30% de enfermedades diarreicas agudas en niños menores de 5 años se asocia al consumo de agua no segura o a la deficiente disposición de excretas.

Según la OMS, alrededor del 80 % de las enfermedades infecciosas, parasitarias y gastrointestinales, así como una tercera parte de la tasa de mortalidad global, se relacionan con el uso y consumo de agua insalubre. En el caso del Perú, los problemas de acceso al agua y saneamiento básico impactan directamente en la salud y el bienestar de la población, especialmente en la prevalencia de enfermedades diarreicas agudas, que contribuyen significativamente a la desnutrición infantil y representan una de las principales causas de mortalidad en la niñez (OMS, 2022; INEI, 2020).

Además, el cambio climático y fenómenos como El Niño afectan la disponibilidad de agua y generan emergencias sanitarias recurrentes en la costa norte y la Amazonía. Muchas localidades carecen de planes de contingencia hídrica y reservas estratégicas, lo que agrava la vulnerabilidad ante sequías, huaicos o inundaciones.

Se evidencia ineficiencia y baja inversión en el servicio de agua y saneamiento. Las EPS, responsables del servicio en zonas urbanas, presentan serios problemas de gestión y eficiencia: el 45% opera con pérdidas, y las fugas y conexiones clandestinas generan pérdidas de agua superiores al 35% del volumen producido (SUNASS, 2023).

La inversión en el sector es insuficiente: el déficit estimado para alcanzar la cobertura universal de agua y saneamiento al 2030 supera los USD 15,000 millones (Banco Mundial, 2023). Sin embargo, la ejecución presupuestal del MVCS y gobiernos regionales ha sido baja, evidenciándose que en 2023 no se ejecutó más del 70% del presupuesto en varios proyectos emblemáticos (MEF, 2023).

El marco normativo tampoco facilita suficientemente la participación del sector privado, que podría contribuir mediante concesiones, APP y microfinancieras rurales para proyectos de agua potable y tratamiento.

Propuestas

La cobertura, infraestructura y tratamiento de agua buscan cerrar brechas y mejorar el acceso al servicio. Se propone la reducción de la brecha de cobertura de agua potable continua y alcantarillado, con énfasis en áreas rurales y amazónicas, así como la implementación de un Plan Nacional de Cierre de Brechas Hídricas.

Asimismo, se plantea la construcción, rehabilitación y ampliación de Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), priorizando zonas de baja cobertura, incluyendo la implementación de PTAR en ciudades como Tacna, Trujillo, Cusco, Arequipa, Huancayo, Cajamarca, Tarapoto y Chincha.

La propuesta contempla también la reactivación de obras paralizadas con más del 50% de avance, el escalamiento de soluciones innovadoras como plantas modulares, captación de agua de lluvia y desalinización, así como la implementación del “Programa Nacional de Agua que Cuida la Vida”, que incluye distribución mediante cisternas y plantas móviles para 2 millones de personas, además del cambio de redes para reducir pérdidas de agua.

Se incluye la instalación de reservas estratégicas de agua potable en regiones expuestas a sequías o huaicos, vinculadas a planes de contingencia hídrica regionales.

La gestión institucional, eficiencia y sostenibilidad buscan mejorar la prestación del servicio. Se plantea el aseguramiento de la prestación como servicio público esencial, con supervisión del Estado y participación de las JASS fortalecidas técnica y financieramente.

Asimismo, se propone la reforma del modelo de gestión de las EPS, incorporando planes de sostenibilidad financiera, profesionalización de equipos técnicos y reducción de pérdidas operativas.

Se considera el establecimiento de un Sistema Nacional de Asistencia Técnica y Supervisión articulado por OTASS y SUNASS, la implementación de sistemas de monitoreo digital en tiempo real, el fomento de APP y Obras por Impuestos, la creación de un Fondo Nacional de Garantías y la promoción de la participación de cooperativas y microfinancieras rurales.

Además, se plantea la creación de mecanismos de control ciudadano mediante comités de usuarios para la vigilancia del servicio.

La innovación, reúso y cultura del agua buscan optimizar el uso del recurso y promover sostenibilidad. Se propone la incorporación de tecnologías de reúso de aguas residuales tratadas para riego agrícola e industrial, así como el desarrollo del “Programa Nacional de Agua que Cuida la Vida” enfocado en zonas rurales, con kits de purificación, cloración simplificada y energías renovables.

También se plantea la implementación de plantas de residuos sólidos en Arequipa, Ucayali y Tacna, junto con la ejecución de campañas masivas de educación sanitaria y cultura del agua dirigidas a escuelas y comunidades rurales.

Primeros 100 Días

Se plantea la puesta en marcha del “Programa Nacional de Agua que Cuida la Vida”, dirigido a garantizar el acceso inmediato a agua potable segura para poblaciones rurales, altoandinas y periurbanas en situación crítica. Asimismo, se propone la reactivación de obras de agua y saneamiento con más del 50% de avance, priorizando regiones con mayor déficit, y el inicio del Sistema Nacional de Monitoreo Digital del Agua, con sensores en tiempo real para controlar la calidad, detectar fugas y emitir alertas tempranas en las principales EPS y en SEDAPAL.

Principales metas e indicadores

Se establece como meta alcanzar el 100% de cobertura nacional de agua potable y alcantarillado, priorizando zonas rurales y periurbanas; lograr que el 60% de las EPS operen con sostenibilidad financiera y monitoreo digital en tiempo real; y reutilizar al menos el 55% de las aguas residuales tratadas para riego agrícola e industrial.

