Por: Ing. Raúl Delgado Sayan. Presidente de Directorio de Cesel Ingenieros
Uno de los problemas más graves que tiene el Perú es el altísimo nivel de informalidad que llega al 70% en su economía, nivel de tributación, ingreso fiscal, entre muchas otras aristas. El sentido común recomienda que se debe guardar como uno de los mejores tesoros ese 30% restante de empresas y trabajadores formales para que no quiebren ni colapsen porque una vez superada la pandemia del coronavirus y se promueva la reactivación, ese 30% deberá estar en la capacidad de reaccionar; y si ya no está, la reactivación será tremendamente penosa y difícil.
Según el economista Waldo Mendoza, “si las empresas formales no están vendiendo y además tienen que pagar salarios y otras obligaciones y cargas sociales, no hay duda que van a quebrar. La solución de corto plazo es que el Estado deje de cobrar todas las obligaciones a las empresas por uno o dos trimestres”.
La recomendación es buena, pero no suficiente. Las empresas están paralizadas. No pueden facturar lo que le deben porque sus clientes igualmente están inmovilizados. No podrán cobrar en el futuro los bienes o servicios que han dejado de brindar en estos tiempos de paro total. Es decir, no tendrán ingresos en los primeros meses de reingreso al mercado. Por tanto, las empresas necesitarán inyección directa porque no es como dicen que “la cadena de pagos se va a romper”, la cadena de pagos ya se rompió. Esto no es difícil de hacer porque el Estado conoce los montos netos de las planillas de las empresas formales.
Es absurdo señalar que los trabajadores de esas empresas tienen el problema resuelto simplemente diciendo que un Decreto Supremo reconoce “Licencia con goce de haber “… y de ¿dónde sale el Haber? Si no hay un auxilio directo, las empresas formales quebrarán sin duda y, por tanto, los trabajadores serán desempleados instantáneos, la informalidad crecerá a niveles superlativos, los ingresos fiscales se irán al suelo, la capacidad de recuperación económica -luego de la pandemia- será lentísima y el nivel de consumo caerá al mínimo porque la gente ahorrará y no consumirá nada.
Respecto al Sector Construcción, el Estado, en principio, debería obligarse a pagar de inmediato todo lo que adeuda desde hace años a proveedores, contratistas de obra y de ingeniería y supervisión, entre otros. Debe cancelar lo que tiene pendiente y detenido a pesar que algunos arbitrajes han sido validados por el Poder Judicial. No quiere pagar porque argumenta que “no hay dinero”. Primero que nada debe pagar de inmediato todo lo que debe.
En segundo lugar, tiene que devolver las costosas cartas fianzas que mantiene innecesariamente en su poder de quienes ni siquiera tienen que ver con los casos y son terceros en arbitrajes en giro durante años. La nueva Ley de Contrataciones lo permite, pero no lo quieren hacer valer para contratos anteriores a esta modificación porque dicen que “no es retroactiva“. Esto es discriminatorio y un verdadero abuso porque, además de los costos que genera, disminuye innecesariamente las líneas de crédito de las empresas.
Otras Cartas Fianzas de obras paralizadas, trabadas o que ya no se van a hacer, también son retenidas por la burocracia. Algunas son retenidas por trabajos terminados y en uso de hace 5 años y otras por trabajos que están trabados más de 3 años.
Y en tercer lugar, para el término de este aislamiento y de la pandemia -que esperamos sea pronto-, los sectores y el Gobierno deberían estar pensando en un serio shock de inversiones públicas y por Emergencia liberar todo lo trabado. Todos los países ya están en eso e incluso en Europa están llamando a un nuevo Plan Marshall. En el Perú tenemos un Plan de Infraestructura con 52 proyectos identificados, por qué no echarlo a andar ahora con velocidad de crucero.
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