El agua es un recurso indispensable para la vida. De hecho, constituye un derecho fundamental para todos nosotros. Dada su importancia, es preciso tener claros los lineamientos para su uso, cuidado y conservación. El Foro del Acuerdo Nacional aprobó y presentó en el año 2012 la Política de Estado sobre los recursos hídricos y contó con la ayuda de expertos para ilustrar de forma didáctica todos los puntos. En el contexto actual, donde más de 7 millones de peruanos carecen de agua potable, rescatamos los compromisos del Estado para cuidar este recurso y garantizar su acceso para todos.
La Política Nacional de Recursos Hídricos fue elaborada a través de diferentes sesiones de trabajo, en las que participaron actores de gobierno, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y la secretaría ejecutiva del Acuerdo Nacional. Ello implica el consenso entre diversos puntos de vista, de acuerdo a los intereses de cada una de las instituciones participantes.
Para la segunda parte del informe, y para facilitar la comprensión de elementos técnicos relacionados a la gestión del agua, expertos añadieron explicaciones didácticas y ejemplos prácticos de las políticas expuestas, permitiendo así su uso pedagógico.
AGUA PARA TODOS, UN COMPROMISO DE ESTADO
Los objetivos del Estado en cuanto a la gestión del agua, según la política de recursos hídricos, priorizan su abastecimiento a todos los habitantes del país para satisfacer sus necesidades básicas, lo cual implica brindar seguridad alimentaria a toda la población, abasteciéndola de productos suficientes y de calidad.
En la práctica, se deduce que ninguna persona puede ser dejada de lado o postergada en cuanto al acceso al agua requerida para subsistir y satisfacer sus necesidades básicas. Inclusive, este punto se priorizará por sobre las demandas de agua para otros fines.
La política sobre recursos hídricos resalta que el agua debe ser accesible, de forma viable, para los sectores urbanos y rurales. En este punto, resalta la necesidad de promover la inversión pública y privada en proyectos que aseguren que el agua llegue a todos los puntos de uso, así como el posterior tratamiento de aguas servidas. El reto es alcanzar el 100% de la cobertura.
Respecto a este punto, expertos aseguran que las entidades prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento, dado su derecho de uso de agua poblacional brindado por la Autoridad Nacional de Agua, tienen la responsabilidad de participar de forma activa en los sistemas de gestión de agua por cuenca, empleando estrategias a largo plazo.
UNIDAD DE MANEJO DE AGUA: LA CUENCA
La importancia de las cuencas hidrográficas en el manejo del agua radica en su función de captar el agua de lluvias u otras precipitaciones. Este proceso es parte del ciclo natural de renovación del agua dulce. En este aspecto, el Estado tiene la responsabilidad de proteger el equilibrio del ciclo hidrológico, regulando las intervenciones humanas que pudieran impactarlo negativamente.
Cabe precisar que las actividades humanas sobre las cuencas pueden alterar el paso del agua sobre y bajo la superficie de la tierra. El informe del Acuerdo Nacional recoge casos de incidencia directa como la intervención de cauces naturales, cambios en el curso de los ríos o la captación y contaminación del agua; así como intervenciones indirectas como la instalación de centros urbanos en áreas de cuenca, entre otros.
En la actualidad, actividades económicas como carreteras, asentamientos humanos, construcciones, deforestación, tala, entre otras; impactan directamente en la superficie de las cuencas. En muchos casos no se adoptan medidas de control ni de compensación, lo que se traduce en un cúmulo de efectos negativos cada vez más evidentes.
Ante esta situación, el Acuerdo Nacional recalca que toda entidad gubernamental debe tener a disposición todos los elementos legales necesarios para fiscalizar todas las intervenciones, procurando que estas se hagan acorde a las características físicas, sociales, económicas y culturales de cada cuenca. Para ello, se fomenta la elaboración de planes de ordenamiento territorial.
RECICLAJE Y REÚSO
Cuando hablamos de tratamiento de agua, es importante diferenciar las funciones de reciclaje y reúso. En el primer caso, el agua es reutilizada en un mismo proceso dentro de un circuito cerrado, a través sistemas de tratamiento y bombeo. En tanto, mediante el reúso el agua se emplea en procesos sucesivos diferentes. El ejemplo más práctico es el abastecimiento de agua en zonas urbanas y su posterior uso para riego.
Expertos sostienen que el agua que se reúsa o se recicla es considerada como “el último río de la tierra”, debido a que es la única opción en varias partes del mundo, y además conlleva a que los seres humanos tomen conciencias de los efectos de contaminarla. Si bien la naturaleza nos brinda el enorme beneficio de limpiar el agua a través del ciclo hidrológico, resulta imprescindible fomentar acciones de reúso y reciclaje, así como promover las innovaciones que se generan en esos rubros.