VER PLAN DE GOBIERNO DE PERÚ CON ORDEN, antes Fuerza Popular

La entrada Plan de gobierno 2026–2031: propuestas para el sector construcción de Fuerza Popular (Keiko Fujimori) se publicó primero en Construcción y Vivienda - Noticias.

Candidato presidencial: Roberto Helbert Sanchez Palomino
Primera vicepresidencia: Analí Márquez Huanca
Segunda vicepresidencia: Brigida Curo Bustincio

El conjunto de propuestas plantea una reconfiguración del proceso de descentralización y del rol de los gobiernos subnacionales, con énfasis en el fortalecimiento de sus capacidades fiscales, institucionales y de gestión, así como en la mejora de los mecanismos de coordinación y control. En este marco, se abordan aspectos vinculados a la generación y distribución de ingresos, la definición de responsabilidades de gasto, el desarrollo de capacidades, la integridad pública y la planificación territorial, incorporando además instrumentos de seguimiento, evaluación e incentivos orientados a asegurar resultados en la implementación de la política de regionalización.

Vivienda

Según el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), la informalidad de la propiedad predial en posesiones urbanas del Perú mostró una tendencia descendente en el periodo 2016-2024, reduciéndose del 50,4% al 44%¹¹. Como se puede apreciar, el nivel de informalidad supera el 40%, lo cual evidencia una brecha por superar.

Asimismo, respecto a la generación de viviendas, Espinoza y Fort (2020b) señalan que la producción anual de vivienda en el país se distribuye de la siguiente forma: el 23% corresponde a vivienda convencional financiada con crédito hipotecario tradicional sin subsidios; un 7% se desarrolla mediante el Nuevo Crédito Mi Vivienda (NCMV); y solo un 4% se construye a través del programa Techo Propio en su modalidad AVN. Estos datos evidencian que los programas de vivienda de interés social representan una proporción muy reducida dentro de la oferta total de nuevas viviendas.

En atención a este déficit habitacional, se realizarán las siguientes acciones: impulsar la incorporación del derecho a la vivienda digna, segura y en un entorno seguro en la nueva Constitución; asimismo, impulsar la participación del Banco de la Nación en préstamos para la construcción y créditos hipotecarios. De igual manera, se plantea la construcción de viviendas con tecnología nacional adecuadas para zonas afectadas por las heladas, friaje e inundaciones, así como la construcción de viviendas sociales y la creación de conjuntos habitacionales para poblaciones vulnerables.

Adicionalmente, se propone crear el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, así como el Centro de Innovación Nacional para el desarrollo de propuestas en construcción, saneamiento y energías renovables, y el Laboratorio Urbano Nacional – Ideas para un desarrollo urbano con justicia social. Asimismo, se plantea reubicar a poblaciones de alta vulnerabilidad y la creación del programa de asistencia técnica a la zona rural, urbano marginal a nivel nacional en ingeniería y arquitectura para egresados, titulados y colegiados.

Agua y saneamiento

Protección del agua en defensa de la vida. En relación con la ausencia de una planificación integral sobre el uso del agua y manejo de los territorios, se señala que los consorcios mineros, industriales y agroexportadores han logrado el control de los derechos de agua a través de los comités o secciones de agua de la Sociedad Nacional de Minería, la Sociedad Nacional de Industrias y la Asociación de Agroexportadores. La influencia y la presión política han logrado que se den normas y regulaciones que favorecen principalmente a estos sectores. El uso del agua tiene influencia en el 41% del PBI nacional y del 39% del empleo formal.

En ese contexto, se plantea que retomar el control de la planificación del desarrollo y las regulaciones del mercado implica también entender la relación del desarrollo sostenible con los niveles de seguridad hídrica y la conservación de los ecosistemas. Por ello, la relación entre la planificación del agua y la planificación del territorio para conseguir el desarrollo sostenible es fundamental, lo que implica también retomar el control de la gestión del agua en favor de las políticas públicas que favorezcan a los sectores más pobres o excluidos. Para ello, se implementarán medidas orientadas a garantizar el acceso al agua y las actividades productivas de los sectores más pobres, como restingas y bajiales en selva, siembra y cosecha de agua en zonas altas, agricultura familiar y acceso al agua y saneamiento. Asimismo, se plantea articular los planes territoriales de los gobiernos regionales y locales con los Planes de Gestión de Recursos Hídricos, para una efectiva descentralización, así como implementar los Planes de Gestión de Recursos Hídricos de las cuencas con orientación al desarrollo del territorio.

Abuso en el uso del agua. Se señala que la gran minería, la industria en general y la industria de bebidas se han beneficiado de las inversiones del Estado para darles seguridad hídrica, mientras que el pago que realizan al Estado como retribución económica por el uso del agua es muy bajo, en contraste con la alta rentabilidad del recurso. En ese sentido, se precisa que la minería paga por m³ de agua 0.101 US$ y obtiene un precio bruto por cada m³ de agua de 120 US$; la industria de bebidas paga 0.079 US$ por cada m³ y obtiene 207 US$; y la agricultura de exportación paga 0.001 US$ por metro cúbico y obtiene 12.24 US$.

