El Estado peruano presentó una contrademanda ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), contra la Sociedad Concesionaria de la Línea 2 del Metro de Lima, por los retrasos en la puesta en operación del proyecto.
Según la demanda, el Estado está reclamando más de US$ 700 millones al consorcio conformado por las constructoras españolas ACS y FCC, junto con las italianas Impregilo y Ansaldo, y la peruana Cosapi, publicó Gestión citando a EFE.
La contrademanda es una respuesta de las autoridades a la reclamación que previamente hizo el consorcio contra Perú en 2017, acusando al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por un “incumplimiento grave” del contrato de concesión.
El argumento de la sociedad se basa en que el área de concesión no se había presentado en los plazos y condiciones establecidos en el contrato, y los estudios de ingeniería también se habían recibido con retraso. Luego, en el 2018, la concesionaria presentó otra demanda solicitando la ampliación del plazo de ejecución. Además, reclamaba una indemnización por daños y perjuicios superior a los US$ 700 millones.
El laudo arbitral podría emitirse en diciembre de este año, según la constructora ACS. La adjudicación de la Línea 2 del Metro de Lima, el mayor proyecto de infraestructuras del Perú, fue adjudicada en el 2014 por US$ 4,430 millones.
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