La Política de Estado sobre Recursos Hídricos establece la gestión del agua con una visión territorial y de cuenca, que garantice una prestación de servicios eficiente, transparente, regulada y fiscalizada.
GESTIÓN ARTICULADA Y COORDINADA
El Foro del Acuerdo Nacional describe la necesidad de fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, así como la autonomía de la Autoridad Nacional del Agua como ente rector, cuya actuación debe incluir la participación de gobiernos regionales y locales, organizaciones de usuarios, entre otros actores de la gestión del agua.
Para dar paso a una gestión articulada de los recursos hídricos, se requiere sectorizar las decisiones sobre agua, diferenciando agua y agricultura, agua y población, agua y energía, así como agua y minería. A ello se debe sumar la desconcentración de las funciones y competencias de la ANA hacia las regiones, principalmente a nivel de las cuencas, puesto que se consideran territorios estratégicos de gestión de agua.
A fin de impulsar el proceso de institucionalización de la gestión del agua, el Acuerdo Nacional apunta a la conformación de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca, que se sustenten en instrumentos e instancias técnicas que sean refrendadas por la ANA, pero con una visión articulada a los planes de desarrollo concertado nacional.
Lograr los objetivos trazados dependerá de un proceso gradual de institucionalización que se origina en la experiencia actual de los actores de cada cuenca, y que va dirigido a crear sistemas de gestión de recursos hídricos por cuencas. Cada una debe estar conformada por profesionales calificados, cuyas propuestas sean acordes a los planes de desarrollo del Gobierno en todos sus niveles.
Por otro lado, la cultura de diálogo resulta imprescindible para poder abordar los intereses de todos los actores involucrados en la gestión del agua, en especial de quienes ocupan y utilizan la cuenca. De producirse controversias, deberán ser resueltas a través de instancias locales y regionales, que cuenten con información suficiente para dar soluciones adecuadas.
INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
En otro de los puntos desarrollados en el informe del Acuerdo Nacional, se rescata la importancia de planificar y fomentar las inversiones públicas y privadas para la captación y disponibilidad del agua, el uso y reúso de este recurso, así como mecanismos para prevenir riesgos y mitigar efectos de desastres naturales. Se busca, incluso, obtener agua a través de fuentes alternativas como la desalinización.
Las opciones de inversión en el país en obras hidráulicas para abastecer de agua a todo el territorio son muy variadas, tanto a nivel público como privado, e incluyen proyectos de tratamiento de aguas servidas para devolverlas, reutilizarlas o reciclarlas; obras para lograr una irrigación eficiente y el manejo de los suelos, generación de hidroenergía, drenar las aguas de lluvia, encauzar ríos y defensas ribereñas, entre otras.
FORTALECIENDO MECANISMOS
Según estadísticas de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), cerca del 70% de usuarios de agua en el país son informales. La problemática se hace más evidente en zonas rurales de menor desarrollo económico, pero más aún en lugares que registran extracción ilegal de aguas subterráneas. En ese sentido, urge formalizar el uso racional del agua, con una actualización regular de los padrones de usuarios.
Otro punto que destaca del informe es la intención de adaptar los conocimientos ancestrales sobre la gestión del agua al desarrollo tecnológico actual. De este modo, el Estado reconoce la utilidad de las tecnologías tradicionales acumuladas por las diferentes culturas del Perú, y resalta que estos conocimientos deben ser investigados y recuperados en aquellos lugares donde han perdido su valor.
El Acuerdo Nacional reconoce a su vez que las investigaciones acerca de los recursos hídricos en el país provienen de universidades, centros de estudios tecnológicos, empresas, ONGs, entre otros; por lo tanto, asegura que promoverá la investigación, desarrollo e innovación a través de la sinergia entre academia, empresa, Estado y otras entidades.
Según indica, los sistemas de investigación e innovación sobre recursos hídricos son de suma importancia para poder brindar apoyo a las organizaciones de gestión de agua por cuenca, a fin de lograr eficiencia en el uso del recurso hídrico y su tratamiento. Para ello, el Estado se compromete a informar con transparencia todos los datos relacionados con el conocimiento del agua.
El informe concluye reafirmando la necesidad de desarrollar plataformas de información a nivel de cuencas y redes, con datos como pronósticos de disponibilidad de agua, planes de gestión, inversiones en obras hidráulicas, así como acuerdos logrados en estos sectores.
Publicado en revista Agua y Saneamiento Ed. 8
Discusión sobre la noticia