Frente a esta situación, se plantea que el agua debe servir para redistribuir la riqueza a través de subsidios cruzados en las cuencas, de modo que quien obtiene mayores ganancias con su uso financie la seguridad hídrica y el desarrollo de los sectores más vulnerables. En ese sentido, se propone rediseñar los instrumentos económicos y financieros para que consideren los objetivos de desarrollo sostenible en cada cuenca, teniendo en cuenta los efectos distributivos del agua; mejorar la retribución económica, con énfasis en el valor del agua cruda, especialmente en las cuencas que sufren mayor estrés hídrico, de tal manera que se puedan desarrollar subsidios cruzados; establecer un Fondo de Agua para implementar proyectos de conservación de los ecosistemas productores de agua; establecer el canon hídrico, de modo que los usuarios que consigan mayor rentabilidad con el uso del agua financien la seguridad hídrica en las cuencas; e invertir en soluciones conjuntas de restablecimiento de la capacidad productora y reguladora de agua de los ecosistemas, como forestación y reforestación, repoblamiento de pradera andina y almacenamiento, para incrementar la seguridad hídrica y la capacidad de resiliencia.

De otro lado, si bien la legislación de recursos hídricos establece la protección de las cabeceras de cuenca —zonas donde precipita el agua y se inicia el ciclo hidrológico—, bajo presión de la Sociedad Nacional de Minería se ha regulado definiendo la cabecera de cuenca como el río de primer orden, tergiversando el concepto original. Esto ha dado lugar a la desprotección de las zonas productoras de agua, permitiendo incluso la instalación de relaveras en cauces de ríos o el desvío de ríos para la extracción de mineral.

Asimismo, se indica que la Ley de Recursos Hídricos establece la prioridad de uso solo para el uso poblacional y luego los usos productivos, lo que ha generado presiones para priorizar a grandes consorcios mineros, industriales o agroexportadores, en desmedro de la agricultura familiar, que es la que garantiza la seguridad alimentaria. En ese sentido, se plantea que la prioridad en el uso del agua debe reforzar las políticas públicas de abastecimiento universal de agua potable, seguridad alimentaria, desarrollo energético y fortalecimiento de economías colectivas como comunidades campesinas y cooperativas, considerando el agua como elemento impulsor de cambios económicos y sociales con protección ambiental.

De igual manera, se señala que, para que la Autoridad Nacional del Agua pueda implementar políticas hídricas integradoras, debe contar con autonomía económica y administrativa y no depender de un sector productivo. Para ello, se propone restablecer las condiciones de intangibilidad de cabeceras de cuenca, glaciares, lagunas y cuerpos de agua; priorizar el uso del agua para consumo humano, agricultura familiar y comunidades campesinas; avanzar en un enfoque holístico e integrado de la gestión del agua que articule sectores y niveles de gobierno y fortalezca el vínculo entre la gestión de recursos hídricos y los servicios de agua y saneamiento; y otorgar autonomía a la Autoridad Nacional del Agua en su rol multisectorial.

VER PLAN DE GOBIERNO DE JUNTOS POR EL PERÚ

La entrada Plan de gobierno 2026–2031: propuestas para el sector construcción de Juntos por el Perú (Roberto Sánchez) se publicó primero en Construcción y Vivienda - Noticias.

Candidato presidencial: Ricardo Pablo Belmont Cassinelli
Primera vicepresidencia: Daniel Hugo Barragán Coloma
Segunda vicepresidencia: Dina Irene Hancco Hancco

El plan de gobierno de Ricardo Belmont, candidato presidencial por el Partido Cívico Obras, presenta los temas de vivienda, agua y transporte de manera transversal, principalmente dentro de la dimensión territorial-ambiental y económica, sin desarrollar capítulos independientes para cada uno. En ese marco, las propuestas se articulan en torno al ordenamiento territorial, la infraestructura pública, la conectividad vial y el acceso a servicios básicos, con énfasis en la planificación urbana, la ejecución de obras y la mejora de condiciones para la actividad productiva.

Vivienda

En la dimensión territorial-ambiental, el plan identifica como problema el crecimiento urbano desordenado y la falta de planificación territorial, lo que incide directamente en la ocupación de zonas de riesgo y en la expansión de las ciudades sin criterios técnicos. Frente a ello, se propone impulsar y financiar la actualización de Planes de Desarrollo Urbano y Planes de Acondicionamiento Territorial en municipalidades. Para el seguimiento de esta medida, se consideran indicadores como el número de municipios con planes actualizados y aprobados, el porcentaje de nuevas licencias de construcción que se ajustan al nuevo plan y la reducción de la ocupación en zonas de riesgo no mitigable. Como metas al 2026, se plantea actualizar y aprobar los planes en 150 municipalidades prioritarias, lograr que el 95% de las nuevas licencias se ajusten al plan y reducir en un 10% la población que vive en zonas de alto riesgo no mitigable.

Asimismo, el plan reconoce la vulnerabilidad de la infraestructura pública ante desastres naturales, lo que también se vincula con las condiciones de edificación y el entorno urbano. En ese contexto, propone aplicar el “Código de Construcción Sismo-Resistente y Criterios de Adaptación Climática” a todas las nuevas obras públicas, considerando indicadores como el porcentaje de obras que incorporan criterios de resiliencia, el número de infraestructuras críticas evaluadas y la inversión en prevención. Como metas, se establece que el 100% de las nuevas obras públicas cumplan el código, evaluar y programar el reforzamiento de 500 infraestructuras críticas y duplicar la proporción del presupuesto destinado a prevención frente a reconstrucción.

Transporte

El plan aborda el transporte principalmente en la dimensión económica, donde identifica como problema la infraestructura vial de penetración y logística local deficiente, que encarece los costos de transporte. Frente a ello, propone ejecutar el “Plan de Caminos Rurales y Vecinales Pavimentados o Afirmados”, priorizado por las Mesas Técnicas de Obra.

Para evaluar esta intervención, se consideran indicadores como los kilómetros de caminos rurales y vecinales intervenidos, la reducción del costo promedio de transporte de productos agrícolas y el número de centros poblados conectados con vías transitables todo el año. Como metas al 2026, se plantea intervenir 10,000 km de caminos rurales y vecinales, reducir en un 25% el costo de transporte en los corredores priorizados y conectar 500 centros poblados aislados.

Agua, saneamiento y energía eléctrica

El plan no desarrolla un bloque específico de agua y saneamiento como servicio público domiciliario dentro de la dimensión territorial-ambiental; sin embargo, sí aborda el acceso a servicios básicos en la dimensión económica. En ese marco, se identifica como problema la excesiva demora y costo para acceder a servicios básicos como agua y electricidad, lo que limita la operación de negocios. Frente a ello, se propone implementar el “Programa de Electrificación y Saneamiento para la Producción”, focalizado en zonas productivas y corredores económicos.

Para su seguimiento, se consideran indicadores como el número de conexiones nuevas de agua y desagüe para MYPES y negocios locales, el número de conexiones de energía eléctrica trifásica y el tiempo promedio para obtener una conexión. Como metas al 2026, se plantea conectar a 50,000 MYPES y negocios a redes de agua y desagüe, instalar 10,000 conexiones de energía trifásica para producción y reducir a 45 días el tiempo máximo para una nueva conexión.

Adicionalmente, en el diagnóstico social se señala que una parte de la población presenta acceso limitado a servicios básicos esenciales como agua potable y desagüe, planteándose como meta reducir este acceso limitado al 3% en cinco años, en el marco de intervenciones que incluyen infraestructura básica y servicios.

VER PLAN DE GOBIERNO DEL PARTIDO CÍVICO OBRAS

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Candidato presidencial: Jorge Nieto Montesinos
Primera vicepresidencia: Susana Flor de María Matute Charún
Segunda vicepresidencia: Carlos David Caballero Leon

El Plan de Gobierno 2026–2031 del Partido del Buen Gobierno cuyo candidato presidencial es Jorge Nieto aborda la dimensión territorial–ambiental como un eje central para el desarrollo del país, articulando propuestas orientadas a la regionalización, la conectividad, la infraestructura y el acceso a vivienda y servicios básicos. En este marco, se plantean lineamientos, objetivos y metas que buscan reducir brechas territoriales, fortalecer la gobernanza multinivel y promover un desarrollo equilibrado entre regiones, incorporando criterios de sostenibilidad, competitividad y cohesión social.

REGIONALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

Al 2031, el Perú cuenta con un sistema de regionalización moderno, eficiente y funcional, basado en territorios articulados y en una gobernanza multinivel sólida. La coordinación entre gobierno nacional, regional y municipal se rige por reglas claras y obligatorias, permitiendo la provisión oportuna de servicios públicos, el desarrollo productivo regional y la reducción de brechas territoriales. La gestión pública regional y local se realiza con altos estándares de profesionalización, integridad y transparencia, garantizando el uso eficiente del gasto fiscal y la inversión pública.

Diagnóstico

Las regiones actuales no responden a dinámicas funcionales ni económicas, reproduciendo límites departamentales históricos. Existen superposiciones de funciones y una coordinación multinivel débil. La capacidad institucional subnacional es limitada: alta rotación, baja profesionalización y escasa meritocracia. La calidad de la inversión pública es insuficiente, con numerosos proyectos paralizados. El sistema fiscal subnacional es inestable, poco predecible y sin incentivos adecuados al desempeño. Persisten brechas territoriales severas y densidad estatal desigual.

Se plantea establecer un sistema de coordinación multinivel vinculante, evitando duplicidades y asegurando una planificación territorial coherente. Asimismo, se propone implementar una reforma integral del sistema fiscal y de transferencias, con mayor autonomía, previsibilidad e incentivos al desempeño. Se busca fortalecer la capacidad institucional regional y local, mediante meritocracia, formación continua y profesionalización. También se plantea promover territorios funcionales y estrategias regionales de desarrollo, basadas en criterios geoeconómicos, de conectividad y especialización productiva. Finalmente, se propone garantizar integridad, transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno.

Lineamientos

Se propone una coordinación multinivel y gobernanza territorial. Para ello se fortalecerá el Consejo de Coordinación Intergubernamental (CCI) como órgano rector de la descentralización, con acuerdos vinculantes y seguimiento de cumplimiento. Asimismo, se plantea crear Agendas Territoriales Multianuales, consensuadas entre niveles de gobierno, con metas e indicadores compartidos. Se incluye la implementación de un Sistema Nacional de Información Territorial, que integre datos de planificación, brechas, inversión, riesgos y estadísticas regionales. También se promueve fomentar mecanismos de cooperación horizontal, como mancomunidades, agencias regionales de desarrollo y consorcios intermunicipales. Finalmente, se plantea establecer modelos base de provisión sectorial para eliminar superposición de funciones.

Con relación al Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) propone transformarlo en un mecanismo de transferencia que promueva equidad y eficiencia, alineado con brechas territoriales y metas de desempeño.

En materia de nuevos ingresos regionales y municipales, se plantea la autonomía parcial para administrar impuestos y tasas propias; asimismo, la coparticipación de ingresos nacionales, como el IGV y la renta, bajo criterios devolutivos y redistributivos. En esa línea, se incluyen transferencias de igualación para territorios con menor capacidad fiscal, así como transferencias condicionadas vinculadas a resultados y a la ejecución de programas.

En cuanto a las responsabilidades de gasto según nivel de gobierno, se propone establecer un marco claro y obligatorio que precise competencias y responsabilidades presupuestales entre los distintos niveles de gobierno, con el fin de ordenar la asignación y uso de los recursos públicos.

Respecto a los nuevos ingresos para gobiernos regionales, se plantea la creación de una sobretasa al impuesto a la renta destinada a financiar proyectos estratégicos regionales; además, se considera la coparticipación del IGV con estructuras de distribución predecibles, junto con transferencias de igualación orientadas al cierre de brechas en infraestructura, capacidades y servicios.

En el eje de fortalecimiento de capacidades institucionales, se propone la creación del Programa Nacional de Profesionalización Subnacional, con certificaciones obligatorias en planificación, inversiones, contrataciones y presupuesto. De igual manera, se plantea impulsar el ingreso progresivo al Servicio Civil (SERVIR) en regiones y municipios. A ello se suma la implementación de un sistema permanente de formación en coordinación con universidades, la ENAP y el sector privado; la conformación de equipos regionales de asistencia técnica para proyectos complejos; y el desarrollo de sistemas de gestión por resultados y evaluación del desempeño institucional.

En relación con la integridad, transparencia y rendición de cuentas, se propone obligar la creación y funcionamiento de Oficinas de Integridad en todos los gobiernos regionales y municipalidades provinciales. Asimismo, se plantea ampliar el uso del control concurrente en proyectos de inversión pública, crear un Registro Único de Obras Paralizadas junto con un sistema de alertas tempranas, y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana vinculante, así como la transparencia presupuestaria.

En el ámbito de territorios funcionales y desarrollo regional, se propone promover la transición hacia macrorregiones funcionales basadas en la conectividad vial, la geografía, las cadenas productivas y la continuidad económico-territorial. Del mismo modo, se plantea elaborar Estrategias Regionales de Desarrollo Productivo orientadas a clústeres, innovación y especialización inteligente, así como impulsar planes territoriales integrados que articulen ciudades, zonas rurales y corredores logísticos.

En cuanto a los mecanismos de seguimiento y evaluación, se establece un Sistema de Seguimiento y Evaluación que articula a la PCM, el MEF, CEPLAN, los gobiernos regionales y las municipalidades, con el objetivo de asegurar la implementación efectiva de la Política de Regionalización. Este sistema permitirá monitorear avances, identificar cuellos de botella y ajustar lineamientos en función del desempeño territorial.

Respecto a los componentes del sistema, se contempla, en primer lugar, el seguimiento trimestral de indicadores clave, mediante el cual la PCM consolidará un tablero con indicadores priorizados como coordinación, capacidades institucionales, inversión, integridad, financiamiento descentralizado y brechas territoriales. Asimismo, se prevén informes anuales de implementación territorial elaborados por la PCM, CEPLAN y el MEF, en los que se evaluarán avances por región y municipalidad, los cuales serán publicados en una plataforma abierta para garantizar transparencia. De igual manera, se incorpora una evaluación de medio término, prevista para 2027, que permitirá analizar el desempeño y el cumplimiento de metas intermedias, así como redireccionar estrategias y ajustar lineamientos fiscales, institucionales y territoriales. Por su parte, se considera una evaluación final, prevista para 2031, orientada a determinar impactos en brechas territoriales, calidad del gasto, capacidades y gobernanza, además de proveer insumos para la Política de Regionalización 2032–2040.

En lo que respecta a las herramientas del sistema, se incluye el Índice Nacional de Desempeño Subnacional, basado en capacidades, integridad, ejecución y servicios; el Sistema Nacional de Información Territorial, que integrará datos de planificación, inversión y brechas; y el Observatorio de Coordinación Multinivel, encargado del seguimiento al CCI, GORE Ejecutivo y MUNI Ejecutivo.

Sobre las responsabilidades institucionales, se establece que la PCM asume la rectoría del sistema, la integración de la información y la emisión de reportes; el MEF se encarga del seguimiento fiscal, el desempeño en inversión pública y las transferencias; CEPLAN asume el seguimiento de la planificación territorial y del PDRC; la Contraloría tiene a su cargo el control concurrente y las auditorías de integridad; mientras que los gobiernos regionales y las municipalidades asumen el reporte trimestral obligatorio de información.

En relación con los mecanismos de incentivos, el sistema incluirá incentivos presupuestales, como un FED ampliado, la priorización de proyectos en el PMI para gobiernos con alto desempeño, así como sanciones y restricciones para aquellos con bajo nivel de cumplimiento.

En materia de participación ciudadana y transparencia, se contemplan reportes públicos trimestrales, la implementación de un Observatorio ciudadano de descentralización y la realización de audiencias públicas anuales para comunicar los avances a nivel regional.

VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

Al 2031, el Perú contará con ciudades y comunidades sostenibles, inclusivas y resilientes, donde la población, especialmente la más vulnerable, accede a vivienda digna, servicios de agua y saneamiento de calidad, y edificaciones seguras, en armonía con el ambiente y el ordenamiento territorial sostenible.

Para ello, se plantea mejorar la efectividad del ordenamiento y la planificación de ciudades y centros poblados. Asimismo, incrementar el acceso a vivienda digna priorizando población en pobreza o vulnerabilidad. También ampliar cobertura y calidad de servicios de agua y saneamiento en áreas urbanas, con sostenibilidad y enfoque inclusivo. Se propone reducir brechas de acceso en zonas rurales, garantizando sostenibilidad y participación comunitaria. Finalmente, garantizar edificaciones seguras, sostenibles y accesibles para toda la población.

Líneas de Acción

En ordenamiento territorial, se plantea el desarrollo de planes urbanos y rurales, regulación de uso de suelo y gestión de riesgos. En acceso a vivienda, se proponen programas de vivienda social, financiamiento inclusivo y regeneración urbana. En servicios de saneamiento urbano, se plantea la modernización de EPS, plantas de tratamiento y gestión integral de aguas residuales. En saneamiento rural, se propone el fortalecimiento de JASS, la innovación tecnológica apropiada y la capacitación comunitaria. En construcción sostenible, se plantea la regulación y fiscalización de edificaciones, así como la promoción de innovación y accesibilidad universal.

Herramientas de seguimiento y evaluación

Se establece un seguimiento anual con revisión de indicadores de OES y AES mediante el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN). Asimismo, una evaluación bienal mediante informe público de avances y brechas, con recomendaciones para ajustar programas. También se contempla auditoría social y transparencia, mediante mecanismos de rendición de cuentas y participación ciudadana. Finalmente, se plantea monitoreo digital a través del Sistema de Información de Agua y Saneamiento (SIAS) y observatorios urbanos.

TRANSPORTE MULTIMODAL 

Al 2031 el Perú es un hub logístico regional y global, articulando Sudamérica y Asia mediante un sistema de transporte multimodal eficiente, sostenible e inclusivo, que reduce los costos logísticos, fortalece la competitividad, mejora la conectividad territorial y garantiza beneficios equitativos para todas las regiones y ciudadanos.

Como misión el gobierno proyecta consolidar un sistema nacional de transporte multimodal moderno, seguro, sostenible y digitalizado, que integre infraestructura vial, ferroviaria, portuaria, fluvial y aérea, articulado con la energía, telecomunicaciones y recursos hídricos, promoviendo la competitividad territorial, la equidad social y la sostenibilidad ambiental.

Para ello se plantea mejorar la infraestructura multimodal para integrar puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles e hidrovías con un enfoque territorial y sostenible. Asimismo, reducir los costos logísticos y tiempos de tránsito, impulsando la competitividad y la atracción de inversiones. También se propone impulsar la digitalización y la logística 4.0, integrando tecnologías de conectividad y gestión inteligente. Se plantea fomentar la sostenibilidad y resiliencia climática en los proyectos de transporte, priorizando infraestructura verde y azul-verde. Asimismo, promover la inclusión social y equidad territorial, garantizando el acceso equitativo a servicios de transporte y logística. Finalmente, fortalecer la gobernanza y capacidades institucionales, especialmente en gobiernos regionales y locales, para asegurar continuidad y eficiencia en la gestión de proyectos.

Líneas de Acción

Se propone culminar proyectos clave de infraestructura estratégica, como Puerto de Chancay, Tren de Cercanías, Anillo Vial Periférico y Proregión II. Asimismo, se plantea fortalecer la conexión territorial mediante corredores logísticos, hidrovías amazónicas, redes viales regionales y proyectos de integración subnacional. También se propone la electromovilidad y energía limpia, con una hoja de ruta nacional de transporte eléctrico y estaciones de carga. En digitalización y conectividad, se plantea la implementación de logística 4.0, plataformas digitales y expansión de banda ancha rural. En gestión sostenible, se consideran evaluaciones socioambientales rigurosas, proyectos con bajo impacto ambiental y reforestación en zonas críticas. Finalmente, en gobernanza y financiamiento, se plantea el fortalecimiento de APP, transparencia en la ejecución de proyectos y participación ciudadana.

Seguimiento y evaluación

La responsabilidad institucional recae en el MTC con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP), en coordinación con CEPLAN, gobiernos regionales y locales. Se establece un monitoreo anual, con reporte de indicadores de cada objetivo estratégico, fichas técnicas estandarizadas y publicación de avances en el portal del MTC. Se contempla una evaluación de medio término en 2028, con análisis de logros, rezagos y recomendaciones para ajustes estratégicos. Asimismo, una evaluación final en 2031 para medir impactos en competitividad, sostenibilidad e inclusión, y su articulación con metas del PEDN 2050. Finalmente, se contemplan mecanismos de transparencia y participación, con informes públicos, audiencias ciudadanas y espacios de concertación territorial para validar avances y prioridades.

VER PLAN DE GOBIERNO DEL PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO

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Candidato presidencial: Carlos Gonsalo Álvarez Loayza
Primera vicepresidencia: María Cristina Chambizea Reyes
Segunda vicepresidencia: Diego Edgar Guevara Vivanco

El plan de gobierno presenta los temas de vivienda, agua y transporte de manera transversal, principalmente en las dimensiones territorial-ambiental y económica. En ese marco, las propuestas se vinculan con el ordenamiento territorial, la infraestructura pública, la conectividad vial y el acceso a servicios básicos, incorporando problemas identificados, objetivos, indicadores y metas asociados a cada ámbito.

Enfoque territorial

El plan reconoce la diversidad como una de las principales herramientas que tiene el Perú para crecer. En ese sentido, plantea que esta diversidad requiere el diseño de acciones con diferenciación regional, priorización de territorios críticos y articulación entre niveles de gobierno, con una demarcación y ordenamiento que contribuya a la unidad del país.

Asimismo, se señala que este enfoque es clave para la seguridad, la infraestructura, la salud y la educación, en la medida en que permite desarrollar intervenciones que entiendan al Perú y a los peruanos, así como las dinámicas territoriales con capacidad de generar riqueza y bienestar, como parte de una cultura milenaria.

Conectividad e infraestructura

En relación con la conectividad e infraestructura, se identifica una desconexión territorial caracterizada por carreteras y conectividad digital insuficientes, lo que encarece los alimentos, limita el acceso a servicios, restringe el empleo y reduce las oportunidades de desarrollo.

Ante ello, se propone conectar el Perú mediante la mejora de corredores viales y la ampliación del acceso a internet de calidad, priorizando rutas productivas y zonas rurales con el objetivo de reducir costos y generar nuevas oportunidades.

Para evaluar estos avances, se consideran indicadores como los kilómetros de vías intervenidas en corredores priorizados, el porcentaje de centros poblados rurales con conectividad a internet, el tiempo de viaje y el costo de transporte, así como la cobertura 4G/5G en capitales de provincia.

En cuanto a las metas, se plantea intervenir (rehabilitar o mantener) ≥15,000 km en corredores priorizados entre 2026 y 2031, incrementar la conectividad a internet en centros poblados rurales en ≥20 puntos porcentuales respecto a 2025, reducir el tiempo y costo de transporte en ≥10%, y alcanzar cobertura 4G en el 100% de capitales de provincia, avanzando hacia 5G donde sea viable.

Descentralización y desarrollo territorial

En materia de descentralización, se identifica una alta fragmentación municipal, duplicación de funciones entre niveles de gobierno, débil capacidad de los gobiernos regionales, una distribución inadecuada del canon, transferencias poco equitativas y una baja articulación territorial, lo que limita la provisión eficiente de servicios y el cierre de brechas.

Frente a esta situación, se plantea modernizar el sistema de descentralización con el objetivo de mejorar la provisión de servicios públicos, fortalecer el desarrollo territorial y asegurar una asignación más equitativa y eficiente de los recursos.

En ese marco, se propone ordenar la estructura territorial mediante el establecimiento de requisitos técnicos y fiscales para la creación de nuevas municipalidades, con el fin de reducir la fragmentación y las duplicidades. Asimismo, se plantea fortalecer a los gobiernos regionales como nivel intermedio, otorgándoles mayor capacidad para formular y coordinar políticas en sectores como salud, educación y seguridad.

En materia de financiamiento, se propone reemplazar las transferencias discrecionales por un sistema predecible, oportuno y condicionado a resultados. A ello se suma la reforma de la distribución del canon, orientada a hacerla más equitativa e incorporar un fondo de estabilización que reduzca la volatilidad y las desigualdades territoriales.

Asimismo, se plantea reformular el FONCOMUN, redistribuyendo los recursos según brechas, necesidades de gasto y capacidad de recaudación local, así como fortalecer las capacidades regionales y locales en gestión pública, planificación y ejecución del gasto.

Para el seguimiento de estas acciones, se consideran indicadores como el número de municipalidades creadas, el porcentaje de ejecución del gasto regional, la volatilidad del canon, los índices de capacidad institucional subnacional, la composición de ingresos subnacionales —incluyendo recursos ordinarios, ingresos propios y recursos determinados como canon y FONCOMUN—, y el porcentaje de transferencias asignadas con reglas objetivas.

Agua y saneamiento

En materia de agua y saneamiento, se identifican problemas asociados a servicios que fallan, con baja continuidad, calidad irregular y brechas en el ámbito rural, así como sistemas con baja sostenibilidad y elevados niveles de pérdidas.

Frente a esta situación, se plantea garantizar agua segura y saneamiento sostenible, mejorar la continuidad y la calidad del servicio, fortalecer la operación y el mantenimiento, y cerrar brechas mediante un enfoque urbano-rural implementado por fases.

Para el seguimiento de estos avances, se consideran indicadores como las horas promedio de continuidad del servicio de agua en ciudades priorizadas, el porcentaje de muestras con cloración adecuada, la cobertura de saneamiento rural y el índice de agua no facturada en las EPS priorizadas.

En cuanto a las metas, se plantea elevar la continuidad del servicio a ≥18 horas por día en ciudades priorizadas al 2031, alcanzar ≥90% de cloración adecuada en sistemas priorizados al 2030 y sostenerla al 2031, incrementar la cobertura de saneamiento rural en ≥10 puntos porcentuales respecto a 2025, y reducir el agua no facturada en EPS priorizadas en ≥10 puntos porcentuales.

VER PLAN DE GOBIERNO DEL PARTIDO PAÍS PARA TODOS

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Candidato presidencial: Rafael López Aliaga Cazorla
Primera vicepresidencia: Norma Martina Yarrow Lumbreras
Segunda vicepresidencia: Jhon Ivan Ramos Malpica

La propuesta en materia de vivienda, infraestructura y acceso a servicios básicos de Rafael López Aliaga, candidato presidencial por Renovación Popular, plantea un conjunto de medidas orientadas a atender brechas en vivienda social, mejorar la provisión de servicios esenciales y fortalecer la infraestructura a nivel nacional. El planteamiento incluye acciones vinculadas a la habilitación de suelo urbano, el desarrollo de proyectos de vivienda, la ampliación del acceso al agua y saneamiento, así como la mejora de la conectividad vial, ferroviaria y logística. Asimismo, incorpora lineamientos para la gestión de los recursos hídricos y la organización del territorio, en el marco de la intervención del Estado y la participación de otros actores en la ejecución de estas iniciativas.

Vivienda, construcción y acceso a servicios básicos

El déficit de viviendas populares se aborda mediante la habilitación de terrenos de propiedad del Estado con acceso a redes de electrificación, agua y desagüe, así como rutas de transporte, para que los más pobres tengan acceso a viviendas sismo resistentes, al alcance de sus ingresos. Se plantea además el desarrollo de programas de viviendas sociales para reasentamientos urbanos y el ordenamiento del suelo desde los Operadores Públicos de Suelo. Esta problemática se vincula con la falta de accesibilidad a proyectos de financiación con facilidades para vivienda y la falta de servicios básicos en zonas de extrema pobreza, estableciéndose como meta mejorar las viviendas sociales durante los cinco años de gestión e implementar el servicio de tanques de agua para facilitar a la ciudadanía este servicio básico y primordial en zonas de extrema pobreza.

El déficit de salud, educación y vivienda en comunidades campesinas y nativas se enfrenta mediante la descentralización de los programas de apoyo social, incorporando en los directorios a los representantes de la población organizada. Asimismo, se plantea la formación de Agentes de Desarrollo seleccionados de las propias comunidades, para ser capacitados en atenciones básicas de salud, alfabetización de adultos y saneamiento rural, usando técnicas e insumos nativos. Esta situación responde a la falta en la participación de los directorios del gobierno y de consideración a los dirigentes agropecuarios en el abastecimiento de productos de primera necesidad, estableciéndose como meta promover en forma efectiva el desarrollo de las comunidades campesinas y nativas.

Infraestructura, construcción y conectividad

El deficiente sistema de transporte se enfrenta mediante el fortalecimiento del sistema “Metropolitano” en el Perú, en estrecha cooperación con las municipalidades, para solucionar definitivamente el problema del transporte urbano. En Lima se plantea apoyar la conclusión de los sistemas masivos de transporte en marcha como el Metropolitano y el Tren Eléctrico, así como impulsar decididamente más líneas del Metro, los trenes de cercanías y reactivar el sistema ferroviario nacional de carga y pasajeros. Esta problemática responde al desorden del transporte público y a la necesidad de lograr un orden vial en las ciudades, estableciéndose como meta implementar sistemas BRT y de trenes urbanos y de cercanías en las principales ciudades del país, promoviendo un transporte digno y eficiente.

La deficiente infraestructura vial a nivel nacional se aborda mediante la promoción de la rehabilitación y ampliación de la Red Vial Nacional, en especial las carreteras de penetración, que serán autopistas de cuatro carriles, en cuya construcción participarán batallones de ingeniería de las Fuerzas Armadas. Estas permitirán el desarrollo económico y social y, a lo largo de su recorrido, incrementarán el turismo receptivo y mejorarán las cadenas productivas para el despegue de las regiones. Esta problemática se vincula con la falta de conexión entre los pueblos del Perú por la carencia de carreteras y vías adecuadas, planteándose como meta impulsar la construcción de autopistas y vías en buenas condiciones a nivel nacional para las conexiones entre pueblos vecinos.

La deficiente infraestructura y servicios portuarios, ferroviarios y aeroportuarios se enfrenta mediante el fortalecimiento de los puertos del país, con el objetivo de consolidar al Perú como eje del transporte de carga en Sudamérica, aumentando las exportaciones y el empleo, además de impulsar el cabotaje nacional. Se plantea asimismo la modernización, desarrollo y seguridad de los aeropuertos del país, incrementando la capacidad de almacenamiento de carga y asegurando una mayor oferta de servicios de atención aeroportuaria. En el ámbito ferroviario, se propone recuperar la conectividad interna y externa del Perú con redes ferroviarias modernas para transporte de pasajeros y carga, promoviendo asociaciones de gobierno a gobierno, incluyendo la construcción de la línea ferroviaria que una Tumbes y Tacna y el impulso del Tren Bioceánico que conecta los océanos Atlántico y Pacífico.

Agua y gestión de recursos hídricos

Las excesivas regulaciones para lograr una eficiente administración y distribución de los recursos hídricos se enfrentan mediante el impulso de la Autoridad de Cuencas, encargada de planear y gestionar de manera integrada la infraestructura física de los sistemas productivos y el manejo de los recursos naturales, a través de regulaciones ambientales, normas de comercialización y sanitarias, en articulación con organizaciones de productores y gobiernos locales y regionales. Esta problemática responde a la ausencia de vigilancia en el principal recurso de la vida, el agua, lo que podría generar su escasez en el futuro, planteándose como meta la creación de la Autoridad de Cuencas como organismo autónomo.

El deficiente manejo de los recursos hídricos se aborda mediante el establecimiento de mecanismos de carácter obligatorio para evitar que municipalidades y empresas públicas y privadas viertan desechos peligrosos, desperdicios y aguas residuales a los cuerpos de agua naturales, así como el fomento del tratamiento de aguas contaminadas mediante asociaciones público-privadas.

Se plantea reforzar la institucionalidad y facultades del Consejo Nacional del Agua para un manejo técnico eficiente de las cuencas, incrementar el servicio de agua potable en todo el país e implementar un programa de emergencia denominado “agua en la esquina”, destinado a cubrir las necesidades inmediatas de la población. Esta problemática se relaciona con altos índices de contaminación por residuos sólidos, relaves mineros, aguas servidas urbanas y desagües industriales, así como con deficiencias en la recolección y valorización de residuos orgánicos e inorgánicos, estableciéndose como meta desarrollar una eficiente administración de los recursos hídricos a fin de contar con agua de calidad.

VER PLAN DE GOBIERNO DE RENOVACIÓN POPULAR

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